INMIGRANTES, SECTOR NO LIBERALIZADO[i]
Por Innuendo91 (@jaimenie)
Las doctrinas económicas clásica y neoclásica se caracterizan por promover la total libertad económica, de modo que los precios sean el fiel reflejo del valor real de las mercancías -que vendría determinado por la escasez o abundancia de las mismas-,evitando cualquier distorsión externa como impuestos, subvenciones, etcétera. La política económica que aconseja ésta doctrina está encaminada, lógicamente, areducir la intervención de los Estados a una serie de funciones administrativas, de garantía de marco legal y de seguridad militar.
Pero que el Estado no intervenga no es suficiente para que la formación de los precios sea, digamos, pura. Para ello son necesarios una serie de requisitos de entre los cuales hoy me interesa la movilidad de factores productivos. Las teorías ortodoxas, nos indican que la situación óptima en la economía requiere de la movilidad internacional de capital y trabajo. Así, simplificando, el país que en un sector ofrezca unos salarios más altos atraerá a los trabajadores del resto de países, contribuyendo a que se reduzcan y por lo tanto, desincentivando la llegada de nuevos trabajadores, lo que a largo plazo se traduce en una situación teóricamente eficiente y de equilibrio. De manera análoga se comportarían los capitales.
La libre movilidad del capital a escala internacional es una política económica elevada al rango de ley, algo que queda fuera de todo debate. Las transacciones internacionales de capital no están sujetas a imposición, ni siquiera el 1% de la tasa Tobin, lo que es coherente con la teoría económica neoliberal y cuyas consecuancias desestabilizadoras quedaron probadas en los años 90 con las crisis Mexicana y de los Tigres Asiáticos . No tienen ni una sola barrera.
Sin embargo, la coherencia anterior se desvanece cuando hablamos de la movilidad del trabajo. El mecanismo de ajuste automático que describe la teoría clásica no parece justificar en este caso el fomento de políticas que favorezcan dicha situación. En efecto, la inmigración no sólo se desincentiva y se trata de evitar, sino que, incluso, en algunos países, se persigue como un crimen.
En este caso, quienes aconsejan la reducción e incluso desaparición de los Estados, no dudan en exigir que se repriman esos movimientos migratorios de personas, empujadas precisamente por un sistema económico internacional que aboca al subdesarrollo a los países emisores. La movilidad internacional de capitales, que tanto beneficia a aquellos que los poseen, se consolida como una institución inquebrantable, defendida por las Instituciones Financieras Internacionales, economistas ortodoxos y Gobiernos interesados. Mientras tanto, miles de personas son arrojadas al mar y los caminos en busca de unas mejores condiciones de vida, impedidas en sus países, y son perseguidas y maltratadas a petición de aquellos que dicen exigir la Libertad con mayúsculas.
En Europa asistimos al desmoronamiento progresivo del Tratado de Schengen, por el que la ciudadanía europea puede circular libremente entre países de la región; en Francia, la ultraderecha xenófoba se erige en alternativa gobernante entre los conservadores y en España se encarcela en los CIEs a personas por el mero hecho de no tener permiso de residencia. La última tropelía, dejar sin sanidad a quienes no tengan en este permiso. A partir de hoy, enfermos de SIDA en España dejarán de recibir su medicación. Enhorabuena, liberales y, pregúntense: ¿qué clase de hipocresía es ésta?
[i] Escribí esto en 2010 en ecomentando.blogspot.com con algunos remiendos y adaptaciones y está de plena actualidad, tristemente. Aquí, no trato de convencer de los derechos inherentes al ser humano por el mero hecho de serlo, sino que lo abordo desde la perspectiva de la teoría económica y la hipocresía de los liberales a la hora de aplicarla.
INMIGRACIÓN, ESTADO DEL BIENESTAR Y LIBERTAD
Por libertarian25 (@luispablohorra)
La reforma sanitaria que planea llevar a cabo el Gobierno del PP ha provocado una oleada de críticas por gran parte de la izquierda española. Aunque muchas de las cosas que se han dicho sobre esta reforma son radicalmente falsas (aquí pueden leer un breve resumen de la misma y aquí el texto completo), es cierto que la reforma contiene una serie de puntos conflictivos que deben ser tenidos en cuenta. El punto más caliente es el que limita la asistencia sanitaria a los inmigrantes en situación irregular[1]. A diferencia de otros análisis superficiales que se han hecho hasta ahora, este artículo intentará ir a la raíz de la cuestión, que no es otra que la contradicción de base que subyace al Estado del bienestar en las sociedades occidentales.
