VALENCIA, EL MODELO A EVITAR

Más allá de sus conocidas repercusiones políticas, la “inmolación” protagonizada la pasada semana por Francisco Camps, el dimisionario presidente valenciano, simboliza a la perfección el pinchazo de la gran burbuja política que ha significado en España el despliegue del Estado de las Autonomías.

Si hay una región española que en las últimas décadas se ha dejado deslizar irresponsablemente por el tobogán de un crecimiento urbanístico descontrolado, esa ha sido sin duda la de Levante. A rebufo de la gallina de los huevos de oro del sector turístico, la comunidad valenciana apostó sin reservas por el cortoplacista cultivo del ladrillo, generador de ingentes plusvalías y pingües ingresos que han atiborrado durante años las arcas públicas de los ayuntamientos y de la propia comunidad autónoma. Un modelo de desarrollo manifiestamente insostenible, no solo económicamente, sino también territorialmente, al punto de que la Unión Europea dio la voz de alarma ante la saturación urbanística detectada en la franja costera levantina, donde resulta todo un hallazgo encontrar un solo tramo de tierra virgen.

Aunque esa dinámica ya estaba en marcha, la llegada a la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana conllevó su impulso definitivo. Procedente de la alcaldía de Benidorm, donde había promovido el polémicoTerra Mitica, Zaplana tenía muy clara la senda a seguir (y también, según testimonios recogidos en el llamado “caso Naseiro”, el propósito que le había animado a emprender su carrera política). Antes de que Aznar lo hiciera ministro, el “milagro valenciano” era la envidia de España. Su sucesor, Francisco Camps, se ha limitado simplemente a seguir las mismas pautas, si acaso aumentadas. Recuerdo una visita suya a Valladolid en la que Juan Vicente Herrera le presentó con rendida admiración en un foro organizado por el PP de Castilla y León. El modelo valenciano era para Herrera el referente a seguir por las demás comunidades autónomas.

La abundancia de dinero fácil ha sido el perfecto caldo de cultivo de los delirios de grandeza y proyectos megalómanos propios de los nuevos ricos. Desde la Ciudad de las Artes y de las Ciencias al circuito de Fórmula 1 y el multimillonario contrato con su magnate, Berni Ecclestone, socio del yernísimo Agag, pasando por la Copa América o la visita del Papa, cuyo sospechoso sobrecoste ha sido objeto de investigación judicial por su relación con el caso Gürtel. Naturalmente, en ningún momento nadie se paraba a pensar que algún día podía pincharse la burbuja inmobiliaria y reducir a arena el adorado becerro de oro.

A los tres años de crisis económica, el resultado es que Valencia es la comunidad autónoma más endeudada de España y una de las que registra mayor índice de desempleo. Eso en cuanto a lo socio-económico. En lo político, bate todos los records de casos judiciales instruidos por presunta corrupción. Aparte de los imputados en la trama Gürtel (del cual los trajes son simple fleco), se cuentan por decenas los alcaldes y concejales investigados judicialmente, a los que hay que sumar a los anteriores presidentes de las Diputaciones de Castellón, el célebre Ricardo Fabra, y de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll.

Todo ello convierte a la Comunidad Valenciana en el paradigma de esa “burbuja política autonómica” referida al principio. La coincidencia en el tiempo de ese desmesurado crecimiento sustentado en el ladrillo con la tendencia al derroche de las instituciones autonómicas ha conducido a esa situación límite. Valencia no era el referente a seguir, era justo el modelo a evitar. Y lo lamentable es que en algunos de sus más perniciosos aspectos sin duda lo hemos estado emulando.

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 25 de julio. En las fotografías, Eduardo Zaplana y Juan Vicente Herrera con Francisco Camps)

POLITICOS Y VERDAD

Un micrófono oportunamente abierto jugaba el otro día una mala pasada a José Bono, quién, en plena sesión del Congreso de los Diputados, se desahogaba soltando por lo bajini un “Estoy hasta los huevos” motivado por no se sabe que hartazgo de la primera de sus señorías parlamentarias. Habida cuenta del precedente que supuso el “¡Manda huevos!” pronunciado en su día por Federico Trillo desde la misma tribuna, cabría pensar que el cargo imprime carácter (obsérvese la coincidente invocación testicular de dos políticos ideológicamente opuestos).


Pero no lo creo. Uno no se imagina a Landelino Lavilla o a Gregorio Peces-Barba (por citar a dos antiguos presidentes del Congreso) profiriendo expresiones malsonantes, ni siquiera con sordina. Bono además es reincidente. No hace mucho protagonizó otro episodio similar mas comprometido para él, cuando otra oportuna cámara grabó su conversación informal con varios diputados del PP reunidos en corrillo en el patio del Congreso. “Los del propio partido son unos hijos de puta”, decía Bono a modo de versión manchega de la célebre distinción entre adversarios, enemigos y compañeros de partido atribuida a Winston Churchill. Y siendo ministro de Defensa, gracias a otro indiscreto micrófono, supimos que a su juicio el entonces primer ministro británico, Tony Blair, era “un gilipollas integral”.

Aparte de lo que tienen de anecdóticos, estos episodios resultan muy reveladores de la impostura que envuelve a la inmensa mayoría de los políticos, que asumen ante la opinión pública el papel que les toca representar, sin importarles que el guión les exija frecuentemente decir lo contrario de lo que piensan, que a su vez raramente coincidirá con lo que hacen o harían si se les presenta la ocasión. Estos “lapsus” les retratan como en realidad son y no como quieren aparentar que son.

Gracias a ellos conocemos mejor a Esperanza Aguirre, otra política lenguaraz cazada asimismo in fraganti en mas de una ocasión. En la última le comentaba al alcalde Ruíz Gallardón que la comunidad de Madrid “no tiene un puto duro”. No consta que le respondió el alcalde de la Villa y Corte, quién ha batido todos los records de endeudamiento municipal conocidos y por conocer. Precisamente el propio Gallardón pasó en su momento por ser el presunto aludido por aquel “hijoputa” al que se refirió la lideresa madrileña con ocasión de los líos internos del PP para repartirse el Consejo de Administración de Caja Madrid.

Y si había alguna duda del doble, triple o cuádruple discurso de nuestros políticos, se ha encargado de despejarla José María Aznar, ponente la pasada semana en una escuela de verano sobre “Verdad y Medios de comunicación” celebrada en la Universidad Católica de Ávila. Para el ex presidente es necesario que los políticos y la sociedad cambien la relación que deben mantener con la verdad, pasando a “una relación de respeto, no de ocultación y menos aun de negación”. Pero no crean que se refería a la patraña de las “armas de destrucción masiva” no encontradas en Irak ni a la falacia gubernamental de atribuir a ETA los atentados del 11-M. Para nada. Estaba censurando el negacionismo de Zapatero sobre la crisis económica.

También estaba en su derecho Aznar al censurar el papel de los medios de comunicación en esa búsqueda de la verdad. En este punto puede hablar con la autoridad que le confiere ser consejero del imperio Murdoch, el mismo que se ha visto obligado a cerrar el centenario “News of The Word” tras un monumental escándalo sobre los delictivos métodos seguidos para conseguir información. Aznar tiene toda la razón. El mismo es un gran ejemplo de que hay políticos que necesitan establecer una nueva relación con la verdad. Y algunos, simplemente establecerla.

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 18 de julio)

LOS COMODINES

En un pleno express celebrado al efecto, las Cortes Regionales elevaron ayer a la categoría de senadores a Juan José Lucas, María Jesús Ruíz y Óscar López, este último a la sazón portavoz del grupo socialista en el “mausoleo” de Villa del Prado. El ex presidente de la Junta no es precisamente nuevo en el Senado, ya que lleva allí instalado desde el año 2002, cuando dejó de ser ministro de José María Aznar y pasó a presidir la Cámara Alta, para lo cual fue necesario nombrarle precisamente senador en representación de Castilla y León. Lucas lleva por tanto 9 años representando a esta comunidad autónoma en el Senado, ocupando un puesto que tiene toda la pinta de tener carácter vitalicio.

El Parlamento nacional tampoco es un destino desconocido para María Jesús Ruíz, quién antes de llegar a la Junta fue diputada por Soria. Ruiz llega al Senado después de ocho años (2003-2011) en gobiernos de Juan Vicente Herrera, primero como consejera de Medio Ambiente, después como vicepresidenta primera y Portavoz y mas tarde de nuevo como consejera y titular de esa misma vicepresidencia ya completamente vacía de contenido. Su fracaso ha sido clamoroso en todas y cada de dichas responsabilidades, siendo de paso la principal causante de un grave cisma en el PP de Soria. En vista de todo lo cual, y a pesar de sus últimos desplantes, Herrera la ha recompensado con ese escaño en el Senado, donde por cierto va a compartir grupo con Mar Angulo, la presidenta del PP soriano, su primera bestia negra en el partido.





La coincidencia de que ambos dos senadores designados por el PP en representación de la Comunidad sean sorianos da idea del carácter absolutamente instrumental de dichos escaños, habitualmente utilizados a modo de comodín para recolocar a antiguos altos cargos de la Junta que quedan amortizados o desubicados.
Para hacer hueco a Ruíz ha sido necesario desalojar a José Valín, quién recaló en el Senado hace cuatro años, una vez que Herrera lo descartó para seguir formando parte de su gobierno. El ex consejero de Agricultura ocupó la plaza que entonces dejó vacante Isabel Carrasco, quien a su vez la había heredado de Jesús Mañueco, quien a su vez había reemplazado a Jesús Merino











