Freud escribió que uno es dueño de lo que calla pero esclavo de lo que dice, y ahora el Tribunal Supremo ha ratificado al padre del psicoanálisis con una serie de condenas de prisión por enaltecimiento del terrorismo en la red social del pájaro azul. Solo que no lo ha ratificado en absoluto, sino llevado hasta el extremo deformante.

Establecer el límite de la libertad de expresión es acaso el más delicado ejercicio a la hora de aplicar el derecho penal. Y mucho más cuando la evaluación ha de ceñirse a la camisa de fuerza que suponen los 140 caracteres que caben en un tuit. Tomemos el siguiente eructo: Ortega Lara habría que secuestrarle ahora [27 de enero de 2014, con Lara como candidato de VOX]>>. Resulta gramaticalmente cristalino, literalmente unívoco. Claro que el autor siempre puede recurrir a la ironía como defensa: no hay que tomarlo en el sentido literal, falta el contexto. Admitir por rutina tal argumento supondría habilitar la impunidad a que cada cual emitiera el eructo que le viniese en gana, por muy burro que fuese. Así, al tribunal no le queda otra que asirse a los 140 caracteres de cada tuit.

Pero tal no ha de suponer una lectura miope. ¿Cómo creer en conciencia que el autor del eructo quería en verdad ver otra vez a Ortega Lara enterrado en un zulo? Si por algo se caracteriza Twitter es precisamente por la falta de contexto, y por ello los tribunales han de hacer un esfuerzo extra de cintura interpretativa. Que en caso de alumbrar una mínima duda habría de concluir en favor del eructante. Resultado al que por otro lado el propio medio conducirá casi siempre. La tecnología ha desbordado al derecho, y penalmente solo cabe, salvo flagrantes, puntualísimas excepciones, encomendarse a la responsabilidad personal de los tuiteros. Lo único que se le puede condenar al del eructo es su falta de gusto.

(El Norte de Castilla, 27/4/2017)

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