Hace tiempo que una parte sustancial de la Constitución saltó por los aires. Por eso resulta estridente que ahora se la invoque como parapeto para evitar consultas secesionistas. Pero regresemos a la cruda realidad, esa que quienes ocupan los despachos soslayan con una frivolidad provocadora.
La cantinela de cumplir y hacer cumplir la Carta Magna parece más bien el tratado de contrapunto de un par de borrachos regresando a casa. En el artículo 27 de la ley de leyes puede leerse que la enseñanza básica será obligatoria y gratuita. Nada es gratis, ni siquiera los sentimientos. Por eso el hecho de que muchas familias estén obligadas a pagar los libros de texto de sus hijos no cuadra en esta partitura indecente de ese derecho fundamental. En el guirigay de competencias que padece nuestro país las alegrías van por barrios. Andalucía mantiene la gratuidad de los libros, mientras que otros han recortado drásticamente las ayudas. El sin par Wert cercena el acceso a la educación a miles de estudiantes aplicando una máxima elitista e injusta que no contempla la singularidad de los afectados. Su ministerio y otros escalones de la Administración hacen que la vuelta a las aulas provoque que muchos padres se declaren incapaces de afrontar el gasto que conlleva educar a sus hijos. A una familia trabajadora la crujen y estigmatizan. Libros, fichas, material básico y algunas extravagancias constituyen un quebradero de cabeza durante la vuelta al cole. La explosión del mercado de segunda mano ha hecho visible la impunidad con que las autoridades han condenado a los estratos sociales de base. Cogidos de la mano, las editoriales y la política caminan ufanas. Los textos se reforman un año tras otro para mantener en marcha las rotativas y los balances. Muchos de esos libros esconden trampas que los convierten en inservibles y no puedan ser heredados, a diferencia de lo que ocurría en el pasado. Por tanto, si hay que pagar por estudiar y se incumple el mandato constitucional, ¿por qué no se juzga a quienes están delinquiendo?
Publicado en El Norte de Castilla el 18 de septiembre de 2013