Cuentan que Valín estará poco tiempo sin pisar moqueta y que podría aterrizar tras el verano en el Consejo de Cuentas, cuyos puestos, al igual que los del Consejo Consultivo, son otros comodines de los que disponen PP y PSOE para este tipo de cambalaches. Una vez se proceda a la reforma propuesta por el presidente de la Junta, ambos Consejos dispondrán tan solo de tres miembros electivos, dos de los cuales serán propuestos por el PP y uno por el PSOE.
Valín se perfila como el sucesor del actual presidente del Consejo de Cuentas, Pedro Martín Fernández, quién está en edad de jubilación, lo mismo que César Huidobro, otro de los consejeros nombrados en su día a propuesta del PP. (La labor profesional e independiente de Martín al frente de esa institución hace tiempo que no es del agrado de la Junta, especialmente de la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, cuya heterodoxa gestión presupuestaria se ha visto reflejada en los informes de dicho organismo).






Otro aspirante a pillar cacho en uno de los Consejos es Francisco Aguilar, el veterano político vallisoletano sacrificado en la lista de procuradores del PP para dejar hueco al presidente provincial del partido, Ramiro Ruíz Medrano. Como abogado que es de profesión, Aguilar reune el requisito imprescindible para pertenecer al Consultivo, aunque en principio parece mejor situado para el Consejo de Cuentas. Otro viejo conocido de las Cortes Regionales, Emilio Melero, es el mejor colocado para ocupar la única plaza de que dispondrán los socialistas en esa institución.



Respecto al Consejo Consultivo, el único que tiene garantizada la continuidad es su presidente, Mario Amilivia. Los dos ex presidentes de la Junta que ocupan plaza como consejeros natos, Demetrio Madrid y José Constantino Nalda, dejarán de serlo por motivos de edad. Y todo apunta a que los otros dos consejeros electivos a designar serán de nuevo cuño. Serían los últimos comodines en manos de Herrera y López. Dejando aparte, claro está, los puestos que correspondan a Caja-España-Caja Duero en el Consejo de Administración del futuro Banco a constituir con Unicaja, otras bicocas todavía mas codiciadas que las anteriores…


(En las fotografías, Juan José Lucas, María Jesús Ruíz, José Valín y Francisco Aguilar)



BANQUERO POR 1.000 EUROS

Mientras la otra tarde sesteaba en el sofá sonó inoportunamente el teléfono. Quien me sacudía de la modorra era la directora de la oficina de una caja de ahorros recientemente reconvertida en banco. Tan reconvertida que el motivo de la intempestiva llamada era el de ofrecerme la suscripción de acciones de dicho banco, que acaba de salir a Bolsa en busca del “core capital” exigido por el Banco de España.

¿Quién le iba a decir a la antigua empleada del Monte de Piedad que iba a terminar buscando clientes con la misma ansiedad que lo hacen las teleoperadoras de la telefonía móvil? Pero, sobre todo, pensando en uno mismo, ¿quién me iba a decir que por el módico precio de mil euros se me iba a presentar la oportunidad de convertirme en banquero? Nada mas y nada menos. Así lo asegura la publicidad con que ese nuevo banco ha salido ha bolsa. “Hazte bankero”, reza el eslogan, así con “k”, en plan kolega. No me negarán que no es sugerente esto de poder ingresar en el gremio de Botín y poderse dirigirse a él o a Rato de tú a tú, de banquero a banquero.

La tentación es tan fuerte que uno, que creía estar en otra trinchera, se está planteando dar el paso. De momento me retiene un cierto sentimiento de culpa por la traición que supone y, todo hay que decirlo, conocer con exactitud las condiciones preferentes que me había ofrecido antes otra caja también provincial reconvertida igualmente en soporte de otro banco. (Uno dispone de un modesto capital, pero sabiamente diversificado).


También he de confesar que me produce cierta frustración que estas ofertas provengan de sendas cajas que, en lugar de respaldar la patriótica apuesta de fortalecer el músculo financiero de Castilla y León, hayan preferido ser cola de ratón en grupos financieros liderados desde otras comunidades. Me gustaría que la caja que ha permanecido leal a la causa fuera la que me ofreciera esta histórica oportunidad de convertirme en banquero. Ello aliviaría mucho mi mala conciencia. Lamentablemente no es así.

Según su presidente, Evaristo del Canto, Caja España-Caja Duero no necesita salir a Bolsa para cubrir sus necesidades de capitalización. Podría hacerlo colocando un 20 por ciento del capital en los mercados, pero su fructífera alianza con Unicaja lo hace innecesario. “Podríamos sobrevivir perfectamente en solitario, pero preferimos ser ambiciosos y formar parte del tercer grupo en el ranking nacional de cajas”, ha aclarado Del Canto. Una lastima, pienso yo, que nuestra caja fetén no me proporcione la coartada que necesitaba para abrazar este nuevo capitalismo.

