Cuando te multan por rotular tu propio negocio en castellano; cuando un empleado público no te contesta si te diriges a él en esta lengua; cuando se escrachea a un niño de cinco años y se llama a apedrear la casa en la que vive por haber cometido sus padres la osadía de pedir se cumpla una sentencia del Supremo que obliga al centro escolar a impartirle a su hijo un cuarto del tiempo lectivo en castellano… ¿Qué queda? <<Pero un momento, un momento>>, diría el observador neófito, recién llegado a España. <<No puede ser así>>. Y sin embargo lo es, a diario. <<¿Pero no habla la Constitución de “lenguas cooficiales”?>>. Sí. <<Pero cualquiera diría que poder aprender y manejar dos lenguas supone una riqueza cultural enorme>>. Una riqueza y un privilegio. <<Pero…>>. No siga, por inverosímil que le resulte, este es el panorama.

No es ocioso, puesto que de lenguas se trata, acudir un momento a la raíz. La entrada <<cooficial>> del diccionario comienza, <<Dicho especialmente de una lengua, …>>. Cooficial significa <<junto a>> o <<junto con>>. Sin embargo el Gobierno solo habla, cuando habla, de inmersión lingüística. Lo cual que reconoce, aun sin darse cuenta, que hay una realidad dominante (en puridad, abusiva), la de lengua catalana, en la que otra realidad, proscrita, trata como puede de no ahogarse. Nada que ver pues con cooficialidad, con un intercambio abierto en un plano de igualdad.

A la afirmación de que <<el Gobierno acata escrupulosamente las decisiones judiciales>> habría que responder: <<Solo faltaba>>. Pero esa afirmación es un refugio que no compromete a nada, y la verdadera cooficialidad está más allá (de hecho en el doble) de un 25 %.

(El Norte de Castilla, 22/12/2021)

@enfaserem