Lo dijo el senador Van Halen; sí, aquel que protagonizó la anécdota de Pixie y Dixie (o sea, AC/DC) frente a la entonces ministra de Cultura Carmen Calvo: España corre el riesgo de hacer un ridículo mundial cuando los miembros de la Cámara Alta se vean obligados a hacer uso de los auriculares para entenderse. Fraga puso la nota folclórica y el castigo de Yahvé tomó cuerpo sobre el palacio de la Plaza de la Marina Española donde, como en una película de exorcistas, hay quien dice que escuchó a Leire Pajín hablar hasta en cuatro lenguas diferentes: las cuatro que admite el nuevo reglamento del Senado español.

Mientras Bruselas y Estrasburgo luchan por contener el gasto ingente que supone para la Unión tener que traducir de manera inmediata a 21 idiomas cada disposición emanada del Parlamento Europeo, en Madrid se renuncia a que el castellano sea la lengua compartida por todos los ciudadanos de España. Si los representantes de la Cámara Alta no tienen necesidad de expresarse en esta lengua en un foro que representa la soberanía común de los españoles, ¿qué se le va a pedir al ciudadano común de Galicia, de Cataluña o del País Vasco? Ninguna otra cosa que deconstruir un espacio de entendimiento compartido para convertirlo en una pequeña babel donde las diferencias tengan un tono y un timbre cada vez menos armónico.

Sin salir de la semana pasada, de nuevo el castellano ha protagonizado un asunto de la máxima relevancia para nuestro país. Entre otras cosas de no menor importancia, la negativa del Gobierno a considerar nuestra lengua como vehicular en todas las etapas de la formación de los alumnos españoles ha propiciado que el Partido Popular no suscribiera el pacto de Estado propuesto por el ministro Gabilondo. De nuevo la misma visión miope de un ministro al que nadie le niega la voluntad negociadora, por más que no sea capaz de reconocer que la primera fortaleza de nuestro sistema educativo debe estar en un amplio sustrato común, sólido y capaz de ser compartido con Europa, y donde el castellano, como el inglés, deben tener una prioridad absoluta, si no se quiere acabar marginando a todos aquellos alumnos que queden ‘despegados’ de estas lenguas. Proteger las lenguas de España, algunas de ellas, como el gallego y el catalán, tan ricas, tan literarias y tan llenas de cultura, no puede ser incompatible con sumarse a esa corriente mundial en la que el castellano, fundamentalmente desde Europa y desde América, ya está hablando de tú a tú con el inglés. Una oportunidad única no sólo para los argentinos, los bolivianos o los andaluces, sino también para los gallegos, los catalanes y los vascos, a los que se les está privando, de manera metódica y sistemática, de un recurso del que han gozado durante generaciones.

En su visita a Castilla y León, cuando le preguntamos al sociólogo y politólogo Sami Naïr cuáles eran las mejores herramientas para luchar por la integración de los inmigrantes en las sociedades europeas, no dudó un instante en contestar: primero, la ley; segundo, la lengua. Lo que en Francia ha sido motivo del más absoluto consenso por parte de todos y cada uno de sus ciudadanos, en España no sólo está sujeto a debate, sino a duda permanente. Los indígenas americanos que aprendieron masivamente castellano en el siglo XIX, justo después de la independencia de las colonias, para que los ‘blancos’ no siguieran abusando de ellos aprovechándose de su desconocimiento de la lengua, sabían muy bien lo que significaba esto. Quienes hoy, en el siglo XXI, actúan en el sentido contrario, sencillamente se están equivocando.