Siempre se ha dicho que las crisis económicas brindan grandes oportunidades para los que tienen olfato de negocio y audacia para asumir el riesgo. Acabamos de tener un buen ejemplo en el presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, quién con el club en Segunda ha comprado casi el 60 por ciento de las acciones a los socios cuasi fantasmales que ostentaban la mayoría de la sociedad. Ha revelado el alcalde que Suárez empeña lo que tiene y lo que no tiene, esto es, que se juega su patrimonio personal.

Lo de convertirse en banquero no tiene sin embargo riesgo alguno. No hacen falta avales de ningún tipo. Tan solo es necesario disponer de mil euros, algo, pese a la crisis, al alcance de casi todos los bolsillos. Por esa módica cantidad le ofrecen a uno la ocasión de codearse con Botín, Rato o Fainé. No es fácil resistirse a la tentación. Recuerdo que cuando estalló la crisis los mandamases de los paises ricos, los del G-10, anunciaron que se proponían refundar el capitalismo. No hemos vuelto a tener noticia de ello, pero en España se ha dado con la fórmula. Quien podía imaginar que podíamos salir de la crisis convertidos en banqueros…

(Publicado en la edición impresa de “El Norte de Castilla” de 11 de julio. En las fotografías, Emilio Botín y Rodrigo Rato, Evaristo del Canto y Carlos Suárez)

80 EN LA POMADA, 35 EN LA ESTACADA

A falta de algún fleco pendiente, en la fecha anunciada por el presidente Herrera, el día de San Fermín hemos conocido el nuevo organigrama de altos cargos de la Junta, que ha quedado reducido finalmente al número de 80, un 24 por ciento menos de los que había hasta ahora.

Vista la alta dosis de “endogamia” observada la pasada semana en el segundo nivel (viceconsejeros y secretarios generales), ha sorprendido el grado de renovación que experimenta el “staff” de los directores generales, en el que aparecen bastantes mas caras nuevas de las esperadas. La amortización de mas de una docena de direcciones generales no ha impedido que ingresen en ese escalafón 16 nuevos altos cargos. Con ello se palía en parte la falta de renovación en el conjunto del organigrama, si bien la incorporación de savia nueva está muy desigualmente distribuida entre las Consejerías.

Sanidad (donde solo sobreviven tres de los nueve altos cargos que tenía Alvarez Guisasola), Familia, Educación y Cultura son las que presentan mayores novedades mientras que en otras como Agricultura, Presidencia, Hacienda y Fomento se mantienen básicamente los mismos equipos (en las dos ultimas Consejerías citadas incrementados al haber absorbido las antiguas competencias de Administración Autonómica y Medio Ambiente).

Ese apreciable grado de renovación no ha impedido que tres de los altos cargos cesados la semana pasada hayan sido repescados como “flamantes” directores generales. Sentado el precedente de Maria José Salgueiro, los anteriores viceconsejeros existentes en Educación (Fernando Sánchez Pascuala) y Medio Ambiente (José Manuel Jiménez Blázquez) no han tenido inconveniente en asumir esa pérdida de rango. También es el caso del anterior secretario general de Justicia e Interior, Luis Miguel González Gago, reconvertido ahora en director general de Ordenación del Territorio y Administración Local (Consejería de la Presidencia). El anterior número dos Fernández Mañueco en Justicia e Interior se adentra de ese modo en “territorio comanche”.

De la Universidad proceden tres de los nombramientos mas sorprendentes. De un lado, el del nuevo director general de Universidades, cargo en el que recala el ex vicerrector de la Universidad de Valladolid, Angel de los Ríos, ilustre miembro del Banco de Pensadores tutelado por el Consejero de la Presidencia. De otro, el del director general de Politicas Culturales, José Ramón Alonso, el ex rector de Salamanca que hace un par de años se vió forzado a dimitir precipitadamente por mor (nunca mejor dicho) de determinada circunstancia personal. Y finalmente el director general de la Oficina del Portavoz y Relaciones con los Medios, Alejando Salgado, quién parece un clon de su antecesor, el ex director de Comunicación, Ángel Losada.

También ha ido mas lejos de lo previsto la renovación en las delegaciones territoriales, ya que, ademas de cubrirse las vacantes generadas en Salamanca, Palencia y Valladolid, hay novedad en Soria y Segovia. Mientras el cese del soriano Carlos de la Casa -el ultimo fiel que le quedaba a Maria Jesús Ruiz- estaba cantado, en Segovia ha sorprendido el relevo de Luciano Municio.

Volviendo a echar cuentas, entre la pasada semana y esta han quedado en la estacada 35 altos cargos de la Junta. Entre ellos no está sin embargo el decano de todo el organigrama, el incombustible Luis Alberto Solís, director general de Carreteras desde 1.995, un hombre que, después de haber sobrevivido a los cuatro últimos Consejeros de Fomento, es definitivamente imprescindible. Por algo será.


