Artículo publicado en “El Norte de Castilla” el 3 de marzo de 2019

El pasado viernes, 8 de febrero el Boletín Oficial de Castilla y León publicó la Orden por la que se establece la estrategia de gestión integrada de riesgos derivados de la presencia de topillo campesino (Microtus arvalis), en el territorio de Castilla y León. Dicha orden expone que el establecimiento de las medidas preventivas constituye una estrategia compatible y respetuosa con la conservación de los distintos ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales de la región.

Previamente a su publicación oficial, como si estuvieran preparando el terreno antes de la siembra, aparecieron en prensa las declaraciones de los representantes de las Organizaciones Profesionales Agrarias, afirmando que el conjunto de medidas no les satisface y reivindicando especialmente la quema de rastrojos y la utilización de venenos raticidas.

En primer lugar, es importante mencionar que esta estrategia supone un giro positivo de la administración regional. Aunque han tenido que transcurrir más de diez años desde que en 2007 fuéramos el triste referente de la España más troglodita, parece que finalmente se han adoptado los criterios técnicos y de sentido común que algunas personas sugerimos en su momento.

Entre ellos se menciona la importante recomendación de remover periódicamente el terreno en los campos de alfalfa y en los cultivos sin apenas laboreo, plantados con siembra directa, que actúan como reservorios ideales para la especie y el fomento de los depredadores naturales, dejando para el último lugar y en casos muy excepcionales, en los que no haya funcionado el abanico de medidas fitosanitarias “blandas”, la utilización de sustancias rodenticidas.

La agricultura es una actividad que se desarrolla en  el medio natural y por esa razón parece extraño que los que se consideran a sí mismos los primeros protectores de ese medio, en el que viven y trabajan, quieran utilizar en primer lugar el armamento más destructivo. Probablemente los colectivos de cazadores podrían explicar con conocimiento de causa, y sería positivo que lo hicieran de nuevo, lo que ocurrió en su día con las liebres y otras especies.

Los sindicatos agrarios deberían informar a sus socios de que el dinero que llega desde Europa, como los fondos de la PAC (Política Agrícola Común), no lo hace como el maná caído del cielo, sino previo cumplimiento a rajatabla de una serie de requisitos, asumiendo la normativa europea y poniendo en marcha unas prácticas de cultivo respetuosas con el medio ambiente y con la conservación de las especies que viven en ese entorno agrícola. Así, es imprescindible la exigencia del cumplimiento de las Directivas Comunitarias, como condición para la percepción de las ayudas correspondientes. Y entre estas Directivas se encuentran la de protección de las aguas subterráneas contra la contaminación, la Directiva de conservación de las aves silvestres, la Directiva sobre protección del medio ambiente y, en particular, de los suelos, en la utilización de lodos de depuradora en agricultura, la de protección de aguas contra la contaminación por nitratos, la Directiva sobre conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre, y la de comercialización de productos fitosanitarios.

En la actualidad, existe una grave problema de declive de las especies de aves que viven en los medios agrícolas, como el sisón, la ganga o la ortega, que están despareciendo a un ritmo alarmante, provocado por la intensificación: la pérdida de setos y barbechos tradicionales, el drenaje de tierras, la mayor mecanización, el aumento del uso de fertilizantes y pesticidas, la simplificación de rotaciones de cultivos, los cambios en los cultivos y la homogeneización de los agrosistemas. Irónicamente, este tipo de prácticas han sido las que han favorecido también la expansión del topillo campesino en Tierra de Campos, donde no existía con anterioridad.

Lo esperable es que los dirigentes de los sindicatos del gremio dejen de hacer populismo agrícola, busquen buenos asesores técnico-científicos y sean mucho más respetuosos con el medio que sustenta –y lógicamente limita– su actividad, y con las valiosas especies silvestres que a duras penas sobreviven en él. Los consumidores, que somos todos, también lo agradeceremos por el beneficio que supone para nuestra salud y calidad de vida. Esperamos no tener que aguardar otros diez años para todo ello.