Hay quien piensa que los españoles son imbéciles. Existirán unos cuantos que ejerzan como tales y la maquinaria de la comunicación o los gobiernos generarán el resto del contingente.

Estos días el mundillo de la televisión privada en España está de celebración. Resulta que se cumplen veinte años de la irrupción de estos negocios en nuestro país. Podríamos vitorear el pluralismo informativo. Aplaudir el estímulo creativo que flota en el sector publicitario gracias a la salvaje competencia del mercado. Del mismo modo, saludar a gente que antes no conocíamos y que ahora son más de la familia que tu madre o tu hermano pequeño. Las empresas de servicios tienen más soportes para acercar sus productos a los llamados ‘consumidores’ y generar riqueza. Pero hasta ahí mi efusividad hacia el sector. No seré yo quien diga que la televisión en España es peor que la que sufren en el extranjero; tan solo es la que nos ha tocado. La Administración decide cuántos canales y a qué empresas se les concede el juguete. Montar un periódico no requiere más trámite que suicidarse por entregas. Pero si alguien anhela crear su canal de televisión más le vale que sueñe despierto, porque le dirán que no hay tarta para tantos. Quien piense que en España la libertad de empresa es un derecho constitucional debe hacérselo mirar. Si los gobiernos centrales son los magos del capricho, los autonómicos les dan cien vueltas. Las comunidades cuentan con su canal público y los privados, difíciles de distinguir porque obedecen al mismo amo. Si tomas el mando es mejor que te mediques. La telerrealidad parece programación culta si la comparamos con los concursos nocturnos. Son un negocio redondo en el que se roba a la gente. Consisten en llamar y acertar un juego. El mismo acertijo tiene soluciones diferentes según el programa que sintonices. Un misterio. Las cadenas nacionales disfrutan de varios canales. No les gustan este tipo de espacios más allá de la cantidad de pasta que generan. Las frecuencias por las que emiten podrían gestionarlas nuevos operadores, pero no. El Gobierno no sanciona el timo y de paso entretiene al personal. Y la explotación laboral merece otro capítulo. Así que, celebraciones, las justas.

Publicado en El Norte de Castilla el 27 de enero de 2010