Los hosteleros pueden estar tranquilos, por mucho que les rechinen ahora los dientes. Tal vez el susto les dure un trimestre, pero luego las aguas volverán a su cauce. Las costumbres de los españoles no van a cambiar porque lo diga una ley, y esa es precisamente la parte fuerte del negocio. El español pertenece a una subespecie sociable. Le gusta pasar más tiempo en la calle que en casa y arreglar el país por ahí. Puede que haya comprado un televisor de plasma gigante, pero los partidos de fútbol se disfrutan más con un vaso en la mano. Si le prohíben fumar, sale fuera; si no quiere desaparecer para no interrumpir la charla con la parroquia, es probable que beba más, y las dos copas de rigor pasen a ser tres. Y esta circunstancia es la que pondrá las cosas en su sitio y hará cuadrar la caja en breve.

España es un país de quejicas. Nuestro ADN lleva escrito que hay que poner el grito en el cielo por todo, incluso sobre asuntos de los que no se tiene ni idea. Pero a la hora de provocar un cambio en asuntos esenciales, las críticas se quedan en el bar de la esquina. Los propietarios de estos templos del saber tienen razón en una cosa: alguien les ha tomado el pelo. Muchos invirtieron en crear zonas de fumadores y luego les cambiaron las reglas. El dinero no fue una inversión, sino un gasto al que se vieron abocados injustamente, como han demostrado los hechos.

Nuestros hosteleros aligeran los problemas de la gente. Tanto es así que quien caiga en estado de necesidad en plena calle no le queda otra que entrar en un bar. Brindan un servicio ciudadano del que se han desentendido los ayuntamientos, instituciones que abusan del sector cobrando tasas desmedidas sin ninguna contraprestación. A través de esta senda podrían presionar. Los bares prestan los lavabos públicos que el Ayuntamiento no instala. Pero a ver quién le pone el cascabel al gato y se planta ante el alcalde para pedir un alivio a cambio del servicio. El cuello de la botella parece estrecho tan solo cuando lo ves brillar sobre el estante.

Las organizaciones de hosteleros están que arden por la ley antitabaco que pronto entrará a bocanadas en sus locales. Se prohibirá fumar en espacios públicos cerrados. Muchos invirtieron cantidades considerables en habilitar guetos en los que fantasear con un cilindrín entre los dedos, y ahora se preguntan quién va a resarcirles. La prohibición pondrá a prueba el ingenio de la gente. España no sería la misma sin sus refugios hosteleros y los vendedores de mantas ya se frotan las manos. Tengamos en cuenta que entre bares, restaurantes y demás familia disfrutamos de cuatrocientos mil templos de drogas legales, que emplean a dos millones de personas. De ahí que la proscripción anunciada haya levantado ampollas entre los propietarios y quién sabe si ha sacudido a los liberados sindicales, unos clientes muy especiales. El tabaco mata en España a ciento cuarenta personas al día, es decir, cincuenta mil cada año. Pero el Gobierno permite la venta de esta sustancia bajo un paraguas legal e hipócrita. No hay que dejar a un lado el hecho de que reporta unos ingresos formidables a las arcas reales, que se emplean en el sostenimiento del sistema de salud o el pago del sueldo de los parlamentarios. Que alguien me lo explique, porque no lo entiendo.