​Más aún después de lo vivido en Ponferrada el Día Internacional de la Mujer. Legalmente, impecable; éticamente, repugnante, pensaron centenares de militantes socialistas, heridos en su sensibilidad por el pacto de su partido con un condenado por acoso sexual, al que tanto atacaron en 2001 en defensa, precisamente, de la dignidad de la mujer vejada. Aunque Óscar López ve cumplida la promesa de gobernar el Ayuntamiento ponferradino sin Ismael Álvarez, la huella es lacerante y el mensaje, peligroso: todo vale con tal de tocar poder. Ni siquiera Zapatero toleró algo semejante en 2011.

​La decisión ha explotado en el seno del PSOE como una bomba de racimo: en aras de una ética socialista traicionada, Carmen Chacón ha logrado presentar a Rubalcaba como un Rasputin sin escrúpulos, dispuesto a renunciar a sus principios para aferrarse al poder. Porque nadie en Ferraz ni en la ejecutiva autonómica puede decir que no ha estado al tanto de una moción de censura tan difícil de digerir por buena parte de las bases. El PSOE sale de ésta aún más dividido y sonado.

Se me dirá que la política de mano tendida y pacto con el adversario no ha dejado de ser una práctica habitual en el quehacer reciente de la oposición en esta región; siendo esto cierto, no lo es menos que la dramática coyuntura que atravesamos la imprime aún más valor, no digamos ya si la comparamos con el cainismo que impera en otras regiones o con la espantada soberanista de Mas y compañía.

El pacto de ayer emite además otras señales igualmente interesantes. Así, el afianzamiento de Villarrubia en el liderazgo del socialismo castellano y leonés, lo que permite a Óscar López ahondar en su íntimo deseo de hacerse fuerte en la política nacional, o el nuevo golpe de autoridad de un Herrera presto a cortocircuitar ciertas corrientes internas más atentas a postularse en la sucesión que a trabajar por Castilla y León. A ello hay que sumar el toque de atención al Gobierno y la oposición nacionales, en el sentido de configurar un modelo ejemplar de trabajo político al servicio de los ciudadanos.

Apenas habían transcurrido tres meses desde su elección cuando el papa Roncalli hizo en Roma un anuncio que conmovió al mundo: la convocatoria de “un concilio ecuménico para la Iglesia universal”. Era el 25 de enero de 1959. Las primeras reacciones de desconcierto dentro de la Iglesia fueron dejando paso a la esperanza, si bien es cierto que en aquellos momentos era imposible adivinar las consecuencias que iban a derivarse de la valerosa decisión pontificia.

El Concilio habría de celebrarse, no conviene olvidarlo, en el Occidente nacido de dos guerras mundiales, en medio de un panorama cultural cada vez más alejado de la idea religiosa, frente a los retos planteados por la sociedad de consumo y ante la presencia activa del Tercer Mundo, con la cristiandad dividida e incapaz de encauzar el proceso político abierto con la descolonización. España, sin embargo, presentaba un panorama bien distinto: no sólo el Régimen del general Franco se autotitulaba católico, sino que, en virtud del Concordato firmado en 1953, la Iglesia católica gozaba de importantes privilegios, al tiempo que aportaba a la dictadura una legitimación  de consecuencias decisivas. Iglesia y Estado, en fin, unidos en amigable e interesada compañía, mientras, por la base, organizaciones católicas de signo progresista ponían en cuestión tamaño entendimiento. De ahí las revolucionarias implicaciones que para España habría de traer la aplicación inmediata del Concilio.

Éste llegó en un momento en el que la Iglesia precisaba una reforma dirigida a resolver, por un lado, el contencioso que tenía planteado con el mundo moderno, así como los no menos acuciantes problemas con las Iglesias protestantes. En palabras de Juan María Labora, “en un mundo en acelerado cambio (…) la Iglesia necesita una inteligente y ágil capacidad de inculturación que posibilite que su anuncio de la buena nueva sea escuchado y entendido. La grandeza y dificultad del Concilio estuvo en abordar este problema, aparcado desde los albores de la Ilustración”.

Como ha señalado Casiano Floristán, el Vaticano II, a diferencia de otros concilios, no se convocó para rechazar una herejía o superar una crisis profunda en el seno del catolicismo, pues Juan XXIII dejó claro que no habría condenas de ningún tipo y que el propósito principal era el de la apertura de la Iglesia.

