La opinión de El Norte de Castilla

El Gobierno necesita asentar su acción en algo más que su mayoría absoluta para abrirse paso en la incertidumbre económica

El Gobierno Rajoy está desgranando, a través de las comparecencias de sus ministros en el Congreso, las líneas básicas de su impulso inicial. Mientras las grandes decisiones en materia presupuestaria se posponen para marzo, y el Ejecutivo trata de adecuar su política económica al doble desafío del déficit y la recesión, sus integrantes están adelantando la revisión legislativa a la que desean proceder. Se trata de anuncios que conllevan una determinada intención política –no en balde el partido en el Gobierno logró la mayoría absoluta– como puede ser el caso de la reforma de la legislación en materia de aborto o la sustitución de la asignatura Educación para la Ciudadanía por Educación Cívica y Constitucional. Pero también incluye medidas que no presentan necesariamente un sesgo ideológico, como la implantación de tres años de bachillerato dejando la secundaria en otros tres, o que el matrimonio y su disolución puedan tramitarse ante notario. Sin embargo unas y otras iniciativas deberían sustentarse en el más amplio consenso; de manera que el debate parlamentario, el diálogo con los sectores afectados y el parecer de los especialistas contribuya a asentar los cambios no tanto en la lógica de la alternancia partidaria –legítima pero transitoria– como en el de un mejor arbitraje entre derechos y en una prestación más eficiente de servicios. Es esto último lo que ha de primar para tener en cuenta el criterio médico antes de convertir en norma la receta para la píldora del día después, preservar la tutela judicial efectiva sobre el vínculo matrimonial y su ruptura o modificar con prudencia la legislación sobre los objetivos medioambientales en relación a otros intereses. Las ministras y ministros que han comparecido ante su correspondiente comisión parlamentaria han mostrado su voluntad de auspiciar el consenso en torno a las medidas anunciadas. La mayoría absoluta con la que cuenta el Gobierno le permite legislar sin rebajar un ápice el programa del PP, incorporando aquellas novedades que considere necesarias. Pero el centrismo es, por encima de todo, una actitud de encuentro con los demás. Y si Rajoy quiere ensanchar el cauce central de su acción de gobierno necesitará sintonizar con otras inquietudes o, cuando menos, no suscitar más rechazos que los que deriven de la ineludible política de ajustes y reformas que tendrá que impulsar en el ámbito económico y laboral.

Renault España anunció ayer a los representantes sindicales de la factoría la creación de un turno de tarde en la planta vallisoletana de Carrocerías y Montaje para fabricar el Twizy. La buena nueva, además de una alegría para los trabajadores de la marca del rombo y para el resto de la economía local, supone el reconocimiento a aquel paso al frente cargado de responsabilidad que la plantilla dio en el año 2009, cuando suscribió el Pacto por el Empleo y la Competividad que evitó el cierre de una de las fábricas de la mayor empresa en producción y exportación de Castilla y León. Aunque quedan lejos los tiempos de tres turnos en la planta de Montaje, la llegada del primer vehículo de diseño exclusivamente eléctrico del mercado puede marcar el inicio de un nuevo despegue de Renault en la ciudad a la que contribuyó decisivamente a colocar en la senda del progreso en la mitad del siglo pasado. Este juicioso proceder de los representantes sindicales de la factoría automovilística parece servir también de inspiración a sus colegas en Iveco, donde los sindicatos han aceptado suscribir un nuevo ERE con tal de que la multinacional italiana de furgonetas mantenga la producción en su sede de la carretera de Soria.

Las empresas de telefonía vuelven a acaparar el mayor número de reclamaciones entre los usuarios de Valladolid, según datos de la Oficina de Información al Consumidor, que constatan incluso un crecimiento del 8% en este tipo de quejas respecto a las cifras de 2011. Lo peor no es el liderazgo recurrente que las compañías de telecomunicaciones detentan año tras año en el ranking de insatisfacción, más grave es comprobar que el 80% de las quejas se resuelven a favor de los clientes, como pone de manifiesto el servicio municipal de consumo, que coincide con las estadísticas del Ministerio de Industria. Eso, además, en un país cuyas tarifas por servicios como el acceso a Internet de banda ancha o la telefonía móvil son sensiblemente superiores a las de otros estados de su entorno. No es de recibo que empresas modernas, obligadas a dotarse de potentes estructuras de eficaz y rápida atención al cliente, al final utilicen estos mecanismos para un juego no siempre limpio de contratos con letra más que pequeña donde camuflan cláusulas abusivas o de errores de facturación que sospechosamente siempre son a su favor. Estas situaciones de las que en mayor o menor medida todos somos o hemos sido víctimas son tan frecuentes que deberían obligar al legislador a incoporar normas que eviten un desajuste que tiende a perpetuarse.

