Trabajar de camarero en España es una profesión de riesgo. Y no precisamente porque tengan que empujar a los borrachos fuera del local, que también entraña algún peligro por el que no cobran. El Comité Nacional para la Prevención del Tabaquismo asegura que el humo del tabaco ajeno acaba cada año en España con mil profesionales del sector. Se trata de una propina envenenada que, avatares del destino, está reflejada implícitamente en la nómina. Los datos de mortandad hechos públicos quizá exageren la realidad, entre otras razones porque no es posible determinar si estos servidores públicos compran cigarrillos y luego se los fuman. Lo que constituye un hecho incontestable es que detrás de la barra hay una persona que debe elegir entre tragar las emanaciones letales del vocerío o estar los lunes al sol. No faltará quien repita que este tipo de trabajo conlleva la singularidad de inhalar humo de segunda mano y que el negocio tiene estos extras.

Las organizaciones de hosteleros están que arden por la ley antitabaco que pronto entrará a bocanadas en sus locales. Se prohibirá fumar en espacios públicos cerrados. Muchos invirtieron cantidades considerables en habilitar guetos en los que fantasear con un cilindrín entre los dedos, y ahora se preguntan quién va a resarcirles. La prohibición pondrá a prueba el ingenio de la gente. España no sería la misma sin sus refugios hosteleros y los vendedores de mantas ya se frotan las manos. Tengamos en cuenta que entre bares, restaurantes y demás familia disfrutamos de cuatrocientos mil templos de drogas legales, que emplean a dos millones de personas. De ahí que la proscripción anunciada haya levantado ampollas entre los propietarios y quién sabe si ha sacudido a los liberados sindicales, unos clientes muy especiales. El tabaco mata en España a ciento cuarenta personas al día, es decir, cincuenta mil cada año. Pero el Gobierno permite la venta de esta sustancia bajo un paraguas legal e hipócrita. No hay que dejar a un lado el hecho de que reporta unos ingresos formidables a las arcas reales, que se emplean en el sostenimiento del sistema de salud o el pago del sueldo de los parlamentarios. Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo.

Publicado en El Norte de Castilla el 20 de octubre de 2010