VALLADOLID. La semana que termina ha dejado a Castilla y León entre las primeras regiones europeas, con el nombramiento del jefe del Ejecutivo regional, Juan Vicente Herrera, como vicepresidente del Comité de las Regiones de Europa. Y la semana que comienza dejará a Castilla y León entre los primeros puestos de la actualidad autonómica. Llegan días de alta política, de la que se ocupa de los problemas de los ciudadanos, más que de la que se entretiene en declaraciones, “contradeclaraciones” y más declaraciones entre dirigentes de distintos signos, que lo único que logran con esa manera de actuar es alejarse del interés de muchos ciudadanos.
Problemas de agenda en el País Vasco han obligado a aplazar unas fechas el encuentro que mañana iban a mantener en Vitoria los responsables de las carteras de Presidencia de los ejecutivos castellano y leonés y vasco. Lo que iba a ser mañana se aplazará sólo unos días pero, con independencia de cuánto, que no será mucho, lo verdaderamente trascendental del encuentro no es ya que se vaya a producir, que sólo con eso sería relevante, sino que servirá para empezar a concretar políticas de cooperación entre ambas comunidades.
Ibarretxe ni contestó
Políticas de cooperación es una expresión que no constaba en el lenguaje entre los gobiernos castellano y leonés y vasco. Y no será por intentos. Pero los sucesivos “lehendakaris” no han hecho mucho a lo largo del tiempo por responder a las propuestas de diálogo para mejorar servicios en las zonas limítrofes de ambas autonomías. El caso más reciente lo ha padecido el actual consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez López quien, en nombre del Gobierno de Herrera, se dirigió en julio del 2007, recién nombrado, a todas las comunidades limítrofes para proponerles un nuevo marco de cooperación que redundase en beneficio de los ciudadanos. Todas, menos una, contestaron. Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Madrid, Castilla-La Mancha, La Rioja y Aragón aceptaron sentarse, y hoy es el día en el que aquellos acuerdos se han plasmado en documentos que permiten haber superado los tímidos planes iniciales de intercambio de servicios, que en muchos casos se limitaban a la cooperación en materia de extinción de incendios, y ahora desde la Sanidad a los servicios sociales, pasando por los transportes, las infraestructuras, la agricultura y la lucha contra la violencia hacia las mujeres, son muchos y muy prácticos los acuerdos sellados con las autonomías limítrofes.
Con todas, menos con una. El País Vasco. Juan José Ibarretxe, entonces “lehendakari”, ni contestó a Herrera.
El nuevo ambiente político en el País Vasco, que tantos cambios en el ámbito nacional ha traído, también ha permitido dar un giro total a esa falta de relaciones con Castilla y León y ya está sobre la mesa la lista de materias en las que cooperar para prestar servicios comunes a los habitantes de las zonas limítrofes de ambas comunidades.
Es la hora de la alta política, entendiendo por ésta aquella forma de orientar los programas públicos con el único objetivo de facilitar la vida a los ciudadanos. Y no se crean que este calificativo de “alta” para esta forma de hacer política es exagerado. Hay que ponerse en la situación actual: la Junta de Castilla y León acaba de anunciar que va a acudir al Alto Tribunal español, el Constitucional, para denunciar la norma que blinda el concierto vasco. En otros tiempos, esto habría supuesto un alejamiento de tal calibre, que el Gobierno vasco habría retirado hasta el saludo al castellano y leonés. Y ahora, no. Ahora habrá colaboración pese al recurso ante el Constitucional. Si eso no es alta política…
No es el primer ejemplo de cooperación pese a estar un asunto en el Alto Tribunal. Ahí está el caso de Extremadura, que ha recurrido nada menos que el Estatuto de Castilla y León, por las competencias sobre el Duero, y sus respectivos gobiernos no sólo cooperan sino que, además, sus titulares, Guillermo Fernández Vara, del PSOE, y Juan Vicente Herrera, del PP, mantienen una envidiable sintonía a ojos de sus respectivas direcciones nacionales.
La alta política tiene estas cosas. Y que duren. Pero también otras de tan elevada, o al menos similar, repercusión ciudadana.
Despoblación
La semana que empieza el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, va a comparecer en las Cortes regionales para presentar una nueva Agenda de la Población. Con independencia del contenido (hay que esperar al martes para saberlo), al máximo responsable del Ejecutivo regional no le duelen prendas en subir otra vez a la tribuna de oradores de la Cámara para tratar de impulsar medidas que permitan frenar, porque anular es imposible, la sangría de población de muchos pueblos pequeños que están amenazados de desaparición.
Pese a que le avalan las cifras de movimientos vegetativos y poblacionales, el problema no está tanto en qué hacer para que llegue a vivir más gente en la comunidad autónoma, sino en qué hacer con los centenares de pueblos tocados de muerte. Va a ser una sesión muy importante. Primero, porque no tiene antecedentes en las formas (comunicación del presidente y además al inicio de un periodo de sesiones), pero sobre todo por el mensaje político que conlleva: el primer plan contra la despoblación que aprobó Herrera, con el respaldo del PSOE, en el año 2005, no ha resultado, no ha dado ni mucho menos los frutos que de él se esperaban, y el presidente no tiene ningún reparo en presentar uno nuevo. Sabedor, además, de que el PSOE no le va a dar esta vez su apoyo (no hace falta cruzar apuestas; los socialistas de Castilla y León sólo ven en clave electoral el problema de la población y no van a soltar esta presa tan cerca de la campaña).
Juan Vicente Herrera tendrá que afrontarlo en solitario. Pero para eso gobierna, y con mayoría absoluta: suyo es el derecho; suya, la obligación. El martes próximo se conocerá el contenido básico de la Agenda de la Población; pero, por de pronto, una nueva forma de hacer ya ha llamado a la puerta de las Cortes regionales. La decisión de Herrera de redactar esa Agenda trasciende a los gestos y se sitúa en el terreno de la alta política.