El Gobierno de Mariano Rajoy está preocupado con el encarcelamiento de Junqueras y sus exconsejeros. Parece que el fiscal general del Estado ha aplicado un exceso de celo pidiendo prisión preventiva contra los sublevados catalanes y esto puede volverse contra la ‘pacificación’ del Principado. De igual forma, también es más que probable el ingreso en la cárcel de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Para terminar de complicarlo todo, la ópera bufa protagonizada por Carles Puigdemont puede desatar un conflicto diplomático entre nuestro país y Bélgica. La aplicación del artículo 155 y la convocatoria de elecciones antes de las navidades, que a priori fueron aplaudidos con entusiasmo, ahora han devenido en preocupación. Rajoy cree que puede resultar contraproducente tanta cárcel y para tantos reos. Teme el Gobierno que las calles acojan disturbios incontrolables para reclamar la libertad del antiguo Govern. La juez Lamela no ha hecho otra cosa que ejecutar las órdenes y ahora nadie debe culparla por hacer su trabajo. No piensa lo mismo la asociación Jueces para la Democracia, de corte progresista. Han colgado en su página web un comunicado en el que cuestionan que Junqueras y compañía fuesen culpables de rebelión y, por consiguiente, deberían estar libres, porque no concurren las circunstancias para semejante prevención. También entran en colisión las doctrinas de dos tribunales, es decir, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, que tienen sentimientos encontrados. Así que la disconformidad del Gobierno con el fiscal Maza ha quedado de manifiesto, y eso que Maza fue nombrado por el ejecutivo de Rajoy. En una entrevista en la Cadena SER, el entusiasmo desbordante de Maza quedó bien claro. Aseguró literalmente que “bastante paciencia ha tenido el sistema con Cataluña”. Por su parte, Puigdemont hará campaña desde Bélgica para el 21-D, lo que le otorgará mayor protagonismo internacional. Lo dicho: todo el conglomerado se les ha ido de las manos y ahora no sabemos en manos de quién está.
Publicado en El Norte de Castilla el 8 de noviembre de 2017