Se tiene la imagen de Holanda como la del paraíso de la tolerancia. O del infierno de la depravación. Eutanasia avanzada. Aborto controlado. Asesoría en hachís y drogas blandas. Parecen los nombres de materias optativas para una licenciatura on-line, pero no hacen sino sintetizar la situación real, o al menos la legal —la legalidad es la realidad sancionada—, de la convivencia en los Países Bajos. Donde una bicicleta puede, literalmente, detener a un tranvía con el que llega a la vez a un cruce, aunque no ahorrarse la reprimenda gestual del conductor del tranvía —aparte el sobresalto—. Donde la red de trenes funciona puntual y casi silenciosa, aunque si por despiste o ignorancia pagas un billete que no te corresponde te caerá una multa digna de un desfalco suizo. Y así ha de ser, aun cuando puntualmente escueza.

El ideal de la aplicación de la ley debería ser el automatismo: temporal y general; sin entrar en el contenido, que el contenido viene después y será, siempre, discutible, graduable, reversible incluso. Esa inmediatez ciega en la aplicación de las normas —lo contrario a lo habitual en España, tierra de la excepción arbitraria, aunque no siempre malintencionada, y la demora endémica—, esa certeza en la fiabilidad de la ley proporciona seguridad jurídica pero sobre todo tranquilidad de espíritu. Con unas normas claras y funcionales el ciudadano adquiere más autonomía, porque sabe a qué atenerse, al punto de olvidarse de la norma al asumirla en su conducta por el mero vivir al día; el ciudadano es, en suma, más libre.

Holanda es a la autonomía ciudadana lo que Kant al pensamiento independiente. Ahora han (re)abierto un burdel en Ámsterdam que será autogestionado por las prostitutas, en situación legal (tributación y cotización a la SS) desde el 2000: podrán determinar sus horarios, saber de antemano la tarifa por el alquiler de la habitación, ser parte del consejo asesor. ¿Infierno? Sospecho Francisco no lo calificaría de tal.

(El Norte de Castilla, 1/7/2017)

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