(En las fotografías, Rosa Méndez, nueva directora general de Comercio y Consumo , Jose Manuel Jiménez, José Ramón Alonso y Carlos de la Casa)

NUBES SOBRE EL DIÁLOGO SOCIAL

Por primera vez, el informe anual del Consejo Económico y Social sobre la situación económica de Castilla y León no ha contado con el consenso habitual en dicha institución. El desacuerdo no se ha producido en torno al diagnóstico, que ha vuelto a ser una radiografía rigurosa de la realidad socio-económica de esta comunidad autónoma, sino al abordar el capitulo de las recomendaciones para hacer frente a la crisis y a sus estragos. En años precedentes los posibles escollos se han salvando mediante posiciones eclécticas asumidas conjuntamente por la patronal, los sindicatos y la Junta, que son a la vez los mismos interlocutores del Diálogo Social. Sin embargo, en esta ocasión el consenso ha saltado por los aires al no respaldar ni la patronal ni la representación de la Junta determinadas posiciones de UGT y CC.OO.


El presidente de Cecale, Jesús Terciado, ha hecho su particular interpretación de estas divergencias, presentándolas como una especie de pataleta sindical. En vista de que han perdido la calle, los sindicatos han asumido el papel de los “indignados”, ha venido a decir. Aunque fuera así, ello no invalida las legítimas razones de UGT y CC.OO. para oponerse a las medidas de ajuste en materia de reforma laboral, protección social o negociación colectiva y defender una salida social a la crisis. Y en lo que ya no tiene razón Terciado es en considerar que la falta de consenso pone en riesgo el prestigio del CES. En absoluto.

Las discrepancias entre las organizaciones representadas en la institución han de ser contempladas como algo natural y saludable, una prueba de su vitalidad. Si acaso lo sospechoso era la unanimidad alcanzada siempre por fuerzas tan heterogéneas como las ahí representadas. El desencuentro puntual que se ha producido en este último informe para nada afecta al prestigio del CES, incluso puede que refuerce la credibilidad de una institución cuya utilidad afortunadamente a nadie se le ocurrido cuestionar.

El problema de ese desencuentro no está en el CES, sino en la nube que proyecta en torno al Diálogo Social impulsado hasta ahora por la Junta y regulado por Ley en cumplimiento del Estatuto de Autonomía.

De hecho, uno de los motivos de la discordia es que, a juicio de los sindicatos, la patronal y la representación de la Junta no han apoyado en el Informe del CES medidas anteriormente concertadas en ese marco. A lo que hay que añadir el recelo sindical que ha suscitado determinado punto del programa electoral del PP del que se desprende el propósito de rebajar el carácter vinculante que el Dialogo Social ha venido teniendo para la Junta. De ahí que este desacuerdo en el CES trascienda mas allá de esta institución.

A falta de un pacto político en la comunidad, los acuerdos alcanzados en las mesas del Dialogo Social han orientado la hoja de ruta seguida por la Junta desde que comenzó la crisis. Mientras esta persista -y la salida de ella sigue yendo para largo- bloquear ese instrumento solo puede acarrear nefastas consecuencias. Las diferencias entre patronal y los sindicatos forman parte de la naturaleza de las cosas.

El doble papel de árbitro y muñidor asumido por la Junta ha permitido ir salvándolas, acercar posiciones y conseguir acuerdos más o menos satisfactorios. Sorprendería que el gobierno Herrera, que ha presumido del Diálogo Social como una seña de identidad que además le ha reportado notable rédito político, lo pusiera en peligro en el momento más inoportuno para ello. Máxime estando en la agenda la negociación de asuntos tan primordiales como un nuevo plan regional de empleo y un pacto de comunidad para la sostenibilidad de la Sanidad, la Educación y demás servicios esenciales que presta la Administración Autonómica.

(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 4 de julo. En las fotografías, el presidente de Cecale, Jesús Terciado; los secretarios regionales de CC.OO. y UGT, Ángel Hernández y Agustín Prieto; Terciado, Hernández y Prieto con el presidente Herrera)




EN DOS PALABRAS: DES-CONCERTANTE

Si en su primer nivel, el de los Consejeros, el nuevo gobierno Herrera apenas había deparado sorpresas, con cambios -salvo el traslado de Medio Ambiente a Fomento- bastante previsibles en cuanto a estructura, la primera hornada de nombramientos en el segundo nivel resulta cuando menos desconcertante. Y ello tanto en lo que se refiere a algunos nombres como sobre todo a la falta de criterio que se aprecia en la cacareada reducción de organigrama.

El meollo de la cuestión estaba en saber que suerte corrían las seis Viceconsejerías existentes en el gobierno anterior, buena parte de las cuales, carentes de un contenido sectorial propio, resultaban difícilmente justificables. Eran los casos de las Viceconsejerías de Educación, Cultura, Agricultura y Medio Ambiente, si bien esta última, al desaparecer la Consejería, ahora estaría más justificada que nunca.

