El Gobierno quiere prohibir los anuncios de sexo de pago en los periódicos. La iniciativa parte de la Secretaría de Estado de Igualdad, aderezada con informes del Consejo de Estado, aunque bien pudo fraguarse durante una sesión de cromoterapia. Los argumentos esgrimidos giran en torno a la degradación a la que se somete a la mujer en la redacción de esta publicidad y la probabilidad cierta de que los menores tienen acceso a esa clase de contenidos. Pero el asunto va más allá. Para los despachos gubernamentales, resulta muy triste que las mujeres tengan que comerciar con su cuerpo, una humillación intolerable para los tiempos que corren. Es una opinión como otra cualquiera, porque puede resultar más insoportable renunciar a los principios en favor de una causa extraña.

Durante años se ha debatido sobre la posibilidad de prohibir la prostitución o legalizarla. Como sucede en estos casos, ambas opciones extremas han sido defendidas por ideologías contrapuestas. Legalizarla significa reconocer sobre el papel que existe; prohibirla, también. Que sea legal tiene sus ventajas: control sanitario de los locales y sus trabajadores; amparo institucional y social para estos profesionales; arrinconamiento de la trata de blancas y el proxenetismo; proscripción de la hipocresía, y la sensación de que con cada visita se enriquece al Estado. Siempre y cuando se ejerza desde la libertad individual.

La historia ha demostrado que el sexo de pago constituye una necesidad. Puede resultar difícil de creer para algunos, pero la realidad es que muchas personas no tienen acceso a este vital capítulo biológico si no es a través de aligerar la cartera. Y es deseable que lo haga por esta vía en vez de que la frustración les lleve a cometer una felonía. Se puede esconder la prostitución cuanto se quiera y disfrazarla con el traje de una moralidad cínica. El hecho incontestable es que está aquí para quedarse y borrarla de los periódicos constituiría una decisión que no conduciría a ninguna parte. Es papel mojado, cuando no cobarde.

Publicado en El Norte de Castilla el 27 de julio de 2011