Si en la Moncloa no estuvieran tan azacaneados con las aficiones cinegéticas del ya ex ministro de Justicia, seguro que el encuentro de ayer les habría preocupado en exceso. Seguro, también, que cuando se tranquilicen las aguas electorales empiezan a mirar con cierta cosa la ya tercera reunión de seis comunidades que modificaron sus estatutos de autonomía en plena fiebre reformista de Zapatero y que ahora quieren tener voz y voto en la España autonómica. Lo de tener voto lo pusieron de manifiesto con las decisiones de compartir licencias de caza y pesca o las casas de acogida a maltratadas. Lo de la voz lo empezará a notar el Gobierno de Zapatero en cuanto las seis comunidades de ayer empiecen a recibir adhesiones de las demás autonomías. Ahí radica la carga de profundidad política de la reunión de ayer en Valladolid auspiciada por el Gobierno de Herrera. Por cierto, un Herrera a quien se vuelven muchas miradas dentro del PP nacional una vez que dos barones de renombre, el valenciano Camps y la madrileña Aguirre, pasan por sus peores momentos políticos en el tsunami de la presunta corrupción.
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