Los políticos y los universitarios | El Mirador de Clío - Blogs elnortedecastilla.es

Pedro Carasa — Sun, 21 Oct 2018 09:03:33 +0000

Pedro Carasa

Los recientes escándalos académicos de políticos en la Universidad plantean preguntas, no sólo sobre la honestidad de sus personas, sino sobre la calidad de la gestión universitaria. La corrupción es cosa de dos y, cuando aparece en la Universidad, el culpable no puede ser sólo el usuario, porque con él siempre actúa un gestor universitario. La respuesta que los políticos deberían dar hoy a la sociedad es que legislarán para que todos los actores universitarios traten con igualdad a los matriculados, garanticen la calidad y originalidad de los trabajos exigidos, evalúen a todos por igual en las clases y exámenes, y redacten actas y registros académicos fiables.

Porque el sentido común condena que un tribunal califique cum laude una tesis doctoral con un 21 % de plagio, que en las actas haya una firma falsa y se cambie un No presentado por un Notable, que se dé por válido un TFG o TFM no entregado, que se proponga a padrinos y amigos para formar un tribunal, que haya endogamia en una comisión de selección del profesorado sin respetar el criterio de mérito y capacidad, o que el director de un Instituto Universitario dilapide recursos y dé trato de favor a personas o partidos políticos.

La gente se pregunta si estos comportamientos anómalos son sólo una excepción, descubierta por aguzar el ojo contra el adversario en la pelea política, o si hay debajo fallos universitarios más graves que podrían repetirse en nuevos casos.

Varios expertos creen que el mapa español de 75 universidades es excesivo y por ello poco eficiente. Algunos lo critican por su parroquianismo provinciano, su partidismo político y su adoctrinamiento nacionalista. Sobre todo, en ciencias sociales, abundan programas docentes nacionalistas egocéntricos y proyectos de investigación que miran sólo su ombligo identitario. Se han hecho públicas graves acusaciones de adoctrinamiento nacionalista en las aulas, donde podrían haber mamado el odio o desafecto a España miles de estudiantes radicales movilizados por el soberanismo catalán.

Pero los dos actores implicados en los escándalos, políticos y universitarios, parecen mirar a otro lado sin reflexionar la situación. A los políticos sólo les interesa lo que afecta a sus personas, su curriculum o su partido, y hablan de la Universidad sólo cuando tropiezan con ella. Es grave que los poderes ejecutivos y legislativos hayan elaborado leyes de educación partidistas, nacionalistas o regionalistas, incapaces de lograr un modelo universitario válido para todas las regiones y todos los ciudadanos. La fragmentación política actual utiliza a veces las instituciones a su conveniencia, ya sea la Corona, la Constitución, la Justicia, el Senado o la Universidad.

Los gestores de la Universidad tampoco miran con inquietud estos problemas, ni parecen reflexionar sobre sus causas (el ministro y los rectores afectados callan, el presidente de la CRUE dice que tenemos una Universidad excelente). A lo más, minimizan el escándalo como fruto de la deshonestidad de unos pocos, o como un fallo excepcional de dos universidades. Esta endémica falta de autocrítica y tan ingenuo buenismo les impide cumplir con su obligación de abordar los probables problemas políticos, profesionales y técnicos que pueden latir en la Universidad.

Uno de esos problemas es si el modelo universitario de Bolonia, tal vez inadaptado al caso español, ha propiciado que algunas universidades funcionen más como mercados de títulos que como centros de formación científica y técnica, se dediquen más a transmitir conocimientos sabidos que a generar nuevos. Muchos universitarios detectan cierta obsesión por un didactismo vacuo, una disminución de contenidos docentes, un fracaso de la reforma investigadora, o un deterioro de la vieja tesis doctoral convertida en un trámite académico. La investigación se ha derivado a programas europeos, nacionales y autonómicos a través de proyectos competitivos y financiados, permitiendo así a estos poderes políticos primar temas de investigación afines al regionalismo, nacionalismo o ideología dominante.

Es arriesgado situar la competitividad por encima de la excelencia, atender más al mercado que a la innovación, sobreponer el poder autonómico al estatal, potenciar lo identitario sobre lo igualitario. La pérdida de matrícula en los grados y el doctorado no justifica que algunas universidades antepongan impartir máster y títulos de postgrado a invertir en investigación.

El momento actual es propicio para buscar un pacto de Estado por una ley universitaria acordada entre todos, con vocación de permanencia y adaptación a los nuevos poderes y las cambiantes demandas sociales. En especial urge activar los instrumentos de inspección de los procesos docentes e investigadores y corregir los defectos in vigilando. Como historiador condeno la educación nacionalista que tergiversa la historia, radicaliza como excluyente la cultura autóctona y alienta manipulaciones del pasado que fragmentan la sociedad.

Los escándalos deberían impulsar a políticos y universitarios, no a derribar adversarios políticos, sino a buscar una Universidad de calidad, que sirva para generar nuevo conocimiento, ciencia y técnica, que lo difunda por igual para el crecimiento de todos los ciudadanos y el desarrollo de todos los territorios, que no sufra servidumbres nacionalistas, que no siga partidismos políticos, ni busque inmediatas metas económicas neoliberales.

Editado en El Norte de Castilla del 13 de 2018

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