El delegado del Gobierno en Castilla y León y la consejera de Cultura anunciaron el viernes que impulsarán medidas encaminadas a conseguir un clima de concienciación social para que todos los ciudadanos de la comunidad nos impliquemos en la protección del vasto patrimonio cultural de esta tierra, que con 180 Bienes de Interés Cultural y 226.000 bienes muebles inventariados es, de largo, el más grande de España. En tiempos en los que situación económica favorece que los amigos de lo ajeno amplíen los objetivos de sus delitos y con las posibilidades que ofrece Internet a la hora de buscar mercados para los objetos robados, no parece mala idea tratar de hacer cómplices de la vigilancia del patrimonio a quienes en mayor o menor medida son también sus propietarios. Recientes episodios, como el del santuario segoviano de la Fuencisla o el de la localidad burgalesa de Baños de Valdearados demuestran que no hay que bajar la guardia y, ante la imposibilidad de colocar a un agente junto a cada joya artística, conviene que interioricemos que la protección nos concierne a todos.

La Universidad de Valladolid contará con Facultad de Comercio, fruto de la transformación de la actual Escuela de Empresariales en título de Educación Superior. Este cambio, además de elevar el nivel académico del centro, supondrá un homenaje a la vieja Escuela de Comercio de Valladolid, antecedente de los estudios actuales e institución docente de incuestionable prestigio de la ciudad, que este año cumple 125 años de historia y que los vallisoletanos identifican con la que fue su sede durante 65 años, el singular edificio con torre sobre pórtico de entrada de la calle Estación, en el que se impartieron estas enseñanzas entre 1929 y 1994, año de su mudanza al nuevo campus. Los responsables de la institución académica confían además en que la nueva titulación superior contribuya a mejorar la preparación de los profesionales del comercio de Valladolid, un sector de los más castigados por la situación económica actual y, sin embargo, uno de los más boyantes por peso y tradición de la economía vallisoletana. Pero además, el proyecto representa un homenaje al que fue su más célebre profesor. Y es que la Escuela de Comercio de Valladolid estará para siempre ligada al que fue durante décadas su catedrático de Derecho Mercantil, Miguel Delibes.

El continuo flujo de datos estadísticos negativos que deja la crisis amenaza con insensibilizarnos sobre los dramas personales que subyacen detrás de cada caso. La noticia con la que hoy El Norte abre su portada bordea lo escalofriante. Más de 85.000 desempleados de Castilla y León carecen de cualquier tipo de prestación, bien porque la han agotado –alrededor de 58.000 parados–, bien porque nunca han tenido un empleo y, por tanto, no han generado derecho a subsidio –más de 27.000–. El denominado nivel de cobertura, resultado de dividir el total de beneficiarios de alguna  ayuda o compensación por el número de parados con experiencia laboral, pone de manifiesto que uno de cada tres parados con experiencia laboral no percibe ningún ingreso y está, por tanto, fuera del sistema de protección. Estos parados ‘crónicos’ sobreviven gracias al esfuerzo de sus seres más cercanos y al recurso de la economía sumergida, pero son, han de ser, mucho más que una estadística. Son miles de tragedias personales y familiares que deberían tener presencia en todos los escenarios en los que se debaten medidas que reconduzcan la situación económica y también en la conciencia de responsables políticos, pero también sindicales y empresariales.

La desaparición del comercio tradicional del casco histórico de Valladolid en beneficio de las grandes superficies del extrarradio empieza a perder su condición de lento goteo para convertirse en catarata caudalosa, según los datos presentados ayer por la patronal Avadeco. En apenas tres semanas, desde el final de la campaña navideña, más de un centenar de establecimientos han iniciado el proceso de liquidación por cierre tras un periodo al que los comerciantes afectados llegaron exhaustos en un intento desesperado por hacer una caja con la que hacer frente a los gastos de clausura. En este paso del goteo al chorro todo está en contra. La política restrictiva de las entidades de ahorro en cuanto a préstamos y la práctica paralización de las ayudas de la Junta en pleno proceso de prórroga presupuestaria, se suman a las consecuencias del frenazo en el consumo privado para dar la puntilla a multitud de proyectos empresariales, que son también proyectos familiares en el caso del pequeño comercio. La situación está precipitando daños que superan los meros efectos coyunturales de cualquier crisis. El paisaje urbano tal y como hoy lo conocemos, del que las tiendas forman parte sustancial, corre peligro de extinción permanente.

