Mediante un gran consenso y pacto, la Constitución de 1978 estableció en España un equilibrio estructural entre los tres sistemas de fuerzas socio-políticas predominantes: 1) las que genéricamente podríamos llamar ‘España de izquierdas o progresista’, 2) las que pudieran llamarse genéricamente ‘España de derechas o liberal’, y 3) las derivadas de los que cabe llamar ‘territorios neonacionalistas o independentistas’. Un equilibrio entre estos tres amplios sistemas o ‘Tres Españas’, a la vez político, territorial, sociológico y cultural.

La fórmula no era nada fácil de conseguir teniendo en cuenta nuestras más primitivas tendencias tribales celtíberas y los recientes antecedentes históricos (guerra civil, dictadura), pero gracias a la conciencia de la decisiva circunstancia histórica del momento, al temor a un nuevo golpe militar o enfrentamiento armado, y a la altura de miras de todos, siete hombres de muy diversa ideología y procedencia, Peces-Barba, Pérez-Llorca, Solé Tura, Fraga Iribarne, Miguel Herrero, Gabriel Cisneros y Miquel Roca (¡debió haber más de una mujer!), concibieron en el Parador de Gredos, paseando por la sierra, un texto que luego fue aprobado por la inmensa mayoría de los ciudadanos en referéndum celebrado tal día como hoy, el 6 de diciembre de 1978, hace ya nada menos que 40 años. La concordia, al fin, fue posible. Desde entonces, la Constitución, la Monarquía Parlamentaria y el Estado de las Autonomías (prácticamente, un Estado Federal) nos han proporcionado a todos la mejor y más larga etapa de bienestar de nuestra Historia. Éste ha sido el gran éxito, internacionalmente reconocido, de los pactos de La Transición: ¡cuatro décadas consecutivas de paz, democracia (pendiente de mejorar, sobre todo la interna de los partidos), progreso económico y progreso social!

Pero las cosas han cambiado…

Esto es algo inevitable, está bien, el tiempo transcurre, surgen nuevas generaciones, la tecnología avanza, las ideas son otras, y las costumbres, la Historia evoluciona. Aunque tampoco conviene olvidar la pertinaz tendencia histórica que tenemos, muy evidente durante el siglo XIX y la mayor parte del XX, a tropezar con las mismas piedras.

A diferencia de la ‘España liberal’, para cuya base sociológica y sucesivos líderes políticos, Suárez, Calvo Sotelo, Fraga, Aznar, Rajoy, Pablo Casado y Albert Rivera, el gran pacto de la Transición y la Constitución de 1978 siguen siendo plenamente válidos a día de hoy (lo que no excluye posibles reformas de la Carta Magna), para la base social y líderes de la ‘España de izquierdas’ y también de los ‘territorios independentistas’ solo han sido válidos mientras ha estado en el Poder su primera generación.

Claramente, Felipe González, Alfonso Guerra, Dolores Ibárruri, Santiago Carrillo, Gerardo Iglesias, Anguita, Frutos, Llamazares, Cayo Lara, Tarradellas, e incluso el Puyol anterior al proceso por malversar fondos, construyeron, defendieron y se mostraron en todo momento leales con el consenso de la Constitución de 1978.

Con la llegada de Zapatero en el año 2004 la unidad mantenida hasta esa fecha en el apoyo a la Constitución empezó a romperse. Su actitud revisionista del pasado (fin del pacto tácito de silencio sobre la guerra civil, respaldo político al nuevo Estatuto de Autonomía catalán declarado inconstitucional en parte) al primero y que más disgustó fue a Felipe González. La actitud de Zapatero no respetaba el trabajo histórico realizado por la generación de sus mayores, más bien iba en sentido opuesto. Los dos siguen sin mantener buena sintonía política. Poco después llegaron Artur Mas, Alberto Garzón, Pablo Iglesias, Puigdemont y Junqueras.

Los políticos más claros y explícitos manifestándose en contra de la Constitución de 1978 sin duda han sido los independentistas catalanes, que hace algo más de un año pasaron de las palabras a los hechos consumados celebrando un referéndum unilateral e ilegal y proclamando de igual manera la República independiente de Cataluña, lo que obligó a aplicar por primera vez en la etapa democrática el Artículo 155 de la Constitución (pronto se celebrará el Juicio por su comportamiento público, que esperamos tenga absolutamente todas las garantías jurídicas y permita discernir a los jueces con ecuanimidad si se produjo un delito de rebelión, de sedición, de malversación de fondos, o si no se incurrió en ningún delito). En segundo lugar de explícita claridad, pero con palabras, se ha manifestado Pablo Iglesias, que abiertamente pide: a) un nuevo periodo constituyente que ponga fin a la Monarquía Parlamentaria (sustituida por la 3ª República), y b) que se permita ejercer un supuesto derecho de autodeterminación unilateral a los ‘territorios neonacionalistas’, algo que de facto supondría el fin de la unidad territorial de la nación con más de 500 años de Historia que es España.

