Rubalcaba vuelve a las andadas. Amenaza con no negociar la ley de transparencia con el PP, argumentando que no puede tratar con quienes machacan discos duros. Esta postura recuerda a la ‘estrategia’ aplicada durante el nombramiento del presidente de RTVE. Al no bregar lo suficiente, puso en bandeja a la mayoría conservadora la decisión de cambiar la fórmula vigente durante el mandato de Zapatero, que no era otra que consensuar en el Congreso un nombre y obtener el plácet de las tres cuartas partes de la Cámara. Al final, Rajoy cambió el sistema, lo ‘digitalizó’ y ya ven las consecuencias.

Ahora quiere prostituir la transparencia. Alfredo no muestra un entusiasmo especial por esta norma vital, a la vista de que durante su etapa de gobierno el PSOE lo incluyó en dos ocasiones en su programa electoral y sólo fue escrito en la agenda cuando se desvanecía la legislatura que los laminó posteriormente. En breve, esta regla básica en democracia será manoseada en la sede de la soberanía popular, si es que podemos llamarla así. Por transparencia debe entenderse que las instituciones u organizaciones que manejan el dinero público o privado ha de ser expuesto al escrutinio de los ciudadanos. En qué se gasta lo que tantos sacrificios cuesta ganar a los asfixiados españoles. Cómo, por qué y demás minucias una empresa recibe adjudicaciones de la Administración y permitir que vean la luz las propuestas de los licitadores que sean excluidos. En resumen: poner en pelota al Estado y sancionar a los dirigentes electos y a los funcionarios que incumplan los preceptos. Partidos, sindicatos y el resto del coro. Los que silban agudos.

Hoy no caben excusas. Es hora de que todo quisque cuelgue en Internet los detalles de esta marańa oscurantista, salvo lo que afecte a la seguridad nacional. Igualmente, el Gobierno debe empezar a desclasificar documentación que permanece inaccesible y que no compromete la estabilidad del país. Es inasumible que acceda a viejos secretos de la CIA y me denieguen conocer fruslerías de nuestra guerra civil. No.

Publicado en El Norte de Castilla el 11 de septiembre de 2013