Creen Mariano Rajoy y quienes le rinden pleitesía que los españoles tragan lo que les echen. A la cantinela de que hemos salido de la crisis y que las barras de los bares están a rebosar, ahora añaden que contamos con una ley de transparencia que es la más avanzada de nuestro entorno. Falso, salvo que España sea Ruanda. Allí, en aquel país africano en el que se mataron hace años hutus y tutsis a machetazos, tienen una ley de transparencia, en plena selva. Hemos sabido que la transparencia dichosa de la que disfrutan los ruandeses ocupa el mismo lugar que la que ha entrado en vigor en nuestro país la semana pasada: compartimos el puesto sexagésimo séptimo de una lista de cien naciones que cuentan con una ley de esas características. Recuerdo al presidente Rajoy cuchichearle a Barack Obama que íbamos a ser más transparentes que nadie, durante un encuentro en una de esas cumbres del G-20 a las que nos han invitado por caridad cristiana. Bien, ya tenemos la ley cristalina de las narices, y ahora qué vamos a hacer con ella, porque a día de hoy tan solo ha servido para comentar los sueldos de los instalados en la res pública. Como en un patio de porteras, pero en plan sofisticado. Al margen de los asuntos de seguridad nacional o estrategias comerciales, que naturalmente deben quedar a salvo, la norma nace medio muerta. De entrada, no considera el derecho a saber como una regla fundamental, con lo cual la Administración puede reírse del ciudadano cuanto le plazca. Además, se contempla el doble silencio administrativo negativo, lo que en cristiano viene a decir que tú pídeme información sobre no sé qué tema, que yo te haré la peineta. Esta es la transparencia que nos venden estos tahúres del buen gobierno.

Que podamos saber cuánto se gastan en folios no deja de ser el chocolate del loro, aunque con muchos loros puedes montar una pajarería. Y es que lo verdaderamente interesante, el solomillo de la cuestión, es conocer cómo se manejan los contratos, las adjudicaciones públicas, los planes de trabajo y las comunicaciones internas que más tarde desembocan en leyes o decretos que padeceremos todos. Quiénes se presentaron al concurso para construir un tramo de autopista, por qué se le concedió a esa empresa y no a otras; que se cuelguen en la red de redes todas las ofertas presentadas; que, en fin, desnudemos a la Administración hasta donde permita el decoro. Es difícil de digerir que se nos esconda qué diablos hacen los diputados y el resto de coro con nuestros impuestos en el día a día. Que se rinda cuentas de todo. Tengamos en cuenta que si España hubiese contado con una ley de transparencia desde hace años podría haberse evitado el abuso, los excesos y la alegría con la que se ha construido y destruido en nuestro país. La corrupción no hubiera campado a sus anchas y hoy no lloraríamos sobre lo que nos queda de dignidad.

Publicado en El Norte de Castilla el 17 de diciembre de 2014