La sentencia de Estrasburgo viene a coincidir con un aniversario de infausta memoria, lo que la hace aun más difícil de tragar. Inevitablemente lee uno el fallo y no puede evitar pensar que han pasado ya 15 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco, quizá el hecho que más monolíticamente y sin fisuras volcó a España contra la banda terrorista. Y ahora viene el TEDH y condena, también monolíticamente y sin fisuras, a España a que libere cuanto antes a una etarra con plurales muertes en su gatillo y con un futuro de 3.000 años a la sombra, o sea 30 reales.

De haberse aplicado la condena que por el momento en que fue dictada la sentencia le correspondía, esta asesina debería haber abandonado la prisión hace cuatro años; sin embargo, un viraje en el rumbo jurisprudencial mantenido hasta entonces por la Audiencia Nacional hizo que se le prolongase la estancia carcelaria hasta su límite máximo (los citados 30 años), doctrina que se había comenzado a seguir hacía poco tiempo, con la asesina ya en prisión. Es obvio: conseguir que se reduzca la pena en un delito de sangre por apuntarse a clases de aeróbic o de Windows da asco. Pero también lo da el que haya tenido que ser el TEDH el que, ante la estrategia de avestruz de nuestro Tribunal Constitucional, finalmente dejado claro que la aplicación retroactiva de la doctrina Parot supone una erosión a las garantías penales más básicas que ningún Estado —denominado— de Derecho puede tolerar. Sí: incluso si la beneficiaria mató a fuego asesino y no se arrepiente de lo que hizo —y por tanto no ha tenido lugar rehabilitación moral alguna—, ha de recibir el trato que la ley prescribe. Podrá discutirse si la ley es más o menos mala, si debería o no cambiarse, podrá discutirse si Parot sí o Parot no; difícilmente que en este caso no procedía. Estrasburgo ha dejado en cueros al más alto tribunal español. ¿Alguien reconocerá en parte su culpa?

(El Norte de Castilla, 12/7/2012)