En España desconocemos en qué se gastan nuestros impuestos. No tenemos derecho a saberlo más allá de las grandes cuentas reflejadas en los presupuestos generales del Estado. En 2004, el programa electoral socialista vendía la zanahoria delante del caballo: crearemos una ley de información y transparencia. Se agotó la primera legislatura y nos plantamos en 2008. Misma propuesta, idéntica traición.

El verano pasado muchos nos las prometíamos muy felices cuando la extinta vicepresidenta Fernández de la Vega pretendía liderar la puesta en marcha de esta ley esencial en una democracia. Muchos medios editorializaron sobre el asunto y parecía que se abría por fin el melón de la información. En principio se pensó debatirla en el primer consejo de ministros de septiembre, pero todo quedó en agua de borrajas. Ha pasado ya mucho tiempo desde entonces y el asunto ha quedado eclipsado por la dichosa crisis, que no sé qué diablos tiene que ver con el derecho a saber. Según Ramón Jáuregui, ministro de la Presidencia, esta legislación entraña unas dificultades especiales para ser eficaz. Asegura que hay que digitalizar mucha documentación y que el proceso no está definido. Con la boca pequeña, se quitó de en medio y dijo que antes de que concluya la legislatura tendremos acceso a esas cosillas sin importancia que se pagan con nuestros impuestos.

En nuestro entorno, sólo Luxemburgo, Malta, Chipre y Grecia nos acompañan en esta cerrazón informativa. No se trata de reclamar que nos cuenten los secretos de Estado ni que se ponga en riesgo nuestra seguridad. Es tan sencillo como que cualquier español se plante ante la ventanilla y le pida al funcionario de turno que le dé la copia de un documento que le interesa. No uno que contenga las claves de la bomba atómica española, que no la tenemos. Aunque sirva de desahogo para estos tiempos difíciles, la gente se conformaría con saber quién y por qué ordeña la ubre del Tesoro para pagar los caprichos privados con sus impuestos. Se empieza por esas menudencias, y lo siguiente asusta.

Capítulo aparte merecen los jefes de prensa, esos hombres y mujeres que blindan a los profesionales del politiqueo. La excepción confirma la regla, pero es un hecho contrastado que cuando aterriza alguna carga pública para clavar la primera piedra de algo los jefes de prensa rodean al VIP como si fuesen Kevin Costner en ‘El Guardaespaldas’. Peor aún: no hay peor espectáculo que un periodista metido en harinas de gerifalte de comunicación. Estos puestos suelen recaer en personas que durante el ejercicio del periodismo constituían el azote del político. Luego le compra el amo del departamento de turno y esos perros de presa vilipendian a sus antiguos compañeros. Hace unos días me contaban el caso de una jefa de gabinete metida a locutora o viceversa, que a estas alturas desconoces el grado de confusión. Les dijo a sus pacientes compañeros: “Es que vosotros, los periodistas…”. Y la tipa se quedó tan campante. Si el presidente Herrera viaja, entra en el foso de los músicos el sabueso de los Baskerville y les suelta a los plumillas aquello tan manido de “el presidente no ha venido a responder a esto. Preguntadle por lo otro”.