La tramitación de la ley de la eutanasia está dejando, como suele, la descorazonadora e invencible impresión de que aun quienes la defienden no creen en ella. Hay que dejar de marear con subterfugios léxicos y plantar desde el comienzo de qué estamos hablando cuando hablamos de eutanasia. Hablamos de suicidio, de la decisión de un hombre de quitarse la vida. Que el suicidio haya de ser asistido no debiera implicar una valoración del grado de sufrimiento del peticionario, pues solo él podría determinarlo, y acaso ni siquiera pueda él; pensar que es posible establecer una escala del dolor para, a partir de ella, valorar si la petición resulta o no apta es como intentar evaluar la belleza de los distintos azules del mar. El dolor es algo totalmente subjetivo, y el hecho mismo de que se haya formulado la petición ya debería ser prueba suficiente de que ese dolor resulta insoportable.

Pero supongamos que en efecto tal escala es posible; o una valoración externa que, con el inevitable resquicio de duda que nunca se podría llegar a suprimir, tuviera un fundamento científico sólido —el dictamen compartido de tres psicólogos o psiquiatras—. En tal caso, ¿qué si el dictamen denegatorio? ¿Dónde la moralidad de impedirle a alguien que no puede valerse por sí mismo que ejerza su derecho más básico, el derecho a la vida? Porque el suicido no es otra cosa que eso; un ejercicio negativo, si se quiere, pero un ejercicio al cabo (la vida nadie la ha pedido, y nadie tiene la obligación de disfrutarla/soportarla). Cierto: la petición acaso sea producto de un periodo de negrura que, con el tiempo, quizá se llegase a aclarar e hiciese al peticionario cambiar de idea. Solo que esta hipótesis pertenece al resquicio insoluble de la duda, y por tanto la denegación no puede fundarse en ella.

La petición de muerte, además de por respeto a la dignidad personal, debería siquiera atenderse por pura misericordia. Pues es ante todo una petición de socorro.

(El Norte de Castilla, 27/09/2018)

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