La Administración española padece de obsesión por custodiar la información. Documentos sin ninguna trascendencia duermen bajo llave rotulados con el marchamo de reservado o secreto. A estos hay que añadir otros de menor relevancia aun que deberían estar a disposición de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los países de nuestro entorno cuentan con una ley que permite el libre acceso a la información, de la que se excluye la relativa a la seguridad nacional. En el año 2004, el PSOE prometía en su programa electoral la puesta en marcha de una norma que franquease a cualquiera el camino de la cocina del Estado. Zapatero volvió a ganar las elecciones en 2008, e idéntica promesa. Han transcurrido siete años y a los ciudadanos de nuestro país se les sigue privando de este derecho democrático esencial. En agosto del pasado año se publicó que en el primer Consejo de Ministros de septiembre se elaboraría un proyecto de ley sobre el asunto. Y Rubalcaba anunció a principios de este año una lista de prioridades legislativas para el curso, entre las que no se encontraba la ley de transparencia.

Ha tenido que manifestarse el movimiento Democracia Real Ya para que reverdezca esta promesa electoral. Los Indignados han elaborado una serie de peticiones a los partidos políticos con la idea de regenerar el sistema. Entre ellas se encuentra la anhelada ley de transparencia. Es difícil saber si alguien va a tomar en consideración esta sugerencia largamente acariciada. De lo que no hay duda es de que el presidente Zapatero y su partido llevan burlándose de quienes les votaron casi dos mandatos, al menos en esta materia. Resulta patético escuchar a dirigentes socialistas valencianos quejarse por no tener acceso a la información de la Administración Camps. Estos mediterráneos torpes están siendo víctimas, como el resto, de sus propios incumplimientos. Si todos los grupos hubiesen podido desgranar la documentación pública se habrían evitado muchos de los excesos del pasado. Pero prevalece la traición frente al compromiso.