Los socialistas empiezan a padecer por las sonoras discordancias en su discurso autonomista

VALLADOLID. Hace sólo unas semanas, los socialistas presentaron en Valladolid una publicación de su Fundación Perspectivas que, bajo el título “El Estatuto hoy, desarrollo del autogobierno en Castilla y León”, trata de demostrar que los 23 años que lleva gobernando el PP en la comunidad autónoma no sólo no han servido para tratar de igualar las condiciones de vida de los ciudadanos en las nueve provincias, sino que las han agrandado y, además, ha acentuado la gravedad de problemas como la despoblación.
Éste es el resumen de los socialistas después del análisis de profesores de las cuatro Universidades públicas de la comunidad, integrados en el denominado Observatorio del Autogobierno de Castilla y León que dirige Óscar Sánchez, actualmente profesor universitario y procurador por el PSOE en las Cortes. En su vertiente académica, destaca en el Departamento de Derecho Constitucional, de donde han salido importantes puntales del Gobierno socialista y del propio PSOE. Entre los primeros, el director de los asesores de Zapatero, su primo José Miguel Vidal; entre los segundos, la portavoz socialista en las Cortes, Ana Redondo (cabe decir que este departamento no nutre sólo al PSOE de mentes autonómicas; también el PP ha encontrado asesoramiento principal en dicho departamento).
Pero volvamos a Óscar Sánchez. Si resalta por su faceta académica, también lo hace por la política. Y de ésta sobresale una cualidad: no es un político al uso. A su juventud y preparación, une el hecho de que ha sido ponente de la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Es padre de la principal norma institucional que da sentido a Castilla y León como autonomía. Casi nada. Por tanto, se le suponen una serie de valores que no tiene, no ya al ciudadano de la calle, sino el prototipo de político medio de esta comunidad. Entre esos valores, saber distinguir el trigo de la paja y ver la viga en ojo propio si aprecia la paja en el ajeno.
Sin embargo, en un reciente debate con periodistas en La 7 de Radiotelevisión Castilla y León, en la tertulia matinal que dirige Enrique Berzal, Sánchez dejó muy claro que el ideario socialista autonómico pasa en estos momentos por no reconocerle al PP más que errores y la responsabilidad, tan absoluta como las mayorías electorales que encadena desde hace 23 años en estas tierras, de todos los males que aquejan a las nueve provincias.
De acuerdo con esa doctrina, muy “oscarlopeciana”, el desarrollo del Estatuto de Autonomía que pactaron populares y socialistas en el 2008 está tan parado que cabría colegir que no se ha movido ni una micra de todo su contenido. Por culpa del PP, claro, según la teoría socialista. Hay que admitir que en lo que a competencias se refiere sólo destaca la reclamación del traspaso de la gestión del Duero. Y si se tiene en cuenta que de la segunda reforma se arrastran las transferencias de Justicia (ésas sí que están paradas), no es mucho el número de materias a reclamar al Estado, pero es muy elevada su importancia.
Más que competencias
Sin embargo, una autonomía y su autogobierno no sólo viven de competencias; también de otra serie de circunstancias que le dan carta de autenticidad y, si me apuran, de sentido ciudadano. Así, el actual Estatuto reconoce una serie de derechos, de materias de acción exterior de la comunidad y de apartados relacionados con la organización territorial que lo convierten en uno de los más avanzados de España. Pero si se hace caso al Observatorio socialista, no se ha hecho nada. De nada.
Desplacemos del texto el cristal del PSOE y pongamos el del boletín oficial. Hay dos decenas de materias que ya se han llevado al papel: la Fundación para la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el exterior; el plan integral de apoyo a esta ciudadanía; la Ley de Derechos de los Ciudadanos en sus relaciones con la Administración; el decreto ley que transpone la Directiva Europea de Servicios; el decreto de la segunda opinión médica; el decreto de garantías máximas para una intervención quirúrgica; el proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia; el proyecto de Ley de Renta Garantizada de Ciudadanía; la Agenda para la Población; el proyecto de Ley de Derecho a la Vivienda; la Ley de Transferencias de competencias a las corporaciones locales; el proyecto de Ley del Consejo de Cooperación Local; la Comisión de Cooperación con el Estado; convenios con 13 comunidades autónomas; la Delegación Permanente de la Comunidad en Bruselas; la Vicepresidencia del Intergrupo sobre el Sector del Automóvil en el seno del Comité de las Regiones; la Vicepresidencia de este órgano europeo; la Presidencia de dos Comisiones de Trabajo con Portugal; el Memorando de Entendimiento con Portugal; los planes estratégicos con las regiones Norte y Centro de Portugal y, en septiembre próximo, la macrorregión con Galicia y el Norte de Portugal. Pues pese a todo, esto en el análisis de los socialistas no existe, no es desarrollo del Estatuto.
¿Qué quiere el PSOE?
Decía Óscar Sánchez en la mencionada tertulia televisiva que habría que preguntarse por qué el PP no profundiza en el traspaso de la Justicia y para qué quiere las competencias sobre el Duero. Sin embargo, y dado que el PSOE gobierna en España y aspira a hacerlo en Castilla y León (en casi dos años, Óscar López no ha sabido empezar a eliminar el fatalismo que atenaza a los socialistas cuando miran a las urnas autonómicas), cabría preguntarse si es que no quiere que Castilla y León asuma el Duero.
Una máxima de Séneca advierte de que tenemos los vicios ajenos delante de los ojos y los propios, a la espalda. Algo así le pasa al PSOE con el PP y el Estatuto. Se ve claramente en el traspaso del Duero. El PSOE no firmó la Agenda de Población porque no contenía un compromiso de ordenación del territorio. ¿Qué mejor instrumento para ordenar el territorio que tener la capacidad de gestionar el agua? Sin embargo, los socialistas de López, lejos de convencer a sus correligionarios de la Moncloa para que aceleren ese traspaso, se han asentado en el contradictorio discurso de no impulsar esa transferencia; no sólo demuestran atonía y desinterés por el propio autogobierno regional, sino falta de convencimiento sobre sus posibilidades de avance electoral en Castilla y León. Si la tuvieran, no actuarían así.
Un historiador romano, Crispo Cayo Salustio, resaltaba la hermosura de apoyar a la tierra de uno con hechos y criticaba duramente a quienes consideraban absurdo servirla con palabras. Pues bien, el discurso socialista regional sobre el Estatuto carece de hechos que apoyen el desarrollo de la principal norma institucional y está huérfano de palabras que sirvan para conformar un ánimo mucho más positivo para el propio ciudadano de esta tierra.
Han podido hacer más los socialistas por la comunidad si hubiesen sabido convertirse en puente efectivo con la Moncloa para agilizar determinados traspasos, pero se han limitado a criticar y criticar sin poner remedio a la situación. El desarrollo de la principal norma institucional de una comunidad autónoma no es competencia única de los gobiernos. Otra cosa es que quien tiene capacidad para complementar ese trabajo decida mirar para otro lado. Cada uno se contradice como quiere. Y cuando quiere. Pero las urnas, si algo no perdonan, son las contradicciones. Incluso las inexplicables. Por mucho que quien las explique sea padre del Estatuto.