La Administración española padece de obsesión por custodiar la información. Documentos sin ninguna trascendencia duermen bajo llave rotulados con el marchamo de reservado o secreto. A estos hay que añadir otros de menor relevancia aun que deberían estar a disposición de la ciudadanía. La inmensa mayoría de los países de nuestro entorno cuentan con una ley que permite el libre acceso a la información, de la que se excluye la relativa a la seguridad nacional. En el año 2004, el PSOE prometía en su programa electoral la puesta en marcha de una norma que franquease a cualquiera el camino de la cocina del Estado. Zapatero volvió a ganar las elecciones en 2008, e idéntica promesa. Han transcurrido siete años y a los ciudadanos de nuestro país se les sigue privando de este derecho democrático esencial. En agosto del pasado año se publicó que en el primer Consejo de Ministros de septiembre se elaboraría un proyecto de ley sobre el asunto. Y Rubalcaba anunció a principios de este año una lista de prioridades legislativas para el curso, entre las que no se encontraba la ley de transparencia.

Ha tenido que manifestarse el movimiento Democracia Real Ya para que reverdezca esta promesa electoral. Los Indignados han elaborado una serie de peticiones a los partidos políticos con la idea de regenerar el sistema. Entre ellas se encuentra la anhelada ley de transparencia. Es difícil saber si alguien va a tomar en consideración esta sugerencia largamente acariciada. De lo que no hay duda es de que el presidente Zapatero y su partido llevan burlándose de quienes les votaron casi dos mandatos, al menos en esta materia. Resulta patético escuchar a dirigentes socialistas valencianos quejarse por no tener acceso a la información de la Administración Camps. Estos mediterráneos torpes están siendo víctimas, como el resto, de sus propios incumplimientos. Si todos los grupos hubiesen podido desgranar la documentación pública se habrían evitado muchos de los excesos del pasado. Pero prevalece la traición frente al compromiso.

Las organizaciones de hosteleros están que arden por la ley antitabaco que pronto entrará a bocanadas en sus locales. Se prohibirá fumar en espacios públicos cerrados. Muchos invirtieron cantidades considerables en habilitar guetos en los que fantasear con un cilindrín entre los dedos, y ahora se preguntan quién va a resarcirles. La prohibición pondrá a prueba el ingenio de la gente. España no sería la misma sin sus refugios hosteleros y los vendedores de mantas ya se frotan las manos. Tengamos en cuenta que entre bares, restaurantes y demás familia disfrutamos de cuatrocientos mil templos de drogas legales, que emplean a dos millones de personas. De ahí que la proscripción anunciada haya levantado ampollas entre los propietarios y quién sabe si ha sacudido a los liberados sindicales, unos clientes muy especiales. El tabaco mata en España a ciento cuarenta personas al día, es decir, cincuenta mil cada año. Pero el Gobierno permite la venta de esta sustancia bajo un paraguas legal e hipócrita. No hay que dejar a un lado el hecho de que reporta unos ingresos formidables a las arcas reales, que se emplean en el sostenimiento del sistema de salud o el pago del sueldo de los parlamentarios. Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo.