Más allá de sus conocidas repercusiones políticas, la “inmolación” protagonizada la pasada semana por Francisco Camps, el dimisionario presidente valenciano, simboliza a la perfección el pinchazo de la gran burbuja política que ha significado en España el despliegue del Estado de las Autonomías.
Si hay una región española que en las últimas décadas se ha dejado deslizar irresponsablemente por el tobogán de un crecimiento urbanístico descontrolado, esa ha sido sin duda la de Levante. A rebufo de la gallina de los huevos de oro del sector turístico, la comunidad valenciana apostó sin reservas por el cortoplacista cultivo del ladrillo, generador de ingentes plusvalías y pingües ingresos que han atiborrado durante años las arcas públicas de los ayuntamientos y de la propia comunidad autónoma. Un modelo de desarrollo manifiestamente insostenible, no solo económicamente, sino también territorialmente, al punto de que la Unión Europea dio la voz de alarma ante la saturación urbanística detec
tada en la franja costera levantina, donde resulta todo un hallazgo encontrar un solo tramo de tierra virgen.
Aunque esa dinámica ya estaba en marcha, la llegada a la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana conllevó su impulso definitivo. Procedente de la alcaldía de Benidorm, donde había promovido el polémicoTerra Mitica, Zaplana tenía muy clara la senda a seguir (y también, según testimonios recogidos en el llamado “caso Naseiro”, el propósito que le había animado a emprender su carrera política). Antes de que Aznar lo hiciera ministro, el “milagro valenciano” era la envidia de España. Su sucesor, Francisco Camps, se ha limitado simplemente a seguir las mismas pautas, si acaso aumentadas. Recuerdo una visita suya a Valladolid en la que Juan Vicente Herrera le presentó con rendida admiración en un foro organizado por el PP de Castilla y León. El modelo valenciano era para Herrera el referente a seguir por las demás comunidades autónomas.
La abundancia de dinero fácil ha sido el perfecto caldo de cultivo de los delirios de grandeza y proyectos megalómanos propios de los nuevos ricos. Desde la Ciudad de las Artes y de las Ciencias al circuito de Fórmula 1 y el multimillonario contrato con su magnate, Berni Ecclestone, socio del yernísimo Agag, pasando por la Copa América o la visita del Papa, cuyo sospechoso sobrecoste ha sido objeto de investigación judicial por su relación con el caso Gürtel. Naturalmente, en ningún momento nadie se paraba a pensar que algún día podía pincharse la burbuja inmobiliaria y reducir a arena el adorado becerro de oro.
A los tres años de crisis económica, el resultado es que Valencia es la comunidad autónoma más endeudada de España y una de las que registra mayor índice de desempleo. Eso en cuanto a lo socio-económico. En lo político, bate todos los records de casos judiciales instruidos por presunta corrupción. Aparte de los imputados en la trama Gürtel (del cual los trajes son simple fleco), se cuentan por decenas los alcaldes y concejales investigados judicialmente, a los que hay que sumar a los anteriores presidentes de las Diputaciones de Castellón, el célebre Ricardo Fabra, y de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll.
Todo ello convierte a la Comunidad Valenciana en el paradigma de esa “burbuja política autonómica” referida al principio. La coincidencia en el tiempo de ese desmesurado crecimiento sustentado en el ladrillo con la tendencia al derroche de las instituciones autonómicas ha conducido a esa situación límite. Valencia no era el referente a seguir, era justo el modelo a evitar. Y lo lamentable es que en algunos de sus más perniciosos aspectos sin duda lo hemos estado emulando.
(Publicado en la edición impresa de “El Norte” de 25 de julio. En las fotografías, Eduardo Zaplana y Juan Vicente Herrera con Francisco Camps)