Pero todavía más sorprendente que la supresión de la Viceconsejeria de Medio Ambiente es que se haya amortizado la de Empleo, habida cuenta de que justamente la creación de empleo está declarada objetivo número uno del programa de gobierno de la Junta. Y para mayor inri, se crean dos nuevas Viceconsejerías completamente innecesarias, cuales son las de de Administración y Gobierno del Territorio y la de Función Pública y Modernización. La incongruencia es absoluta.

Da toda la impresión de que, en lugar de responder a un diseño racional basado en el principio de que la función crea el órgano, hay órganos que se crean o se suprimen según determinados compromisos.
Sería el caso de la citada Viceconsejeria de Empleo, cuyo anterior titular, Ignacio Ariznavarreta, había renunciado a continuar, y sobre todo de la de Administración y Gobierno del Territorio, premio de consolación para la recién destituida Consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro. (Esto de aceptar inmediatamente un cargo de rango inferior no tenía precedentes en la Junta).

¿Cómo se entiende que las competencias en Función Publica justifiquen la creación en la Consejería de Hacienda de una Viceconsejería especifica y que Fomento asuma la antigua Consejería de Medio Ambiente sin mantener esa Viceconsejeria que ahora sí estaría plenamente justificada? ¿Cómo se explica esta supresión de la Viceconsejeria de Medio Ambiente (que viene a confirmar el golpe mortal asestado a la extinta Consejería) al mismo tiempo que se mantiene en Agricultura la Viceconsejería de Desarrollo Rural? No es fácil de entender y menos aún de explicar.

No entro ya en los sorprendentes trueques, confirmaciones y relevos que se han producido en algunas secretarías generales, que demuestran que hay quien vale igual para un roto que para un descosido.
Sin duda lo mas significativo en este nivel sea el relevo en la secretaria general de Economía y Empleo, donde Tomás Villanueva ha recuperado a Mariano Gredilla en detrimento del cuestionado Rafael Delgado. En cuanto al SACYL, la destitución del polémico José Manuel Fontsaré presagia una amplia depuración del anterior equipo de la Consejería de Sanidad.

De momento, cribado el segundo nivel de altos cargos tan solo se han suprimido dos viceconsejerías, que, sumadas a las tres secretarias generales amortizadas por la reducción de Consejerías, hacen un total de cinco. De acuerdo con el compromiso contraido por el presidente Herrera, el jueves que viene deberán suprimirse otros 15 altos cargos en el tercer nivel (directores generales y asimilados). Visto el desconcertante criterio (?) aplicado en el segundo nivel, a saber que nos encontraremos en el tercero.


(En las fotografías, Ignacio Ariznavarreta, María José Salgueiro y Rafael Delgado)


LO MISMO SOLO QUE CONCENTRADO

El continuismo que destilaba por los cuatro costados el discurso-programa de la sesión de investidura ha tenido su fiel reflejo en la composición del nuevo gobierno de Juan Vicente Herrera. Es más, yo diría que es el menos audaz e innovador de todos los que ha presidido el político burgalés en sus diez años al frente de la Junta (cinco, incluido el surgido de aquella inesperada crisis del puente del Pilar de 2004).



Una vez desplazado del Ejecutivo el secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y suprimidas las dos vicepresidencias, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, se convierte, ya sin ningún contrapeso, en el indiscutible “numero dos” del gobierno Herrera o, si se prefiere el latinajo, en el “primus inter pares” de sus nueve miembros. Aparte de adquirir este status, su Consejería se ha reforzado a la carta con algunas competencias de la extinta de Interior y Justicia, así con las de Ordenación Territorial, claves para intentar aprobar la asignatura pendiente en dicha materia. Además de eso, coloca a un peón suyo al frente de la Consejería de Sanidad. De Santiago-Juárez se erige así en el gran beneficiario de los cambios introducidos en la Junta. Algo, por otra parte, nada sorprendente.






Aunque en mucha menor medida, también sale reforzado Antonio Silván, el consejero de Fomento, al agregar a su Consejería el grueso de las competencias de la Medio Ambiente, que, en contra de todos los pronósticos, no se ha fusionado con la de Agricultura. Si la fusión del verde y el amarillo tenía aspectos discutibles, la del asfalto y el hormigón con la conservación de la naturaleza es ciertamente contra natura. Imagínense la esquizofrenia que supondrá elaborar en un despacho los informes de impacto ambiental sobre las obras publicas promovidas desde el despacho de al lado. Estando Fomento presupuestariamente bajo mínimos, se diría que el objetivo era dar un poco de vidilla a la figura de Silván, quién también se hace cargo del 112. Si es por eso, aceptaremos pulpo como animal de compañía.