 Mundo moderno

 La apertura de la Iglesia al mundo moderno y a la sociedad, la unidad de los cristianos y apostar por la Iglesia de los pobres fueron los tres objetivos que se planteó el Santo Padre con la convocatoria del Concilio. Ya su preparación fue interpretada como un signo de democratización eclesial, pues en junio de 1959, desde el Vaticano se invitó a todos los obispos (entonces eran 2.594), superiores de órdenes y congregaciones religiosas (156) y universidades católicas para que antes del 30 de octubre propusiesen temas conciliares.

En junio de 1960 se crearon diez comisiones preparatorias, coordinadas por una central, que se ocuparía de redactar el reglamento del Concilio; y como señal de aperturismo se interpretó la puesta en marcha de tres nuevos secretariados: apostolado de los laicos, medios de comunicación social y unión de los cristianos.

El Concilio albergó tres tipos de reuniones: sesiones públicas, que eran las más solemnes, presididas por el papa al comienzo y final de cada periodo conciliar y en las que se votaban los documentos ya debatidos; congregaciones generales, en las que se discutían los esquemas presentados por las comisiones hasta llegar a una formulación definitiva; y comisiones, encargadas de reelaborar los textos según las propuestas discutidas. El idioma de discusión fue el latín, si bien los padres orientales se expresaron casi siempre en francés.

Cuatro sesiones se celebraron entre 1962 y 1965, siempre en otoño y con una duración de en torno a dos o tres meses cada una. De los 2.540 obispos que asistieron, 1.000 eran europeos, otros tantos americanos, 300 procedían del África negra y 300 de Asia. A ellos habría que sumar 93 observadores no católicos y 480 expertos, 42 de ellos laicos. Los textos se aprobaban cuando obtenían mayoría de dos tercios.

Convocado oficialmente mediante la bula ‘Humanae salutis’ del 25 de diciembre de 1961, la primera sesión tuvo lugar entre el 11 de octubre y el 8 de diciembre de1962. El discurso inaugural de Juan XXIII hizo hincapié en el carácter pastoral del Concilio, el propósito de no condenar errores por medio de anatemas y la búsqueda de la unidad entre los cristianos. “Lo que principalmente atañe al Concilio ecuménico es que el sagrado depósito de la doctrina cristiana sea custodiado y enseñado de la forma más eficaz”, señaló el papa Roncalli.

Según los estudiosos del Vaticano II, desde un primer momento se puso en evidencia la división de los asistentes entre una mayoría de talante aperturista, procedente de Europa central, Norteamérica y países de misión, y una minoría conservadora formada por obispos de países tradicionalmente cristianos, de América Latina pero también de Italia y España, firmemente apoyados por la curia. Entre estos últimos se haría muy célebre Marciel Lefèbvre, que luego incurriría en cisma.

En esa primera sesión se discutieron los esquemas relativos a la liturgia, la Iglesia, la revelación, los medios de comunicación social y la unidad de los cristianos. El 3 de  junio de 1963, esto es, en el intervalo entre la primera y la segunda sesión, murió Juan XXIII; su sucesor fue el cardenal Giovanni Montini, quien, con el nombre de Pablo VI, no tardó en advertir que “la parte preeminente de nuestro pontificado estará ocupada por la continuación del Concilio ecuménico”; de hecho, ya en el funeral de Juan XXIII, celebrado en la Catedral de Milán, Montini había señalado que su herencia no podía quedar encerrada en una tumba.

 Con Pablo VI

 Elegido papa el 21 de junio de 1963, en el discurso de apertura de la segunda sesión, el 29 de septiembre, hizo hincapié en cuatro metas específicas: profundizar en la naturaleza de la Iglesia, facilitar la reunión de los cristianos separados, avanzar en la renovación interna y el diálogo de la Iglesia con el mundo. A la clausura de esta segunda sesión, celebrada el 4 de diciembre de 1963, y una vez debatidos los esquemas relativos a la Iglesia, los obispos y el ecumenismo, se aprobaron la “Constitución sobre la sagrada liturgia”, más conocida como “Sacrosantum Concilium”, y el “Decreto sobre los medios de comunicación social”.

En la tercera sesión, entre el 14 de septiembre y el 21 de noviembre de 1964, se discutieron esquemas relativos a la Virgen, escatología, libertad religiosa, laicos, Iglesias orientales, Iglesia en el mundo, judíos y religiones no cristianas, religiosos, seminarios y educación cristiana, y fueron promulgados la “Lumen Gentium” o “Constitución sobre la Iglesia” y los Decretos sobre Ecumenismo e Iglesias Orientales.

