Hay oficios o dedicaciones, como quieran, en los que sus protagonistas son insaciables. Piensen en banca o en política; o, por supuesto, en la telefonía móvil, capaz de cobrar intereses, gastos de demora e incluirte en listas oficiales de morosos, si a usted no le sale de cierto sitio pasar por su aro y pagar como un bendito. Existen más sectores en los que seguro piensa, pero allá los avariciosos con su forma de ganarse la vida.
Entre todos, mencionados o no, me quedo con los inmobiliarios eventuales, los caseros particulares que convierten su vivienda que tan dignamente han obtenido o heredado en objeto de negocio asombroso. Atrás quedan los tiempos en los que resultaba más complicado poner en la calle a un inquilino que divorciarte, cuando la ley de arrendamientos urbanos sobreprotegía a los arrendatarios y esto del divorcio estaba en pañales. Muchas veces no había forma ni humana ni divina –y menos jurídica– de deshacerse del inquilino. Y miren, aunque no pagara, aquello se convertía en un calvario para el arrendador que en ocasiones además de no cobrar la renta pertinente se veía abocado a sufragar gastos en los tribunales. Pero ya les digo que son tiempos pretéritos y ahora el casero tiene todas las de la ley, lo que es un alivio para la seguridad en los negocios jurídicos y deja atrás ese voluntarismo entrañable tan propio de aquella sociedad en la que muchos se vestían por los pies y en la que no valía todo.
Sin embargo, tanto proteger ahora al casero este se ha vuelto codicioso. Ayer precisamente el consejo de ministros, en los últimos estertores de este Gobierno efímero, aprobó un decreto –otro más– de medidas para el alquiler de viviendas que pretendía frenar la avidez de los arrendatarios, extremadamente propensos en estos años a colocar las rentas más cerca del vuelo que del suelo. Pero, como casi todo lo que ha emprendido el fallido Sánchez, no ha podido ser y el precio continuará sin límites y será el que «libremente pacten las partes». Una salvedad: la actualización anual no puede superar el IPC. Algo es algo, pero parece más bien poco para como lo pintaban y exigían desde la izquierda.
Los caseros podrán así seguir con su escalada legítima y legal, pero ya saben amoral o inmoral, concepto que seguro les suena. Y en Segovia, como siempre, pues otros dos huevos duros, porque a la tendencia general en todas las Españas se suma la querencia particular y natural a que la ciudad sea rácana en oferta de vivienda y generosa en la demanda, parte a la que se han sumado los estudiantes, muchos de ellos con tanto poder adquisitivo que revientan el mercado.
Una familia media, o no tan media, no es competitiva en esta alhóndiga de avaricia; ahora en el casco histórico vacío, por soluciones habitacionales cobran lo que hace nada por una vivienda digna para usted y su familia, sin tener que compartir. El poder de los niños y niñas estudiantes, que vienen con el papá de guardaespaldas con la chequera en la mano para instruirse en esta tranquila capital de provincias, es devastador. No hay manera de competir.
También podemos echar la culpa de esto a Atilano Soto que se empeñó en ceder un bien público para una universidad privada. Y miren la que ha liado: estamos invadidos por ricos que a su vez hacen ricos a otros, precisamente a esos oficios o dedicaciones insaciables de las que hablábamos. Entre ellas, la de casero, figura que por mucho que se intente siempre resultará antipática, por codiciosa.