El habitual <<y tú más>> y <<pues anda que tú>> en que suele consistir la dialéctica parlamentaria ha alcanzado cotas de auténtico paroxismo con la designación de los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Pobreza dialéctica de la que los medios de comunicación tampoco están exentos, y si no, compruébese cómo al lado del nombre del designado presidente aparece casi indefectiblemente el adjetivo <<conservador>>, y al lado del del vice, <<progresista>>. ¿Pero qué función tienen estos adjetivos en realidad? ¿Qué nos dicen de los magistrados? No nos dicen sino una obviedad —dando por sentado que en realidad les sean aplicables—, que ha sido subrayada por la Fiscal General del Estado: que, como cualquier persona, un juez tiene posturas ideológicas. Las cuales no deberían condicionar la aplicación de la ciencia jurídica; sin embargo, con la insistencia en los adjetivos se contamina la justicia, como con el conocimiento de los nombres. Porque la justicia no solo debería ser ciega sino también anónima. Que el ciudadano conozca los nombres —y las circunstancias— de los jueces actúa en su propio detrimento, por la erosión inevitable de la independencia judicial que implica (y con ella del Estado de Derecho).

Si no el origen, es probable que el punto de inflexión del conocimiento del perfil público de la judicatura se diera con Baltasar Garzón; con él/tras él, no pocos jueces se situaron delante de los focos, y hasta alcanzaron la denominación de <<jueces-estrella>>. O sea que se anteponía el juez al Derecho, el plano/contraplano al fallo judicial. Hoy seguimos aun más enfangados en esta dinámica, y el punto de inflexión se haya quizá —ay— convertido en uno de no retorno.

(El Norte de Castilla, 24/11/2021)

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