Gallardón ha tenido la ocurrencia de que los jueces españoles habiliten a la Policía para instalar troyanos en los distintos aparatos, desde el computador al móvil, que tenga el sospechoso de un delito, y así registrar la vida informática ―que es la vida toda― del sujeto en cuestión. Parece que el ministro de Justicia se ha olvidado de que en Derecho un fin deseable ―en teoría― nunca puede justificar un medio ilegal. Que se pueda espiar a distancia las intimidades de un señor sin su conocimiento es una forma de actuar más propia de la Stasi que de una democracia occidental del siglo XXI. No hemos avanzado pues gran cosa respecto del juego de tensiones, rumores y citas a medianoche en Viena o Washington en la Guerra Fría, si acaso se ha perdido el halo romántico que rodeaba al espía internacional.

¿Dónde queda el derecho a la intimidad en el proyecto del ministro? ¿Es que no está el ciudadano ya lo bastante expuesto e inerme para que también quienes se supone han de preocuparse por él puedan violarlo digitalmente cuando les venga en gana? Cuando la impunidad ampara, la tentación del exceso es muy grande. Si se permite espíar a un sospechoso, ¿por qué no también a la(s) persona(s) con que el sospechoso ha entablado contacto? Igual tienen otros datos. Y si estos los tienen, ¿por qué no espiar a los contactos de este? El mar de aceite digital se expandería exponencialmente y terminaríamos todos manchados como marionetas orwellianas. Violaciones al margen, en el plano de la valoración de la prueba se produciría un nudo gordiano imposible de deshacer: ¿cómo sabría el hipotético imputado ―y el propio juez― que uno de los datos que la acusación le atribuye a él no ha sido introducido en su ordenador por la propia acusación? Y a la inversa, ¿cómo se defendería el Ministerio Fiscal ante la defensa del acusado de que ese dato/prueba no es suyo y que se lo han colado de rondón en su disco duro? España puede ser mañana Troya.

(El Norte de Castilla, 6/6/2013)