En la sociedad del bienestar, el Estado presta una serie de servicios, es decir, actúa en parte como una empresa: ofreciendo un bien o servicio demandado por los ciudadanos. Ahora bien, hay una diferencia fundamental entre el Estado y cualquier empresa: el Estado obtiene sus ingresos de forma coactiva a través de los impuestos, mientras que las empresas están sujetas al libre mercado, es decir, los consumidores eligen qué empresas satisfacen mejor sus necesidades. Por tanto, cada empresa ofrece bienes o servicios solamente a aquellos que eligen libremente comprarlos.
La sanidad es, junto con la educación, el servicio más importante que presta el Estado. En una sociedad libre, el mercado proveería a los ciudadanos de asistencia sanitaria a través de empresas privadas que competirían entre sí para atraer clientes. Estas empresas, por tanto, estarían financiadas por sus clientes. La sanidad pública es financiada por los contribuyentes pero, ¿quiénes son los contribuyentes? Pues aquellos que pagan este servicio a través de los impuestos que gravan el trabajo ¿Qué impuestos? En España, principalmente las contribuciones a la seguridad social. Por tanto, estrictamente hablando, en un Estado del bienestar la sanidad debería cubrir a todos aquellos que contribuyen y a sus beneficiarios, sin tener en cuenta su nacionalidad. ¿Quiénes quedarían excluidos? No sólo los inmigrantes en situación irregular, sino todos aquellos españoles que llevasen un largo periodo de tiempo sin contribuir al sistema común. Esto conlleva múltiples contradicciones. Por ejemplo: ¿cuánto tiempo deberían estar sin trabajar para perder su condición de asegurados? ¿1 año, 5 años, 10 años? A este razonamiento se podría objetar que la sanidad no sólo se financia mediante estas contribuciones, sino también a través de ciertos impuestos indirectos como el que grava los combustibles. Por consiguiente, alguien no asegurado podría reclamar justamente su derecho a la sanidad, puesto que está contribuyendo cada vez que llena el depósito de su coche. Como vemos, no hay una manera estrictamente racional de delimitar el concepto de asegurado, si no es mediante criterios arbitrarios.
Por otro lado, si afirmamos que la sanidad estatal tiene que cubrir a todos y cada uno de los ciudadanos que estén en un país, independientemente de si pagan impuestos o de si están en situación regular o irregular, estamos creando un efecto llamada, y no sólo de aquellos que carecen de ingresos, sino de ciudadanos de otros países que prefieren no gastarse una gran suma de dinero en su país por un tratamiento que pueden obtener de forma gratuita en España.
Los que nos consideramos liberales tampoco podemos abogar por el cierre de fronteras o por la expulsión de los inmigrantes en situación irregular. Sería hipócrita predicar la libertad económica en todos los ámbitos, excepto en el del trabajo. Además, es profundamente inmoral que el Estado expulse a una persona sin que medie una agresión previa. Esto iría contra el principio básico de no agresión, una de las bases del liberalismo[2]. Por tanto, la solución tampoco pasa por cerrar las fronteras a la inmigración como piden los estatistas de extrema derecha.
¿Cuál es entonces la alternativa? Como afirma Gabriel Calzada en su artículo Servicios públicos y “xenofobia” , la solución pasa por, en primer lugar, desmantelar el Estado del bienestar y liberalizar todos los servicios públicos que actualmente presta el Estado. De esta forma, cualquier persona podría desplazarse libremente para trabajar en cualquier país sin que surjan problemas derivados del Estado del bienestar. Y en segundo lugar, permitir la competencia a los países subdesarrollados, eliminando aranceles y fomentando el libre comercio.
La reforma propuesta por el PP es sólo un parche que intenta alargar la agonía de nuestro sistema sanitario y que, como hemos visto, no aborda el problema de raíz.
[1] Es necesario recordar que la reforma no deja sin ninguna asistencia médica a los inmigrantes ilegales, aunque sí limita su acceso a la totalidad del Sistema Nacional de Salud.
[2] Esta idea se puede encontrar en el artículo Liberty and Inmigration en http://www.thefreemanonline.org/features/liberty-and-immigration/
















