Malos tiempos para la lírica competencial: frente al tsunami soberanista de hace unos años, hoy algunos presidentes autonómicos se plantean la reversión de competencias. Estrecha el Gobierno central el dogal económico sobre las Comunidades Autónomas vía limitación del déficit público, y acalla voces que demandan deudas pendientes con la excusa de hallarnos en la UCI económica de Europa.
Pero de pronto, a la chita callando y como quien no quiere la cosa, de tapadillo para no hacer ruido, da vía libre a un decreto-ley que encierra una posible vía legal para resolver la situación de la Junta andaluza respecto a las competencias sobre el Guadalquivir.
La cosa tiene su aquel, pues las formas ladinas obedecen a un fondo no menos torticero: si la discutible sentencia del Constitucional equiparó en el daño a las aspiraciones hídricas de Andalucía y Castilla y León, la reacción inmediata del Gobierno central viene siendo bastante asimétrica. Sobre todo desde aquella comparecencia del entonces vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando, a propósito del fallo, aseguró: «Buscaremos una fórmula para garantizar que la Junta participa en las decisiones de la cuenca». Se refería, claro está, a la Junta de Andalucía y a la Cuenca del Guadalquivir, para mayor tranquilidad de un escocido Griñán que ya lo tenía todo listo para asumir la competencia herida. ¿Trato desigual para dos comunidades que son igualmente Estado? Esta última jugada convierte en retórica la pregunta.
