La nueva ley de estabilidad presupuestaria debe asegurar que el gasto autonómico vaya acorde con los ingresos previstos
El decreto-ley que recoge las medidas de ajuste de gasto y de incremento de la presión fiscal establecidas por el Gobierno Rajoy se aprobó ayer en el Congreso con el voto favorable del PP y de CiU. La sesión parlamentaria fue acaparada por el debate en torno a si el Gobierno ‘popular’ ha corregido sus intenciones iniciales ante un déficit público que no se esperaba. Parece claro que los responsables del Ejecutivo saliente eludieron revisar públicamente sus previsiones en vísperas o durante la campaña electoral. Como hay razones para pensar que los miembros del Gobierno entrante sabían mucho antes de su toma de posesión que el ejercicio se cerraría con un déficit notablemente superior al 6%. Ni el Ejecutivo ni el primer partido de la oposición deberían tratar de guarecerse en la inocencia. Aunque lo peor es que mientras el debate se mantenga en esos términos ni el primero se verá obligado a explicar en detalle el porqué de las medidas ni la oposición se sentirá emplazada a exponer con qué otras iniciativas podría atajarse el acuciante problema de un déficit del 8%. El apoyo ‘convergente’ a las medidas del Gobierno representa una postura de coherencia con los drásticos recortes que está aplicando la Generalitat. Aunque resulte paradójico que el entendimiento de CiU con el PP en este punto crucial para el inicio de la legislatura se dé tras el no convergente a la investidura de Rajoy y coincida con el enfriamiento de las relaciones entre ambas formaciones en la política catalana. La reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera prevista para la próxima semana permitirá al Ejecutivo contrastar pareceres y consensuar el modo en que la nueva ley de estabilidad presupuestaria podría asegurar, de acuerdo con las exigencias de la UE, que todas las autonomías mantengan un techo de gasto acorde a los ingresos previstos y se comprometan, en todo caso, a ajustar tal relación para contener la deuda y el déficit. Aunque resulta más que discutible que el Gobierno central pudiera aplicar sanciones por incumplimiento de tal requisito a las comunidades de régimen común sin la anuencia del citado Consejo interterritorial. Algo que sería prácticamente imposible de arbitrar en el caso de Euskadi y Navarra, que establecen sus compromisos con el Gobierno central a través de las comisiones mixtas del Concierto y del Convenio respectivamente.
