Qué fácil sería creerse el mensaje que lanza la Moncloa sobre financiación autonómica (ninguna comunidad perderá, dicen) si hace unos días no hubiese habido un encuentro –sin luz ni taquígrafos– entre los presidentes Zapatero y Montilla, encuentro que a su vez estuvo precedido de una amenaza seria de revisar las relaciones entre el PSC y el PSOE si antes del 31 de diciembre no se cerraba un acuerdo sobre financiación autonómica lo más pegado posible al Estatut catalán. Ese ultimátum ha actuado de acelerador en la reacción química que ha inspirado el documento que ayer presentó el vicepresidente Pedro Solbes como base (más parece piedra angular, por lo cerrado que está) de la negociación final del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y ese documento hace imposible creerse el mensaje de la Moncloa de que ninguna comunidad saldrá perdiendo.

Parece que sí, que alguna comunidad saldrá perdiendo porque la solidaridad, ese concepto que garantizaba que ningún servicio público fuese prestado en desigualdad de condiciones a ningún español, va a sufrir un castañazo notable al quedar reducido a los de sanidad, educación y servicios sociales. Todos los demás dejarán de ser esenciales a efectos de financiación autonómica, aunque algunas regiones necesiten garantizar suficientes medios para, por ejemplo, asegurar el buen estado de la masa forestal.

Hay tiempo por delante para que Castilla yLeón trate de que los perjuicios sean los menos posibles. Pero habrá perjuicios. Por mucho que desde la Moncloa traten de vendernos las bondades del modelo.

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