Tambien gana competencias -y con ellas a buen seguro problemas- la consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, en cuya Consejería recaen Función Publica y Modernización Administrativa, antes en la de Administración Autonómica. Junto a los tres citados, permanecen donde estaban Tomás Villanueva (ahora sin el galón de vicepresidente económico), Silvia Clemente y Juan José Mateos, limitándose las novedades a las Consejerías de Sanidad, Familia y Cultura.







Por las razones financieras suficientemente conocidas, la de Sanidad era y es el gran “marrón” del nuevo gobierno. Por ello la elección del sustituto de Álvarez Guisasola ha sido el gran quebradero de cabeza.
Después de muchas vueltas el elegido ha resultado ser un viejo conocido, Antonio María Sáez, quien, entre otros cargos, fué sucesivamente gerente regional de Salud y de Servicios Sociales. Un hombre tan próximo a De Santiago Juárez que hasta ayer ejercía de “fontanero” en el mismísimo “ala oeste”. Su nombramiento es una demostración de fuerza de su mentor y encaja en esa línea de continuismo. Lo mismo que el de Milagros Marcos como nueva consejera de Familia, que supone directamente un ascenso en el escalafón.






Ese ascenso de la hasta ahora gerente regional de servicios sociales ha alterado el destino inicialmente atribuido a la abulense Alicia García, quién en lugar de hacerse cargo de Familia, se ha encontrado de repente al frente de la Consejería de Cultura. Tengo la impresión de que Cultura estaba abocada a fusionarse con Educación y que en el último momento se ha salvado como comodín necesario para cuadrar lo de las cuotas. Está claro que García ha sido la última pieza encajada y, como suele suceder en estos casos, ha recalado en la Consejería-maría por excelencia.




En resumen, forzado por la ola reductora, Herrera ha deshecho ahora las dos Consejerías que se inventó hace cuatro años, al tiempo que ha decidido desnaturalizar la de Medio Ambiente (no otra cosa es subsumirla en la de Fomento). Una nueva versión de lo mismo, solo que ahora más concentrado.

(En las fotografías, José Antonio de Santiago-Juárez, Antonio Silván y Antonio María Sáez)





PURO CONTINUISMO

A la espera de que el reelegido presidente de la Junta dé a conocer en las próximas horas la composición de su nuevo gobierno, el pasado debate de investidura ha dejado la sensación de que -Consejería más, Consejería menos- el continuismo va a presidir el nuevo mandato de Juan Vicente Herrera.

Nada sorprendente por otra parte, teniendo en cuenta dos factores. De una parte, el reciente resultado en las urnas, que demuestra que, 24 años después, al Partido Popular (otra cosa es a la comunidad) la política seguida por la Junta le sigue reportando inmejorables réditos electorales. De otra, la personalidad del propio Herrera, un gobernante extremadamente prudente, reacio a cambiar nada si no es por imperiosa necesidad, un político muy anclado en el famoso principio de Lampedusa de cambiar lo estrictamente imprescindible para que todo siga igual.

Conste que en las actuales circunstancias el continuismo no tiene una connotación exclusivamente peyorativa. Es más, en algunos aspectos fundamentales ha de ser saludado como una estupenda noticia.

Me estoy refiriendo al compromiso de mantener en toda su integridad -el propio Herrera asume el término “blindaje”- los servicios públicos esenciales que presta la Junta, a saber; la Sanidad, la Educación y la Dependencia.

En la grave penuria financiera en que se encuentran las comunidades autónomas, alguna de ellas, como Cataluña, ha optado por la expeditiva vía de atajar el déficit a costa de recortar prestaciones sociales. Por fortuna, ese riesgo parece aquí conjurado. Ello sin perjuicio de avanzar en la racionalidad y la eficiencia de esos servicios, capitulo en el que queda mucho camino por recorrer, como de hecho reconoce el propio presidente.

Ese continuismo -sinónimo en ocasiones de pasividad- puede ser sin embargo letal en lo que se refiere a los graves problemas estructurales de la despoblación y los desequilibrios territoriales, ante los que sigue sin percibirse la necesaria determinación política para atajarlos. Todo el mundo admite que la Agenda para la Población no resolverá nada mientras no se sustente sobre un nuevo modelo de ordenación territorial, asignatura ésta sobre la que Herrera ha pasado de puntillas en el debate de investidura sin concretar ningún tipo de propuesta, ni siquiera sobre el papel de unas Diputaciones provinciales cada vez mas cuestionadas.

El discurso-programa del reelegido presidente de la Junta ha constituido casi un dechado de corrección política. Está plagado de buenos propósitos e intenciones compartidos por el conjunto de las fuerzas políticas y de la ciudadanía. Contiene guiños incluso hacia el movimiento del 15-M, tan denostado por otros dirigentes del PP. Pero le falta a mi juicio una batería de medidas que transmitan el mensaje de un giro en la acción de gobierno, algo que se me antoja imprescindible en la critica situación en que está sumido el Estado de las Autonomías.

