Balance Histórico de la Constitución

Pedro Carasa

Cada 6 de diciembre hemos exaltado la constitución de 1978 como la causa de todos nuestros éxitos. Es verdad que su balance general ha sido positivo, pero hoy vemos que no ha resuelto el problema territorial. La crisis nacionalista actual arranca en los defectos de la formación del estado de las autonomías, pero los políticos no lo reconocen ni consiguen un objetivo común para reformarlo. Una mirada histórica puede combinar mejor la complacencia con la crítica de la constitución. Si el recorrido largo por la evolución constitucional de España reconoce buenos resultados, un repaso más corto de sus últimos cuarenta años descubre importantes deficiencias.

España ha sido constitucional el 75% de los últimos siglos, sólo el 25% ha sido gobernada por el absolutismo o la dictadura. Pero sus constituciones han tenido corta vigencia, apenas 20 años cada una, tanto que parecían programas de partido que cambiaban cada legislatura.  Los 39 años de la constitución de 1978 son cortos comparados con otras occidentales, pero son largos en la historia española. Su longevidad se debió al pacto entre diversos partidos en la Transición, impropiamente llamado consenso. Desde esta larga perspectiva, el balance ha sido positivo porque ha posibilitado una pacífica salida de la dictadura, ha consolidado la democracia, ha permitido la incorporación a Europa y ha transformado su sociedad y desarrollado su economía con normalidad.

              En cambio, su análisis desde la Transición nos descubre nuevas circunstancias y algunas limitaciones. El pacto de 1978 fue forzado por el miedo a la guerra civil y la necesidad de reconciliación que latía en la sociedad española. Esa presión militar no existe hoy y el pacto es más difícil. La constitución se redactó en el momento álgido de la democracia social en Europa, en cambio hoy imperan, ante la crisis de la socialdemocracia, el neoliberalismo y el populismo, que imposibilitan los acuerdos. Otra grave circunstancia es que hemos pasado de la autonomía pactista al nacionalismo soberanista, en buena medida por el carácter impreciso y competitivo del título VIII de la carta magna.

En efecto, el pacto constitucional dibujó un sistema de comunidades autónomas indefinido, no cerrado, competitivo, desigual, escalonado y con diferentes ritmos de construcción: ciudades autónomas, comunidades autónomas, regiones, nacionalidades históricas y no históricas. Ello ha alimentado una carrera desbocada por acaparar financiación y competencias, ha debilitado el estado y ha generado diferencias insalvables entre las autonomías. Esta deriva separatista afloró en 2001 con el pacto de Lizarra y el plan Ibarretxe, y desde 2012 con el viraje independentista de Mas y finalmente la república de Puigdemont (el soberanismo es siempre la aspiración inexorable del nacionalismo).

La entrega a las autonomías de las competencias básicas del estado de bienestar ha vaciado de capacidad solidaria al estado y ha roto la igualdad y solidaridad de todos los territorios. La competencia de educación en manos nacionalistas ha manipulado la historia y ha adoctrinado un espíritu nacional excluyente y victimista. El monopolio soberanista de los medios de comunicación ha minado el afecto a España y ha generado una fractura social.

La constitución incluyó la insolidaria financiación autonómica del privilegio foral del concierto vasco. No se entiende que la izquierda lo admitiera, ni que lo justificara la violencia de ETA, ni que Urkullu lo disfrace hoy de solidario. Ha sido la secreta aspiración del pacto fiscal catalán, germen del soberanismo, que la avaricia de Pujol rechazó antes.

Otro defecto indirecto ha sido la ventaja electoral y representativa de los nacionalistas, con ella Arzallus, Pujol, Ibarreche y Mas lograron la bisagra para depredar el presupuesto estatal con pactos políticos, ocultos e insolidarios, y estimular sus aspiraciones nacionalistas. Las elites engordaron la corrupción del 3% que luego taparon con las esteladas.

Se ha reformado el sufragio extranjero y el déficit, pero están pendientes las reformas constitucionales más urgentes para asegurar la igualdad de los españoles. Pero hay valores dominantes de muchos políticos que impiden defenderlas: Unos neoliberales complacientes con el proteccionismo, unas autoridades autonómicas solo dispuestas a recibir más, una izquierda clásica que no defiende la igualdad y la solidaridad, unos sindicatos que sólo lloran y no construyen, unos populismos radicales que son soberanistas para romper el régimen de la Transición y fracturar el estado, unas ideologías transversales que usan el separatismo como instrumento de presión, unas generaciones radicales centradas en la acción antisistema y unos partidos políticos muy cortoplacistas.

Urge una reforma constitucional para reforzar el estado, darle competencias en educación y asegurar la unidad y solidaridad de todos los territorios españoles. Es preciso tener una visión de conjunto, un sentido de estado, promover la igualdad por encima de la identidad, la solidaridad por encima de los complejos de superioridad. No se puede reformar la constitución para conceder más recursos y competencias a los nacionalismos que han querido romper el estado. Puede servir de antecedente el estado federal de 1873, simétrico, con igual trato a todos los españoles, con impuestos progresivos a los territorios más ricos y con competencias educativas.

Editado en la edición de papel del día 9 de diciembre de 2017

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