Naturalmente, me refiero a un referéndum en el que participemos todos los ciudadanos españoles, pues todos tenemos el mismo derecho democrático a decidir sobre el presente y el futuro del actual territorio de la nación. Un territorio con una Historia común desde que fue unificado hace 500 años, y que durante los últimos casi 40 se dotó por amplio consenso, después de una cruenta Guerra Civil y de una larga dictadura militar, de una Constitución (ratificada en referéndum el miércoles 6 de diciembre de 1978 y aprobada por el 87,78 % de los ciudadanos que participaron, un 58,97% del censo electoral) y de una legalidad reconocida internacionalmente por todos los países democráticos.

¿Por qué los ciudadanos independentistas catalanes se han empeñado en robar al conjunto de los españoles nuestro derecho democrático a decidir y autodeterminarnos sobre el futuro de nuestro país? ¿Por qué ellos sí pueden tener sentimiento nacionalista, votar y autodeterminarse y los demás no? No lo sabemos, no es fácil conocer con certeza los motivos profundos, aunque quizá se deba a que después del fanatismo teocrático y religioso, el nacionalismo ensimismado, unilateral y excluyente sea el más ciego de todos. Fuera de su círculo, ni ven, ni quieren ver. El otro, los españoles, no somos sujeto de su interés, no les importamos. El complejo de superioridad les rebosa de modo ostensible. Esta actitud de los independentistas catalanes supone una grave falta de respeto hacia los derechos democráticos de todos los ciudadanos españoles.

Con el argumento de que la legalidad internacional les respalda, el independentismo catalán ha decidido saltarse la Constitución de 1978 y la legalidad democrática vigentes en España, y parecen decididos por lo dicho en el Teatro Nacional de Cataluña a hacer un referéndum ilegal de autodeterminación el próximo 1 de octubre. Pronto, cuando interpongan los recursos legales pertinentes ante los tribunales internacionales después de que el Tribunal Constitucional y el Gobierno españoles se lo impidan y les apliquen nuestra legalidad democrática (con o sin el apoyo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español, esto depende de ellos), poco dudo que su argumentario quedará en evidencia, demostrándose la manipulación jurídica que han hecho de la Carta de Derechos Humanos de la ONU al utilizarla como excusa de su propósito, incurriendo en fraude de ley.

Reformar la Constitución de 1978 mediante negociaciones políticas, es una cosa. Incumplirla abiertamente y romper la unidad territorial de un país, otra muy distinta. El acto conjunto de los tres expresidentes vivos de la etapa democrática, Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, en contra del anunciado referéndum catalán aporta cierta luz de racionalidad y sentido común. Esperemos que los líderes políticos de los cuatro principales partidos que en este momento tiene la democracia española, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, estén a la altura de esta circunstancia histórica. El joven Rey Felipe VI seguro que lo estará. El día 2 de octubre la mayoría de los españoles tenemos derecho a seguir viviendo democráticamente en nuestro país.