El unánime pronóstico de un 2012 recesivo siembra serias dudas sobre la recuperación de nuestra economía el próximo año

El Banco de España hizo pública ayer su proyección de que nuestra economía decrecerá durante 2012 el 1,5% para recuperarse en el 2013 un tímido 0,2%, con lo que se muestra menos pesimista que el FMI. Pero la propia imagen de una nueva recesión que haría caer el PIB durante doce meses y elevaría el paro al 23,4% constituye, albergando la esperanza de remontar posiciones desde más abajo, una visión descorazonadora. Especialmente porque, además, se encuentra sometida tanto a incertidumbres internacionales como a interrogantes domésticas que difícilmente corregirán la previsión en sentido positivo. El Banco de España basa la limitada dosis de optimismo de su proyección en el mantenimiento, aunque moderado, de las exportaciones y en los efectos beneficiosos que comporte la reducción de la deuda pública y de la privada durante el presente ejercicio, sujetas ambas a medidas de ajuste y a restricciones crediticias. Pero si el pronóstico que hoy haga público el FMI sobre la evolución de la economía mundial va en línea con lo apuntado por su directora-gerente Christine Lagarde podemos asistir, de entrada, a un acusado retraimiento de la demanda exterior. Del mismo modo que el obligado saneamiento financiero al que se han sometido familias, empresas y administraciones podría acabar neutralizado por las tensiones financieras que afectan a las economías del euro. El BdeE integra en su proyección las medidas adoptadas ya por el gobierno Rajoy, sin contemplar más cambios en la fiscalidad de cara a 2013 –aunque dando por sentado que continuará el ajuste en el gasto público– y basando su previsión en el estricto cumplimiento del objetivo del 4,4% de déficit para el presente ejercicio. Las últimas declaraciones del ministro Montoro sugieren la eventualidad de que la UE corrija los requisitos de consolidación fiscal siguiendo un criterio posibilista. Ello permitiría que España no se viera en la necesidad de aplicar medidas aún más drásticas para alcanzar ese 4,4% de déficit. Pero podría acarrear una reacción imprevisible por parte de los mercados. Una reacción que, como poco, contrarrestaría el alivio aparente que la relajación del máximo de déficit para 2012 supondría para el conjunto de las instituciones, y en especial para las que se han mostrado más reacias a disciplinarse en términos de estabilidad presupuestaria.

La acción judicial debe centrarse en los intermediarios que se lucran del tráfico ilegal

El golpe asestado por el FBI a Megaupload, la gran compañía de descargas en Internet, es una muestra clara de la voluntad de la primera potencia por poner coto a la vulneración de los derechos de los creadores. Una práctica fraudulenta que amenaza a la supervivencia de las industrias culturales y de sus protagonistas. La acción de la policía federal se produce poco después de que el Congreso de EE UU renunciara a tramitar la nueva normativa antipirateo hasta después de las elecciones presidenciales. Megaupload era, según la demanda penal, el centro de una especie de Al Qaida de las descargas, una «organización criminal mundial dedicada a infringir la propiedad intelectual y a lavar dinero a escala masiva», y en la que estarían incluidas varias de las páginas más populares entre los internautas españoles que descargan y visionan películas como Series Yonkis y Taringa, que de momento no están imputadas. La actuación judicial, por ahora, no alcanza al pirateo en sí, sino a los intermediarios que se lucran de él, cobrando por el acceso o asociándolo con publicidad. Es ahí donde debe centrarse la acción judicial y es también el sentido de la ley Sinde, que está a punto de entrar en vigor en España. El delito que se persigue en estos casos es parecido al de receptación, y que consiste en aprovecharse de la defraudación ajena en beneficio propio. Quien haya conocido Megaupload sabe que no tiene mucho sentido protestar por el hipotético atentado a la privacidad que supone la confiscación de datos personales allí almacenados; en cualquier caso, se anuncia un alud de demandas, que probablemente se estrellen con la ley norteamericana. Y quien esté familiarizado con Internet entenderá la dificultad que implica frenar la piratería, un designio que por fuerza ha de compararse al de poner puertas al campo. En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, en democracia, libertad no es anarquía sino estado de derecho. Los Estados tienen la obligación de reprimir, primero, los abusos de quienes se lucran de violar derechos ajenos, para centrarse, después, en la protección más sutil y compleja de los derechos inherentes a la creación, que forman parte de la riqueza cultural de los pueblos.

La crisis económica, que castiga con especial dureza a los jóvenes españoles, con una tasa de desempleo del 45%, unida a la demanda por parte de la locomotora económica europea de titulados universitarios, especialmente ingenieros, ha disparado el número de matriculados en enseñanza de alemán en Valladolid, donde la demanda de ese idioma en centros públicos y privados se ha duplicado en apenas un año. Sirva como ejemplo que 140 solicitantes han accedido este curso a la Escuela Oficial de Idiomas para aprender la lengua de Goethe, pero 154 de ellos se han quedado fuera por la falta de plazas. De este modo, la legítima aspiración de los jóvenes de encontrar un lugar donde desarrollar la carrera profesional en la que sus padres y ellos mismos han invertido tantos esfuerzos agrava una de las principales amenazas a las que se enfrenta Castilla y León de cara al futuro, la fuga de talentos, una sangría difícil de atajar que coloca a la comunidad a la cabeza del ranking de pérdida de población del conjunto del Estado y, por ende, un fracaso social colectivo que hace inútil el empeño de la región por contar con la -teóricamente- generación mejor preparada de su historia.