El periódico para el que trabajaba en 1990 compró unos ordenadores galácticos ensamblados en Irlanda. Eran lo último en tecnología de autoedición. Apple los ideó en California, fabricaba los componentes en Taiwán y les daba forma en factorías irlandesas. Ninguna de las dos primeras localizaciones me resultaba chocante, pero el hecho de que el montaje final y la distribución tuvieran lugar en tierras irlandesas me llamaba la atención, tan solo eso. Hoy, con la intervención soberana de Irlanda, todo el mundo se ha enterado de la bajísima fiscalidad que se aplica a las empresas en aquel país, menos de la mitad que la media comunitaria, y es ahora cuando entiendo por qué aquellos entrañables ingenios provenían del país de James Joyce. Las multinacionales están encantadas de producir en un territorio que es europeo pero que goza de ventajas asiáticas. Lamentablemente, en el beneficio se escondía la penitencia y el Gobierno irlandés no puede plantearse subir los impuestos a estas supercorporaciones si no quiere enfrentarse a un éxodo masivo que ponga en riesgo la estabilidad del país.

El Fondo Monetario Internacional y las provisiones de rescate europeas van a decirles a los irlandeses cómo y cuánto tienen que respirar. La intervención del FMI arruinó Latinoamérica durante décadas, allanó el camino a que los oportunistas se apropiasen de una buena parte de la riqueza nacional y añadió mayor endeudamiento sobre las espaldas del ciudadano de a pie. El ejemplo argentino es de los que dejan de un pasmo a quienes conserven la capacidad de asombro. Ante tanta debilidad, los gobiernos desguazaron el entramado industrial para hacer caja, corrompiendo a todo quisque y enriqueciéndose al mismo tiempo. Mientras, el pueblo vio cómo se empobrecía hasta la eclosión del célebre corralito, que constituyó la puntilla. Irlanda y los otros enfermos no son como Argentina, pero los buitres no entienden de latitudes. Hincar el bisturí puede ser necesario, aunque letal si se produce ensañamiento y no se esteriliza la herramienta.

El escándalo que estos días tiene agitada a la católica Irlanda es sólo un ejemplo de los muchos que anidan entre el miedo, la vergüenza y la abyección en otras partes del mundo. El Estado y la Iglesia locales han suscrito un acuerdo para indemnizar a quienes han sido marcados de por vida, tras haber sido probado que sufrieron abusos de confesionario. Las indemnizaciones marean. El Gobierno se hace cargo de 1.200 millones de euros y la jerarquía católica, de 128. Esta corresponsabilidad viene a cuento porque, aunque los abusos fueron perpetrados por los hombres y mujeres de Dios, las instituciones en las que se escenificó el horror eran de titularidad pública. Cabe preguntarse si el dinero es capaz de restañar las heridas marcadas a fuego y polución en la vida de alguien que padeció semejante trance.