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Me preguntan unas amigas de Córdoba que se acercan al bellísimo patio de los naranjos cruzando el Guadalquivir por el viejo puente romano, desde el barrio del Campo de la Verdad, si puedo exponer, explicar o matizar, las razones concretas por las que el anteproyecto de ley Gallardón sobre el aborto no es mi opción preferida, como dije en el artículo anterior.
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Vamos a intentarlo. Y si ustedes quieren añadir otras razones con sus comentarios, en contra o a favor, a favor o en contra, serán bienvenidas.
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No es nuestra opción preferida:
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1. Porque, aun siendo muy difícil, y muy subjetivo, establecer jerarquías cualitativas, pensamos que la libertad de la mujer, su libertad de conciencia y de decisión, es todavía más importante que el derecho a la vida de un embrión o de un feto humano de 14 semanas, por muy duro también que sea decir esto.
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2. Porque la vida es “sagrada”, sí, pero mientras que para los creyentes -por imperativo de su código religioso- lo es en términos absolutos, para los no creyentes lo es en términos racionales. En términos racionales todos sabemos que las reglas casi siempre tienen alguna excepción, mientras que en términos absolutos no puede haberlas. El Estado es laico, no debe comportarse guiado por creencias religiosas. El Estado está obligado a comportarse de modo racional… (…perdón, no pretendía hacer una ironía, al menos voluntaria).
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3. Porque si la ley sólo contempla supuestos prefijados que deben demostrarse, la libertad de elección de la mujer queda prácticamente anulada. No hay un buen equilibrio de derechos.
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4. Porque una mujer tiene plena conciencia de sus sentimientos e ideas, plena conciencia de sus vivencias, plena conciencia del sufrimiento y del dolor, plena responsabilidad. Un embrión o un feto humanos, no.
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5. Porque una cosa es que un porcentaje -mayoritario o no mayoritario- de hombres y de mujeres no estén de acuerdo en conciencia (religiosa o laica) con el aborto, y otra, que ese porcentaje, por medio de la ley y del Estado, prohíba a todas las mujeres materializar una decisión de su libre conciencia.
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6. Porque el Estado, como ente abstracto y colectivo, carece de legitimidad ética para imponer un embarazo no deseado a una mujer individual. Una imposición de este tipo por parte del Estado muchas mujeres la vivirán como una “violación” de su libertad, de su vida y de su persona.
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7. Porque el Estado pretende imponer la maternidad biológica a miles de mujeres en contra de su voluntad, pero luego no quiere hacerse cargo, como haría un buen padre responsable, del 50% del tiempo, cuidados, alimentos y educación que necesitarán las niñas y niños nacidos por tan imperativo procedimiento legal y estatal.
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8. Porque tener que hablar, justificarse, explicarse y convencer sucesivamente a un “comité” socio-sanitario formado por cuatro técnicos (médico general o ginecólogo, dos psiquiatras, más asistente social) nos parece un trámite peor que disuasorio: nos parece un trámite humillante.
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9. Porque a los psiquiatras españoles no se les debiera utilizar -ni por partida doble ni por partida simple- para avalar, o desavalar, un deseo personal -que pertenece al ámbito de la conciencia individual y la libertad de cada mujer- mediante un juicio pronóstico sobre la permanencia o durabilidad de los estados y procesos psíquicos, cuando todos los clínicos de la salud mental sabemos que la Psiquiatría, hoy por hoy, no dispone de instrumentos objetivos para realizar este tipo de juicios.
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10. Porque, a falta de instrumentos objetivos para realizar juicios clínicos pronósticos en Psiquiatría que permitan diferenciar un trastorno adaptativo transitorio, del comienzo de una grave y crónica enfermedad depresiva, por ejemplo, los elementos extracientíficos y no técnicos (sentido ético o moral del profesional, ideología propia, simpatía/no simpatía, etc.) podrán influir en la decisión facultativa en un porcentaje no menor de casos, tanto a favor como en contra.
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11. Porque no tenemos constancia de los profesionales o asociaciones científicas con las que el ministro Gallardón ha consultado para otorgar en su anteproyecto a los psiquiatras un papel que nos parece tan comprometido e impropio. Los profesionales de la salud mental consultados por el señor ministro, si es que los ha habido, deberían identificarse y explicar a la sociedad sus razones.
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En fin, ya veis, lo he intentado como he podido. Un abrazo desde Segovia.
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Alfredo Barbero – Psiquiatra del Centro de Salud Mental “Antonio Machado”
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