El último líder en llegar al actual difícil escenario político español ha sido Pedro Sánchez, con una complicada trayectoria previa dentro de su partido. Los veteranos del PSOE trataron de apartarle sin éxito de la Secretaría General y de la candidatura a Presidente del Gobierno, que finalmente perdió Susana Díaz en las primarias. Hoy, 6 de diciembre de 2018, día en el que conmemoramos el 40 aniversario de la Constitución, él es el Presidente de todos los españoles.

La lealtad a la Constitución de 1978 por parte de Pedro Sánchez está en estos momentos bajo general observación. En los seis meses de Gobierno que lleva en ejercicio no ha dicho ni hecho nada que quiebre esta lealtad. Sin embargo, los socios que le auparon a La Moncloa mediante una moción de censura son los grupos políticos antes mencionados que han actuado, están procesados y se declaran contrarios al “régimen del 78” y a la Constitución. La cuadratura del círculo, que sepamos, por ahora no ha sido inventada. Durante este tiempo ha dialogado en plano de igualdad con el señor Torra, que a su vez no ha dejado de decir que la Generalidad y el Parlamento catalanes siguen manteniendo como primer objetivo implantar la República independiente. Los pactos de gobierno con Podemos en los ayuntamientos son muy numerosos, hasta el punto de hablarse de una podemización del PSOE de Pedro Sánchez con la que no están de acuerdo muchos veteranos socialdemócratas.

No sabemos qué ocurrirá finalmente con el intento del Presidente del Gobierno de negociar y llegar a acuerdos con quienes han demostrado y siguen demostrando estar en contra de la Constitución de 1978. No sabemos cuánto hay en su conducta de estrategia para ganar tiempo y retrasar lo posible las próximas Elecciones, y cuánto de realidad.

Su propuesta de reforma constitucional profunda del Título VIII (De la Organización Territorial del Estado), en el sentido de declarar un Estado Federal que sustituya al Estado de las Autonomías y contemple una especie de ‘multi-soberanía’ de los distintos territorios, una “nación de naciones” soberanas, no parece técnicamente posible sin modificar el importantísimo Título preliminar. En concreto, el Artículo 1.2: “La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado”, y también el Artículo 2: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas.” En principio, no es previsible que Pedro Sánchez proponga modificar estos conceptos o retirarlos del texto constitucional, aunque tampoco podemos saberlo con certeza.

La presente Legislatura, por sus características de transitoriedad, no deja tiempo más que para esbozar las próximas grandes líneas políticas que permitan afrontar la actual compleja situación histórica que vive España. Si las próximas Elecciones Generales las ganan ‘los liberales’, Pablo Casado, Albert Rivera o algún tipo de coalición, lo más probable es que el modelo territorial se mantenga tal y como está definido en estos momentos en la Constitución (salvo quizá la posible centralización, parcial o total, de alguna competencia). Si las gana Pedro Sánchez y posteriormente alcanza un acuerdo con los partidos independentistas catalanes, o con Pablo Iglesias, para llevar adelante una reforma profunda del Título preliminar y del Título VIII, modificación que pudiera entenderse como una suerte de nuevo proceso constituyente o ‘segunda Transición’, deberá tener muy en cuenta que para respetar el espíritu de concordia de la hasta ahora primera y única Transición de nuestra reciente Historia estaría obligado a dialogar, consensuar y conseguir el apoyo de la derecha democrática española. De otra forma, ese proceso no tendría el más mínimo carácter de Transición, sería tan solo la decisión de una parte de España. Decisión democrática, por supuesto, pero precisamente por ello revocable por completo en el momento que ganase las Elecciones la otra parte.

Con todo lo que ha cambiado y ocurrido en España en particular durante los últimos dos años, los ciudadanos pueden pensar que la Constitución de 1978, justo cuando se conmemoran sus maduros 40 años de edad, corre un grave riesgo. Pero mientras la voluntad de concordia siga siendo mayoritaria y prevalezca sobre todo lo demás existe un amplio margen para pactar su actualización y reforma, y por tanto para que tenga larga vida. Esto la deseo.

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