Ni la intercesión canónica llamando a la serenidad del pueblo y a la acción gubernamental —con la ayuda de Dios— ha obtenido otro resultado, ante los linchamientos y demás atrocidades sufridas en Bolivia al calor de la llamada justicia comunitaria, que la perpetuación de la justicia. El último caso ha sido la muerte adolescente de un chico de 16 años, por el juanadearconiano y efectivo método de pegarle fuego, sospechoso de violar y asesinar a una de siete, en pleno remolino de la celebración del Carnaval. Otro carnavalesco método empleado por los justicieros es el de atar a un árbol al supuesto culpable y rociarlo con hambrientas hormigas venenosas, sin dejar de lado el no por ordinario menos fiable balazo en la nuca. ¿Y qué hace el Ministerio de Justicia? El Ministerio de Justicia investiga. Investiga y condena. Investiga > y condena >. Y los linchamientos populares continúan. Porque la propia Constitución ampara, si no los métodos sí el concepto, y qué otro sentido puede tener el concepto de justicia comunitaria que el de que la comunidad haga justicia, o sea la que le parezca, y esto lo saben tanto el ministro como el obispo, se pongan como se pongan.

Qué barbaridad. Desde luego la falta de educación es una lacra social que urge erradicar cuanto antes. Alguien debería instruir a estos labriegos indígenas en las bondades —y no solo bondades: necesidades— de una democracia bien construida, la importancia que tiene el disponer de instituciones fuertes, articuladas. Por ejemplo el Tribunal del Jurado, con el que el pueblo puede hacer justicia como corresponde, ya sea el caso de homicidio o de malversación de caudales públicos, y si uno no termina de comprender los matices del todo no ha de preocuparse, con prestar atención y un poco de sentido común la opinión se forma sola, cristalina, y puede emitir su veredicto con toda la seguridad de haber honrado a la democracia. Educación, eso hace falta.

(El Norte de Castilla, 9/3/2017)

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