La cuarta y definitiva sesión se extendió entre el 14 de septiembre y el 8 de diciembre de 1965, con visita incluida de Pablo VI, los días 4 y 5 de octubre, a las Naciones Unidas. Además de discutir los esquemas sobre libertad religiosa, Iglesia en el mundo, misiones y presbíteros, quedaron aprobadas las Constituciones “Dei Verbum” sobre  la Divina Revelación y “Gaudium et Spes” sobre la Iglesia en el Mundo Actual. También lo fueron los decretos sobre obispos, vida religiosa, formación sacerdotal, educación cristiana, relación de la Iglesia con religiones no cristianas, libertad religiosa, presbíteros y misiones.

Junto a su indudable carácter pastoral, el Vaticano II ha sido caracterizado como el Concilio del “aggiornamento” o “puesta al día” de la Iglesia católica, expresión empleada por el propio Juan XXIII para referirse a la necesidad de llevar a cabo una profunda renovación evangélica que posibilitase dar respuesta a las exigencias del mundo moderno.

Diálogo fecundo

 Inaugura además un espíritu fecundo de diálogo de los católicos entre sí, con otras religiones, con los ateos y con el mundo contemporáneo, hacia el que tiende un puente con el propósito de valorarlo y servirlo, nunca de conquistarlo o despreciarlo. El Vaticano II afirma sin ambages la libertad religiosa e invita a escrutar los llamados “signos de los tiempos”, definidos por Juan XXIII como esos acontecimientos históricos “que nos hacen concebir esperanzas de tiempos mejores para la Iglesia y la humanidad”.

De las cuatro Constituciones aprobadas, que a la postre son los textos fundamentales del Concilio, se desprende un nuevo concepto de Iglesia como pueblo de Dios, una eclesiología en términos de comunión y de Iglesia en camino, y una concepción del ministerio como servicio al pueblo. Introdujeron, de hecho, innovaciones de enorme calado.

Entre ellas cabría destacar, en el terreno litúrgico, el énfasis puesto en la asamblea, el lugar central de la eucaristía, el uso de la lengua vernácula y la conexión con la realidad del momento. Más controvertida fue la puesta en marcha de un régimen colegial en el seno de la Iglesia (el papa con los obispos, no solo el papa con la curia), pues rompía con el centralismo burocrático vigente, descentralizaba la institución y la abría a las diferentes culturas; dentro de esta colegialidad, la innovación institucional más importante fue, sin duda, el sínodo de obispos, una suerte de consejo consultivo al servicio del papa.

Junto a la afirmación del ecumenismo en el sentido de buscar el restablecimiento de la unidad de los cristianos, el Vaticano II introdujo destacadas novedades en el ámbito del ministerio eclesial, sobre todo la insistencia en la evangelización y la prioridad por los pobres y débiles. Igualmente, a través de la “Gaudium et Spes” situó a la Iglesia en el mundo y superó con creces la tradicional postura eclesiástica antimodernista, reafirmó el compromiso temporal de los cristianos y la necesidad de promover la justicia social.

La aceptación de la autonomía de las realidades temporales y la afirmación de que “la comunidad política y la Iglesia son independientes y autónomas, cada una en su propio terreno”, cuestionaba, además, el sistema de relaciones Iglesia-Estado vigente en España, caracterizado por el nacional-catolicismo, la confesionalidad del Estado y una estrecha vinculación entre la Iglesia y el Régimen de Franco.

Ayer, el inquietante ojo de ese “Gran Hermano” que son los mercados financieros y la aplastante mayoría ‘popular’ en los gobiernos regionales aunaron fuerzas para cumplir el guión del “éxito” y aportar, nuevamente, la imagen del tan anhelado consenso, a costa, eso sí, de soslayar el pulso soberanista de Artur Mas; consenso en los objetivos de déficit, en un reparto más equitativo de las cargas entre el Estado central y las comunidades autónomas y en la revisión, para 2013, del sistema de financiación,.

Que Juan Vicente Herrera se sumara a esta última petición abogando por tener en cuenta condicionamientos propios de regiones como la nuestra (mayor extensión territorial y dispersión poblacional y altas tasas de envejecimiento) también entraba en el guión; lo mismo que la defensa del modelo autonómico como instrumento eficaz de servicio al ciudadano y esa “unidad de la nación” consistente en aunar esfuerzos y voluntades por parte de los responsables autonómicos.  Ahora bien, el reto que tiene por delante es, precisamente, ver cumplido un guión tan coherente y favorable, que hasta el mismo Villarrubia lo acogió con agrado.