Al margen de ese código de austeridad, en el que no es oro todo lo que reluce y en algunos aspectos es manifiestamente insuficiente (reducir en un 20 por ciento el organigrama de altos cargos es mantenerlo por encima de lo que existía hasta 2007, sin haber recibido nuevas competencias), se echan en falta medidas de choque que revelen una actitud mas decidida frente a la crisis económica. Menos leyes que por sí mismas no resuelven nada y más compromiso político con lo que se considera prioritario. Por ejemplo: si tan lacerante es el paro juvenil, ¿a que se espera para implementar inmediatamente un plan regional de choque contra el mismo?

Con un gobierno Zapatero amortizado y con un Rajoy cada vez mas cerca de La Moncloa ya no tiene sentido refugiarse en victimismos. Herrera y su nuevo gobierno bien harían en ir cambiando el “chip”.


(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 27 de junio)


HERRERA, ANTE SU TRANCE MAS INGRATO

Se desconoce hasta donde pensaba llegaba pensar Juan Vicente Herrera en el recorte de la estructura de gobierno y organigrama de altos cargos de la Junta y demás entes públicos adscritos a la Administración Autonómica, pero el ejemplo de otras comunidades gobernadas por el PP puede que le obligue a llegar mas lejos de lo previsto.

El compromiso contraído desde la calle Génova de que no ninguna comunidad autónoma tenga mas diez Consejerías se viendo ampliamente superado. Solamente el nuevo gobierno presidido por Francisco Camps en la Comunidad Valenciana ha apurado ese limite y ello ha sido después de reducir en tres el anterior número de Consejerías. En Madrid, donde Esperanza Aguirre ya había reducido estructura de gobierno durante la anterior Legislatura, el nuevo gobierno autonómico lo integran ya solo ocho consejeros. El murciano Ramón Luis Valcárcel los ha reducido de 10 a siete, recorte solo superado por el nuevo presidente balear, José Ramón Bauzás, cuyo gobierno está formado únicamente por seis consejeros (en la pasada Legislatura llegaron a ser 14, pasando luego a 10).

Pero en esta escalada de recortes en las Autonomías gobernadas por el PP sin duda se llevan la palma los anunciados por María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha. No en cuanto a número de Consejerías -en principio se mantendrán siete- pero sí en cuanto a reducción de altos cargos (se dice que un 60 por ciento) y supresión de organismos públicos. La nueva presidenta castellano-manchega ha llegado mas lejos que nadie, decidiendo, sin ningún consenso político, no solo reducir estructura de gobierno, a lo cual tiene perfecto derecho, sino instituciones autonómicas no gubernamentales, tales como el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social, cuestionando asimismo la permanencia futura de la Sindicatura de Cuentas.

Con ello Cospedal se ha pasado se ha pasado de frenada, utilizando la coartada de la austeridad para suprimir de un plumazo instrumentos de control como los mencionados, sin los cuales podrá gobernar a sus anchas. Cuando la calle clama por una mayor participación democrática, la presidenta castellano-manchega responde eliminando cauces de participación social, como lo es el CES, y suprimiendo la figura encargada de recibir y responder las quejas del ciudadano. La cosa es como para echarse a temblar, máxime cuando dicha regresión democrática no viene de ninguna dirigente descontrolada, sino de la secretaria general del Partido Popular. De hecho, Mariano Rajoy se ha referido a los recortes en Castilla La Mancha “como ejemplo de lo que va a hacer el PP en toda España”.

Conociendo a Juan Vicente Herrera, algunas de estas medidas de Cospedal (otra es la recortar las subvenciones a los agentes sociales) tienen que haberle puesto los pelos de punta. Por fortuna para él, las mas impresentables (supresión del CES y del Defensor del Pueblo) aquí ni siquiera se pueden plantear, ya que, al igual que el Consejo Consultivo y el Consejo de Cuentas, son instituciones reconocidas en el Estatuto de Autonomía, las cuales por tanto no pueden suprimirse sin acometer previamente una nueva reforma estatutaria.


Pero de lo que no puede sustraerse el presidente de la Junta es de proceder a un drástico recorte en el organigrama de gobierno que ha mantenido en la pasada Legislatura, un recorte que no tendría que ser tan drástico si se hubiera realizado alguna poda intermedia en los dos últimos años. Herrera, que en 2007 se inventó dos nuevas Consejerías e incremento en más de un 25 por ciento la nómina de altos cargos, no ha reducido nada desde entonces y ahora le va a tocar ponerse al día. Es lo que pasa cuando por pereza no se hacen los deberes a tiempo.

El hecho es que acaba de ganar de calle las pasadas elecciones y sin embargo tiene que afrontar el ingrato trance de prescindir de una parte significativa de los altos cargos que le han rodeado durante los pasados cuatro años. Paradojas que tiene la política.

El Norte de Castilla

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