La civilizada Europa heredera de la complejidad de Atenas es la región del mundo en la que más se practica el principio laico-ecológico de respeto a la vida. Por esta razón, hay un acuerdo mayoritario entre los ciudadanos europeos para decir NO a la guerra, NO a la pena de muerte -por muchos o despiadados asesinatos que alguien pueda cometer- y SI al aborto (regulado mediante leyes de plazos o de supuestos).

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La contradicción, teniendo en cuenta que en los tres casos mencionados resulta implicada de forma directa la vida humana, es sólo aparente.

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En el caso del aborto, el derecho a la vida del embrión y del feto humanos entra en ocasiones en colisión con el derecho a la libertad de conciencia y decisión de las mujeres. De este choque o conflicto entre dos importantísimos derechos han surgido distintas leyes que tratan de buscar un equilibrio entre ambos. Unas veces las leyes que regulan el aborto se inclinan de un lado, y otras del contrario, aunque la mayor parte de los países de la Unión Europea ha optado por una ley de plazos. Es decir, ha optado por la libertad de la mujer. La diversidad de criterios respecto del aborto, que en principio pudiera parecer algo negativo, está bien que ocurra: es una prueba más de que en ninguna otra parte del mundo se matizan tanto las ideas como en la vieja Europa.

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¡Ya tenemos anteproyecto de ley Gallardón sobre el aborto!

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¡Antes teníamos ley Aído!

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Ley Gallardón, ley Aído, ley del PSOE, ley del PP, ley de derechas, ley de izquierdas, bronca de unos contra otros, bronca de otros contra unos: estos no son matices democráticos.

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Maticemos la democracia española.

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¿Por qué ni el PP ni el PSOE han pedido un referéndum sobre un asunto tan importante y tan vinculado a la conciencia individual de cada persona?

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Gallardón se ha inclinado claramente del lado de la defensa del derecho a la vida del embrión y del feto humanos. Aído se inclinó claramente del lado de la defensa del derecho a decidir y de la libertad de conciencia de las mujeres.

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Las dos opciones son racionalmente legítimas si tenemos en cuenta, sin prejuicios ideológicos, la complejidad y la importancia del conflicto de derechos, aunque la de Gallardón no es nuestra preferida.

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Ahora bien, ¿por qué millones de ciudadanos libres tenemos que optar entre las inclinaciones de la Sra. Aído o las inclinaciones del Sr. Gallardón?

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¿Por qué no se nos pregunta directamente a los ciudadanos para que elijamos entre las distintas opciones -no sólo hay dos- cuál es la regulación legal del aborto que más nos convence?

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Que los partidos políticos lleven en su programa una propuesta concreta no es razón suficiente para no preguntar.

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¿Acaso es democrático que el programa de los partidos políticos sustraiga a los ciudadanos toda capacidad de decisión hasta las siguientes elecciones?

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Cada vez más ciudadanos le están diciendo a los políticos que hay muchas cuestiones de gran relevancia ética y social que quieren votarlas directamente, sin que se las “encierre” en un programa de partido.

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Resulta un poco vergonzante que en pleno siglo XXI ninguno de los dos partidos mayoritarios que tenemos en España haya sentido la más mínima necesidad de preguntar en referéndum a los ciudadanos sobre una cuestión tan personal como la del aborto.

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Las cúpulas de los partidos políticos han controlado durante los últimos 35 años nuestra democracia como un auténtico poder fáctico. Deben empezar a respetar el derecho individual de los ciudadanos a decidir sobre muchos asuntos. Democracia representativa sí, pero también, y cada vez más, las nuevas generaciones piden democracia directa.

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Los políticos deben entender que el programa de un partido no puede secuestrar el libre pensamiento de millones de personas durante cuatro años. Es un esquema cognitivo demasiado cerrado, decimonónico, predigital, muy pobre.

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Hay que quitar poder a las cúpulas de los partidos políticos para que no impidan avanzar a la democracia. El argumento de que la sociedad española todavía no está suficientemente madura para practicar la democracia directa, y que de hacerlo se correría un grave riesgo de ingobernabilidad, es una mala excusa.

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Son urgentes leyes que permitan tener listas abiertas, primarias obligatorias, mandatos de ocho años como máximo, financiación transparente, etc.

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También es urgente una ley de referéndum que obligue a los políticos a consultar a los ciudadanos, al menos dos veces al año, las cuestiones más importantes que surgen en una sociedad democrática, como lo es la cuestión del aborto.

(por supuesto, pensamos en una ley de referéndum que permita decidir a todos los españoles, nada que ver con la fragmentación excluyente de la soberanía de los ciudadanos que algunos tratan de imponer de modo unilateral estos días)

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Los ciudadanos españoles ya no estamos recién salidos de una dictadura militar. La democracia subdesarrollada y tutelada, la PARTITOCRACIA, de los últimos 35 años es una fase histórica a superar. La democracia debe evolucionar, debe avanzar. Pero una mayoría de nuestros políticos, ¡oh, sorpresa! no está por la labor.

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El ministro Gallardón no ha querido obsequiarnos con la jornada de referéndum y júbilo democrático que le propusimos hace poco más de un año en la carta abierta a él dirigida al comenzar este blog.

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Quizá esté pensando en hacerlo en el futuro, en una próxima ocasión…, si es que la tiene.

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            Alfredo Barbero    -Psiquiatra del Centro de Salud Mental “Antonio Machado” de Segovia

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