La declaración conjunta de los dos grandes partidos, de los dos grandes sindicatos y de la organización empresarial de la región pidiendo a la Junta que vete las fusiones de cajas de ahorro de aquí con las de otras comunidades es una de esas decisiones que en los libros de historia aparecen remarcadas. En una semana en el que la alta política ha entrado en el debate regional (Agenda de la Población, contactos con el País Vasco,…), el acuerdo hecho público anoche tiene una carga de esa alta política, precisamente de esa alta política, que lo sitúa en el privilegiadísimo apartado de asuntos de comunidad.
La contundencia con la que se expresan el PP, el PSOE, UGT, CC OO y Cecale en su comunicado oficial, reclamando el veto de la Junta a las fusiones con entidades de fuera de la región, es de tal calado que habría que remontarse en la noche de los tiempos para hallar un consenso tan fuerte como urgente.
¿Qué quiere decir esta unión? Pues si se tiene en cuenta que es a nivel de estructuras regionales de las organizaciones firmantes, cabe mostrar hasta cierta satisfacción por el hecho de que los firmantes sepan aparcar sus diferencias (y anda que no son abismales las de populares y socialistas en buen número de asuntos) y unirse férreamente cuando de un asunto de peso se trata. Prefieren correr el riesgo de que se les abran heridas en sus respectivos ámbitos internos provinciales que dejar pasar la oportunidad de aparecer ante los ciudadanos como auténticos valedores de una idea, la de comunidad, la de Castilla y León, que también se construye desde las entidades financieras. A Caja de Burgos le lanzan un ultimátum y a Caja de Ávila y a Caja Segovia una advertencia no menos contundente. Que se quieren ir, que se vayan; pero como hay una ley puede evitarlo, no les van a dejar hacerlo.

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