Con el dinero que se defrauda en España podríamos comprar Libia y aun nos sobraría algo de calderilla para colocar a la familia Gadafi en la órbita de Marte. No está nada mal para un país, el nuestro, que nada en la abundancia. La Universidad Pompeu Fabra estima que el fraude fiscal en España asciende a 80.000 millones de euros. Debe de resultar difícil calcular cuántos billetes se mueven sin control de la mano al bolso. Peinar la oscuridad fiscal para sabanear lo que se birla a las cuentas del Reino debería convertirse en algo capital. Incluso sale un buen pico si se cuantifican las monedas que todo el mundo tiene desperdigadas por los cajones del mueble bar. El caso es que siendo estas cifras mareantes, y dada nuestra situación financiera, resulta sorprendente que las autoridades no pongan en marcha los mecanismos que desmantelen el trile. Hace tiempo que los inspectores de Hacienda se ofrecieron a trabajar gratis horas extra para sacudir la alfombra del fraude. Pero este Gobierno, como los anteriores, parece no considerar prioritario poner negro sobre blanco.
Hace algunos años España disputaba a Canadá el octavo puesto en el G-8. Los mecanismos del Estado podrían haberse empleado a fondo para blanquear la colada, colgarla en el tendedero de los países ricos y cargarse de razones. Se desestimó porque hubiésemos perdido el maná económico proveniente de Europa y también al hecho realista de que el lobby anglosajón no iba a resquebrajarse, prevaleciendo de una sola pieza en ese fatuo organismo.
Hoy la necesidad obliga a que la Administración persiga de forma implacable al que traiciona a su país. Los focos para comenzar a remover las cuentas son casi inagotables. Solo es necesario dejar actuar a los funcionarios que conocen el meollo de la cuestión. Nos urge hacer caja, no para comprar Libia y ordeñarla hasta que se nos agrieten las manos, sino para afrontar el presente y apuntalar el futuro. Es la vía legítima para no hurgar más en la herida del desamparo al que han sido sentenciados los débiles.
Publicado en El Norte de Castilla el 29 de junio de 2011