Leía a principios de año que por primera vez en España unos banqueros entraban en prisión. No sé si será exacto, pero así lo vendían en la prensa. Eran cinco condenados por apropiarse de lo que no es suyo y por administrar mal lo que tampoco les pertenecía en la extinta fusión de las cajas de ahorro gallegas. Al verlo pensé que la Navidad ya había terminado, que la sucesión de cursilerías llegaba a su término, afortunadamente y, nunca mejor dicho, gracias a Dios. Se acababan así los buenos deseos y empezábamos el año dando a los ricos fuerte y a la cabeza para satisfacción del pueblo soberano.
Al leerlo me acordaba de Segovia y de la que fue su caja, en una asociación de ideas que firmaría un niño. Y al ver la fotografía de esos veteranos de trajes impecables en el banquillo –por cierto, de asientos individuales lo que da menos sensación de grupo organizado– comenzaba a imaginarme la instantánea segoviana si el caso de las prejubilaciones hubiera continuado. Ya veía a los nuestros en el mismo trance, aunque con una indumentaria algo menos perfecta porque los gallegos por lo general cuidan más ese asunto. Fantaseaba con esa equivalencia, pero sin hacerme mucho a la idea porque aquí tenemos el privilegio de ser ciudad casi libre de delitos.
Sin embargo, lo que parecía que solo brotaba de forma pasajera de mi imaginación, se convirtió en una realidad que ha hecho temblar esa prerrogativa de la que hablaba y de la que disfrutamos como lugar prácticamente ajeno a los ilícitos. Habían pasado solo unos pocos días desde que los directivos de las cajas gallegas estaban a buen recaudo cuando este diario desveló la reapertura del caso segoviano con su terremoto correspondiente. No quise pensar que les había echado mal de ojo, algo muy gallego, pero la casualidad y mis pensamientos de extrapolación de aquella situación a la de aquí me hace dar una vuelta a mis dotes para imaginar lo que no debo.
Servido el seísmo, el guion de lo que pueda ocurrir a partir de ahora es imprevisible. Es una ruleta en la que participan los acusados y al final todos los contribuyentes a quienes los abusos y la mala gestión de las cajas de ahorro nos han provocado un agujero en los bolsillos. Imputados e investigados están más de dos centenares de antiguos cargos de esas entidades. Y entre ellos los nuestros –sí, son nuestros paisanos o vecinos, que no solo van a serlo aquellos que consiguen logros, que el paisanaje no se elige–.
Rodada la primera escena con la apertura de nuevo de la caja de los truenos, para la segunda Atilano Soto, su actor más reconocible, aunque no el principal, reclama silencio, tranquilidad y serenidad. La historia ya está escrita y esto es post mortem, parece transmitir quien sabe que los hechos son tozudos y ya no pueden cambiarse. Una calma  que no ha encontrado eco en otros actores de esta película de desenlace sin escribir y que hablan de desasosiego por algo que no tiene fin. Es la condena que supone que un asunto se eternice en los juzgados. Un sufrimiento recurrente para las partes de cualquier proceso.
La tercera y última escena es la que no veo y la más complicada de rodar. Los protagonistas dicen que no se ven en la cárcel por una decisión que consideran legal, la de prejubilar a unos pocos elegidos con cantidades millonarias. Yo tampoco lo percibo en mi imaginación y lo más importante: tampoco quiero que suceda, aunque esto pueda ser caridad mal entendida. No se lo deseo porque ya es bastante la pena social a la que están sometidos desde hace un lustro. Y con eso me doy por pagado.