Lo más inmediato remite a la ejemplaridad debida: calientes las cifras del paro de septiembre y prietas hasta la extenuación las tuercas de los recortes sociales, el sufriente ciudadano estará muy pendiente de ver cómo se materializa esa promesa lanzada ayer de “reestructurar las instituciones propias de la comunidad”; sobre todo para comprobar que también los políticos se aprietan el cinturón y se aplican con vocación de servicio los pertinentes sacrificios.

La petición –quizás sería exagerado denominarlo exigencia- de avanzar hacia un modelo de financiación más justo con comunidades como Castilla y León cuenta, tristemente, con antecedentes que despiertan más escepticismo que esperanza. Porque, habida cuenta de los reveses que nos ha venido propinando la gestión del equipo de Rajoy, al ciudadano de a pie se le acumulan las decepciones y le empiezan a asaltar dudas que, siquiera indirectamente, también afectan a la credibilidad del ejecutivo regional.

Entre ellas, después de la Conferencia de ayer, saber si Herrera podrá hacer valer su peso político ante el “gobierno amigo” de la nación y decantar a su favor, y al de otras comunidades con características similares, el futuro modelo de financiación; o si, por el contrario, le pasará con esto lo mismo que con la minería, el traslado de fondos del Archivo de Salamanca o el modelo de ordenación territorial.

Es curioso comprobar cómo el pulso soberanista de Artur Mas es capaz de generar reacciones que hace 35 años eran impensables. Los que hoy abanderan las siglas de quienes en los albores de la Transición recelaban del sistema autonómico y optaban por una descentralización limitada, basada en las Diputaciones Provinciales, se postulan como firmes defensores de las autonomías; y los herederos de los autonomistas de entonces recurren ahora a la propuesta federalista para contrarrestar las arremetidas del independentismo catalán. Y lo cierto es que ambos defienden modelos muy parecidos.

No está de más, en medio de esta dialéctica estrictamente nominalista, esclarecer las similitudes y diferencias entre el sistema autonómico español y el federal, algo en lo que vienen insistiendo desde hace tiempo determinados constitucionalistas. A pocos sorprenderá, de hecho, que al Estado de las  Autonomías se le haya llegado a calificar como “sistema federal con hechos diferenciales”, pues, según expone Eliseo Aja en un libro modélico, “contiene los elementos esenciales de los federalismos actuales”.

Estos serían, a juicio de dicho autor, la existencia de un doble nivel de poderes (Estado central y comunidades autónomas); el hecho de que la orientación política de las instituciones de las comunidades autónomas solo dependan del electorado respectivo; la amplia gama de competencias transferidas a las mismas; la financiación objetiva de las diferentes autonomías; la resolución de conflictos entre ellas y el Estado Central a través del Tribunal Constitucional; y que todo lo dicho aparezca constitucionalizado.

Habría, no obstante, algunas diferencias a destacar con el sistema federal, pues si bien es cierto que los Estatutos de Autonomía equivaldrían a las Constituciones de los Estados federales, también lo es que las Comunidades Autónomas no pueden participar en la reforma de la Constitución y que en los Estados federales la aprobación de su propia Constitución depende sólo del land o Estado federal, mientras que en España la aprobación de los Estatutos requiere el visto bueno del Estado Central.

Más importantes aún son las divergencias existentes en el ámbito competencial, en las relaciones entre las autonomías y el Estado central y en los llamados “hechos diferenciales”. Así, la Constitución de 1978, a diferencia que en los Estados federales, no estableció un modelo acabado y cerrado con enumeración de todas las Comunidades Autónomas, ni sancionó un sistema formal y uniforme al que debieran acomodarse; además, aprobó un cuadro puramente abstracto de competencias autonómicas posibles, que luego indicarían los Estatutos, de ahí que algunos especialistas insistan en que nuestro Estado autonómico adolezca de una clara indeterminación institucional, lo cual sigue siendo una fuente constante de problemas.

La Constitución, por otro lado, apenas contiene fórmulas de participación entre las Comunidades autónomas, y las que establece entre ellas y el Estado están desfasadas; de ahí que algunos constitucionalistas insistan en la necesidad de acometer una auténtica reforma del Senado que lo convirtiera en verdadero órgano autonómico.

Pero la existencia de “hechos diferenciales” es, sin duda alguna, la diferencia de mayor calado respecto del federalismo europeo, pues establece una desigualdad constitucional entre Comunidades Autónomas; dichos hechos diferenciales, consagrados históricamente y con reconocimiento constitucional y estatutario, hacen referencia al derecho civil foral o especial en Aragón, Cataluña, Navarra, Baleares, Galicia, Vizcaya y Álava; a la existencia de instituciones intermedias entre la Comunidad Autónoma y los Ayuntamientos (Cabildos canarios, Consejos de las Islas Baleares y Territorios Históricos Vascos) y, sobre todo, a los sistemas especiales de financiación, es decir, a los conciertos vasco y navarro y al régimen económico y fiscal especial de Canarias.

