María Teresa Fernández de la Vega tiene un gran empleo, uno de esos que se conservan hasta que te mueres. Nadie va a jubilarla, tan solo la eventualidad anterior. Junto a ella, ocho prohombres privilegiados serán eternos, como las conversaciones de ascensor. Forman la primera línea del Consejo de Estado, un organismo inútil como el Senado o los consejos consultivos de las comunidades autónomas. De la Vega costará a los españoles más de ochenta mil euros al año. Añadamos los trienios por su estancia en la Administración y otras menudencias, lo que reportará a la exvicepresidenta ciento cuarenta mil euros este año. Dice la Constitución que el Consejo de Estado hace las veces de una consultoría de lujo al servicio del Gobierno. La mala noticia es que sus dictámenes no son vinculantes. Valen tanto como un folio en blanco, aunque el precio de uno y otro no tiene parangón. De la Vega podría haber optado por volver a su puesto de magistrada y servir a los ciudadanos en las trincheras, pero luce más el brillo de este órgano que lidiar con las penas de los españoles.

La página web del Consejo es un tratado de cómo fabricar un kilo de alcanfor. Cuentan en ella que la institución existe desde la época visigótica, sirviendo a reyes desde aquellos tiempos. Con el advenimiento de la Constitución, ahora es la conciencia del Gobierno, dando por sentado que se tenga. También narran que esta cara antigualla se asienta en un edificio señorial, un palacio barroco que perteneció a una notable. En él trabaja una montaña de gente que sirve al Estado, una forma como otra cualquiera de aprovecharse de la inercia. Entren en su sitio electrónico y echen cuentas.

Los consejos consultivos autonómicos no le van a la zaga. Su actividad principal gira en torno a si un ciervo de la Sierra de la Culebra se encontró con el automóvil de alguien y quién tuvo la culpa del encuentro. Todo envuelto en una solemnidad rancia salpicada de resoluciones que, en el mejor de los casos, arrancan una sonrisa a quien aún no haya perdido la vergüenza.

Publicado en El Norte de Castilla el 30 de marzo de 2011