En España impera el ‘ajo y agua’. Digámoslo así, para restar malsonancia a la trágala. Da la sensación de que la lucha contra la corrupción que anida en las alfombras de nuestro país es una batalla perdida. Forma parte de nuestro acervo la naturalidad fraudulenta con que se realizan transacciones cotidianas, en las que facturas en regla o nóminas decentes sólo se muestran ante los ojos de unos cuantos ciudadanos cumplidores, prevaleciendo el lado oscuro frente a la transparencia.

Hacienda calcula que el veinte por ciento del Producto Interior Bruto español luce un color negro azabache, como ‘Furia’, aquel caballo tan listo que campaba a sus anchas por los televisores de nuestro país en los años setenta. Muchos niños de la época crecimos con su epopeya y nos embelesaba su planta. Nos gustaban los destellos negruzcos de su piel y la forma en que galopaba por el salvaje Oeste desenmarañando entuertos. Pero cuando perdimos la inocencia nos dimos cuenta de que lo negro no siempre es sinónimo de belleza.

Hace unos días, un sindicato de inspectores de Hacienda ofreció al Gobierno trabajar gratis fuera de su horario para desenmascarar a quienes trafican con la riqueza del país. Tal vez llevado por un optimismo poco común en estos tiempos, su portavoz aseguró que la gestión del colectivo haría que aflorase gran parte de esa bolsa de fraude. La respuesta gubernamental fue un rotundo ‘no’, y eso que las arcas públicas están ahora caninas y seríamos capaces de sufragar la deuda que ahoga al Reino.

Marbella apesta a carne putrefacta. Nadie comprende que las autoridades no tomasen cartas en el asunto a tiempo, cuando el latrocinio era tan clamoroso como en el momento de hacerse público todo el tinglado. Ayer, las fuerzas del orden irrumpieron en el Ayuntamiento de Murcia por orden judicial. De nuevo el urbanismo como telón de fondo. Aplicando el espíritu estadístico, elegir al azar cualquier consistorio de cierta entidad puede desvelarnos irregularidades contables pavorosas. Sería como pescar truchas en una piscifactoría. Pero hay que destinar recursos y dejar a los funcionarios leales que hagan su trabajo. Después, tan solo tienen que poner negro sobre blanco los nombres de los piratas.

Publicado en El Norte de Castilla el 6 de octubre de 2010

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