Es evidente, por tanto, que el sistema autonómico sancionado en la Constitución de 1978 es mucho más avanzado, en términos de descentralización territorial, que el sistema federal europeo, y que apostar seriamente por un modelo federal introduciría, a día de hoy, serias dificultades políticas, pues no solo exigiría potenciar los elementos de colaboración entre las Comunidades Autónomas y entre estas y el Estado Central, sino también eliminar desigualdades -cuando no privilegios- consagradas al albur de los polémicos “derechos históricos”; algo que ni por asomo estarían dispuestos a aceptar determinados representantes del nacionalismo catalán, empeñados en singularizarse cada vez más y en aprovechar el marasmo de la crisis económica para reactivar el fantasma del independentismo, una vez desechada la opción de retomar aquella injusta propuesta originaria de configurar una España de dos velocidades, con autonomía solo para las mal denominadas “comunidades históricas”.

Bien sabemos, porque llevamos tiempo escarmentando, que cuando la política partidista se enzarza en cuestiones culturales, la que termina perdiendo es la cultura; pero aun así, entristece y horroriza que en un asunto que toca tantas fibras no haya habido posibilidad de entendimiento.

Esta maldita crisis y la desenfrenada carrera de recortar en casi todo nos está empobreciendo a diario, pues también se cobra piezas de valor incalculable, que entroncan con lo estético y alimentan la dimensión más profunda de la persona; y no es retórica.

Ya es difícil asimilar que lo que lleva muchísimos años funcionando, con aquiescencia y apoyo de los políticos de turno, sea de pronto invalidado, y no hace falta ser un Beethoven para aventurar que la rebaja de seis a tres años de formación instrumental irá en detrimento de la calidad que se dice blindar. Aunque quizás el daño colateral que más escuece es que el ciudadano de a pie termine por banalizar el papel de una Escuela que viene cumpliendo una encomiable función social.

            Que el abultado recorte en Educación terminará afectando negativamente a la calidad de la enseñanza es algo que ni el más cínico puede negar. ¿Cómo digiere un profesor interino que la misma Administración que hasta ayer reclamaba sus servicios hoy lo ponga de patitas en la calle aduciendo la necesidad de recortar el gasto superfluo? Y no digamos ya si el docente amortizado se pone a echar cuentas del despilfarro enquistado en determinadas instituciones, o en el nada edificante proceder de cierta clase política, empeñada en que los demás adelgacen mientras ella se regodea en una obesidad obscena.

            Dicho lo cual, reconozco que centrar el debate en el trazo grueso del presupuesto nos deja miopes. Hace tiempo que urge una optimización adecuada de recursos en el terreno educativo, sobre todo en el ámbito rural, lo mismo que una inmediata reordenación de centros; pero también una labor inspectora eficiente que racionalice las dolorosas medidas de recorte. De lo contrario, esos otros llantos irán a más.

Si el bienintencionado discurso del presidente Herrera provocó un nudo en la garganta al mentar la posibilidad de acometer nuevas medidas fiscales para el sostenimiento de unos servicios esenciales que hace un año él mismo se comprometió a blindar, lo que vino a continuación al menos pareció arrojar destellos de cordura.

Porque del intercambio de locuacidades entre Herrera y López se advirtió no solo la posibilidad de alcanzar un acuerdo para la sostenibilidad de los mismos, sino también la acotación de un territorio político apto para pactar medidas que estimulen el crecimiento económico y el fomento del empleo, e incluso para acordar la tan necesaria ordenación territorial. Esperemos que la sensatez acabe por imponerse y el consenso, fruto de la voluntad política, prime por encima del interés partidista.

Es lo único que podría salvar un debate que, fiel a su tradición, volvió a sobrevolar los problemas cotidianos de los castellanos y leoneses. Ya es sintomático que el discurso herreriano de la mañana apenas obtuviera réplica directa; López, más en Madrid que aquí, poniendo el dedo en la llaga de las incoherencias de Rajoy y Herrera, ágil en la respuesta, tirando de hemeroteca para recordar las raíces zapaterianas del marasmo económico. No por nada los políticos, especialmente los de los partidos mayoritarios, son considerados por los sufrientes ciudadanos un grave problema añadido.