Es el mundo al revés. En mi ingenuidad, siempre pensé que los delincuentes deberían estar en la cárcel y que quienes les detuviesen podrían caminar por la calle con libertad. Esta suposición ha resultado ser falsa. En la localidad navarra de Alsasua dos miembros de la Guardia Civil de paisano fueron agredidos en un centro de ocio por el mero hecho de pertenecer al cuerpo. Los agresores siguen circulando como si no hubiera sucedido nada. El Gobierno separatista de Navarra no condenó los hechos como era su obligación. Es más, se alzaron algunas voces en aquel entorno ‘abertzale’ para que se cerrase el cuartel. El caso de Alsasua podría constituir una noticia breve en los periódicos, pero el asunto tiene un calado más profundo. En algunas comunidades autónomas los guardias civiles viven encastillados en sus casas cuartel y quienes habitan viviendas fuera de esos edificios padecen una situación aún más sangrante. No pueden tender la colada como usted y yo, pues el uniforme les delata y se enfrentarían a atentados como el relatado más arriba. Los hijos de los miembros de la Benemérita no pueden contar que sus padres son guardias civiles y ya conocemos la crueldad que aplican los niños en los colegios. Alguien debería tomar cartas en el asunto. La Guardia Civil goza de un prestigio en la mayor parte del país ganado a pulso, gracias a su abnegación y eficacia en la protección ciudadana. No es de recibo que estos servidores públicos sean tratados como apestados. Velan por nuestra seguridad sin tener en cuenta horarios que, todo hay que decirlo, en muchos casos son injustos. Pero el ‘Todo por la patria’ que luce en las fachadas de los cuarteles no es gratuito, porque ese lema lo llevan con orgullo y a rajatabla. Este benemérito cuerpo policial merece nuestro apoyo sin fisuras y la autoridad correspondiente debe combatir de oficio sucesos como el ocurrido en Alsasua y aplicar todo el peso de la ley sobre los responsables e impedir que vuelvan a repetirse, porque sería una astracanada. Estos son los hechos, contados sin adornos.

Publicado en El Norte de Castilla el 26 de octubre de 2016