Por si cabían dudas sobre el mandato establecido por el Estatuto de Castilla y León, aprobado por las Cortes españolas en el 2007, la Junta ha enviado al Gobierno central esta semana un denso informe jurídico que avala el traspaso de la cuenca del Duero a la Administración regional. Una iniciativa que, por otra parte, ya tiene antecedente en la cuenca del Guadalquivir, cuya gestión ha pasado, sin mayores ruidos, a la Junta de Andalucía. No se trata, en cualquier caso, de una cuestión menor, sino de una nueva posibilidad estratégica que, si se sabe aprovechar con éxito, puede incidir más que positivamente en el futuro de nuestra comunidad autónoma.
Por el propio proceso de evolución de las sociedades industriales, y con el agravante, en los últimos años, del cambio climático, la cuestión del agua empieza a ser vital en el desarrollo de los países y de las comunidades. En lugares como México DF, por ejemplo, la necesidad de llevar agua potable a una población cuyo número, por inmenso, ni siquiera puede llegar a determinarse, constituye un problema que en los próximos años puede acarrear enfrentamientos sociales todavía mayores de los que hoy se viven allí. Y lo mismo sucede en centenares de ciudades, no todas del segundo ni del tercer mundo… En Castilla y León, por mucho que nos cueste creerlo en unas fechas en las que algunos de nuestros ríos se han desbordado y en las que los pantanos se han empezado a recuperar, la sequía, la salinización de los pozos o la contaminación de los acuíferos con arsénico son signos que hacen necesaria una mayor racionalización en la administración de un bien tan frágil como el agua. Un bien, además, del que depende una buena parte de nuestra economía pasada, presente y sobre todo futura.
El Duero, ese río que «cruza el corazón de roble de Iberia y de Castilla», como escribió don Antonio Machado, constituye la arteria mayor de un verdadero paraíso ecológico cuyas posibilidades no están todavía, ni mucho menos, puestas en valor. Un recurso de recursos que está pidiendo a gritos un plan integral, que sólo puede gestionar una comunidad autónoma empleando cuantos esfuerzos sean necesarios para llevarlo a cabo. No se trata sólo de los embalses, acuíferos y regadíos de la cuenca, sino también de la delimitación de nuevos espacios naturales, de la creación de nuevos atractivos turísticos y hasta de la prevención de inundaciones, algo que también estos días hemos sentido muy de cerca. Eso por no hablar de la posibilidad de crear un espacio único en Europa colaborando con la vecina Portugal: un espacio de ecología, de cultura, de enoturismo…
Habrá quien apele, en contra de este gran proyecto, a la necesaria solidaridad entre las diferentes regiones de España o de Europa. Pero lo cierto es que hasta la fecha las cesiones de agua que hace Castilla y León a otras comunidades (estoy pensando en el agua del Alberche, aunque sea de la cuenca del Tajo, que da de beber a la comunidad de Madrid) jamás tienen réplica. Y ya va siendo hora de que la solidaridad contemple también el camino de vuelta.
Dice el eslogan que’ Castilla y León es vida’, y nuestros ríos, partiendo en dos las montañas para abrirse en cañones o en amplios valles, son el signo mayor de esta vida. De una buena gestión de este caudal dependen muchas cosas, entre otras que podamos tener ese futuro verde que nos demandan nuestros hijos. Verde y próspero, como deberá ser esta tierra cuando las aguas claras se lleven los lodos de la crisis. También lo decía Manrique, «nuestras vidas son los ríos».