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LAS IDEAS DE LOS EXPERTOS

De la comisión de expertos creada para desbrozar el camino a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica han salido algunas ideas que los políticos dirán luego si les resultan útiles o las descartan. Una de ellas consiste en la urgente reforma del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) que se ha convertido en un instrumento para premiar a las comunidades autónomas que no reducen el déficit público. En realidad, el FLA es un disparate en sí mismo, ya que no tiene sentido que los desajustes económicos provocados por la gestión de los ejecutivos autonómicos se trasvasen al Estado para que haga frente a deudas ajenas. En vez de ser un correctivo para los derrochadores es una incitación para gastar con desenfreno. Ahora bien, el aspecto más rechazable del FLA estriba en que los excesos de déficit en determinadas regiones se financian entre todos. Asturias tiene que soportar una parte del déficit de Cataluña, provocado por la red de embajadas y los sueldos públicos más elevados de España (tras subirse el sueldo el 6,3%, el honorable Puigdemont gana 154.471 euros anuales, lo que supone el 84% más que el salario de Rajoy y más del doble de lo que gana Javier Fernández. En Cataluña, hasta los directores generales tienen un sueldo más alto que Rajoy. No cabe la menor duda: España les roba). Bajo el criterio de los profesores de Hacienda que integran la comisión de expertos, el FLA exige una profunda reforma. Ahora bien, si se creó este engendro fue precisamente para rescatar a Cataluña, hundida con una deuda que roza los 70.000 millones de euros. Y para rescatar a alguien, tiene que haber otros que presten su ayuda. Unos se quejan y amenazan con consultas populares mientras a otros les toca asumir las deudas ajenas.

Los expertos proponen crear un fondo entre todas las comunidades autónomas para utilizarlo en los momentos de crisis. El dinero ahorrado en los años de bonanza serviría para financiar los servicios públicos en la época de vacas flacas. Toman la idea del Fondo de Reserva de las Seguridad Social para pagar las pensiones, cuando las prestaciones superan a los ingresos. Técnicamente puede ser una idea plausible, pero políticamente es muy difícil de instrumentar. Las comunidades ricas recelan de compartir recursos con las más pobres. En el caso de territorios gobernados por independentistas, como Cataluña, el rechazo está asegurado. Hay cosas que puede proponer un profesor, pero que no llevará a la práctica un político.

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