Pedro Carasa. Historiador

Para enfriar los calores estivales echaré un jarro de agua que enfríe estas vacaciones tan esperadas como intranquilas. Como historiador que ha estudiado el pauperismo, quiero reflexionar sobre la pobreza que ha extendido la pandemia. Cuando guardaba la distancia física recomendada, tenía la sensación de simbolizar la distancia social que se ahondaba entre nosotros.

Después de año y medio de cinco irresponsables olas de la Covid-19, se han contagiado casi 200 millones de personas y han muerto 4 millones. De ellos eran españoles 4,2 millones de infectados y cien mil muertos. Semejante pandemia ha trenzado una red de crisis sociales, sanitarias, demográficas, mentales y económicas que ha sumergido en condiciones de pobreza a un tercio de la población.

Más que una guerra, la pandemia ha generado en miles de millones de ciudadanos del mundo muy graves carencias humanas: muerte en soledad, abandono familiar, miedo, ansiedad, tristeza, exclusión, desigualdad, inseguridad sicológica, carencia de vacunas, desconocidas persistencias del virus, paro, trabajo inestable, salario insuficiente, negocio cerrado, falta de alimento, vivienda agobiante, pobreza energética, caída de natalidad, difícil educación … Han sido efectos sufridos en soledad, no bien tratados por las políticas económicas y sanitarias, ni suficientemente visibilizados por los medios.

La pobreza afecta hoy a un tercio de la población mundial. Se ha agravado la brecha de desigualdad entre los mil multimillonarios que aumentaron su patrimonio en un 30% y los 250 millones de personas de países en desarrollo que cayeron en pobreza. CEPAL de Naciones Unidas estima que en América Latina en 2020 más de 400 millones vivieron en pobreza y 60 millones fueron expulsados de la clase media. Se considera pobre a la mitad de los trabajadores que no ganan para subsistir.

El INE estima que en 2020 cayeron en riesgo de pobreza el 25% de los hombres y el 27% de las mujeres, un punto por encima de la media europea. Una cuarta parte de esos 13 millones de españoles sufrieron carencia material grave. También nuestras CCAA padecieron desigualdad, particularmente Canarias, Andalucía y Extremadura, mientras las más separatistas gozan de más recursos.

En Castilla y León la tasa AROPE de 2020 señala que la falta de recursos y empleo afectó a uno de cada cinco ciudadanos, el 16,7% en 2019 y el 19,8%  en 2020. La pobreza severa subió del 2,3% al 3,6%. El 5,4% pagó con retraso hipoteca, alquiler, gas o comunidad y el 7,1% no pudo calentar su casa. La tasa de paro creció en casi 29.000 personas. CCOO denuncia que solo el 10% de los que están por debajo del umbral de la pobreza recibe el Ingreso Mínimo Vital. El envejecimiento regional no permitió a ninguna provincia alcanzar la necesaria ratio de dos cotizantes por pensionista, León y Zamora ni llegaron al 1,3.

Valladolid sufrió la misma tasa de pobreza del 19,8% en 2020. Fue desigual también para los barrios, pues Pajarillos, Las Viudas, Las Flores, La Rondilla, Barrio España y San Pedro Regalado estaban entre los cien barrios más pobres de España, con una renta media de 22.000 euros por habitante. 2020 duplicó los hogares que no pueden pagar el alquiler, la luz o el gas. Las colas del hambre en Cruz Roja, Cáritas y Banco de Alimentos se triplicaron ese año en la ciudad.

Ante estos hechos, el Estado español y las CCAA actuaron a veces con desconcierto y contradicción. Hubo medidas sanitarias y económicas, pero escasearon disposiciones sociales para reducir las desigualdades y exclusiones. Predominaron toque de queda, alarma, confinados, perimetrados, enmascarillados, ucis, cuarentenas, balcones, entierros tapados, fobias y filias regionales, desescalada, restricciones, medidas sin consenso ni unidad, botellones, aforos, terrazas, burbujas, ocio nocturno, cogobernanza, turbulentos consejos territoriales, estadísticas cocinadas, encuestas manipuladas, mítines populistas, sentencias y jueces presionados, tensión y rivalidad entre gobierno y CCAA, ataque populista al esfuerzo educativo y alivio del suspenso; todo en medio de una incomprensible parálisis legislativa. Han ondeado banderas y alharacas como matria, ostentación lgtbi, autodeterminación de género, chuletón, indultos, concordia independentista, avales del procés, conflicto marroquí, fantasmas franquistas en pazos, caídos y memorias, demonización e insulto del adversario. Los cómplices medios de comunicación difundieron esos eslóganes para beneficio del promotor y morbo de la clientela.

Apenas se ha legislado sobre ayudas sociales al arrendamiento, adaptación de la vivienda al confinamiento, rebaja eléctrica, estímulo de natalidad, valoración de personas mayores, compañía de abuelos solos, apoyo a dependientes, eliminación del negocio en residencias, ayudas alimenticias, pobreza energética, conciliación laboral, apoyo al teletrabajo, soporte de hosteleros y comerciantes, impulso a la asistencia primaria, apoyo a la España vaciada. Pero se ha  asegurado el beneficio de bancos y eléctricas.

La pandemia ha mostrado con dureza los límites del Estado de Bienestar y la primera responsabilidad de un gobierno socialista debió ser analizarlos y procurar su solución. Sus misiones urgentes eran remediar la falta de atención a la dependencia. Debía superar los límites del sistema sanitario sin recursos ni infraestructura científica y potenciar la asistencia primaria. Precisaba adaptar el sistema público de enseñanza a las nuevas tecnologías, apoyar a los estudiantes más precarios, exigir esfuerzo y no condescender con suspensos. Tenía que hacer sostenibles las pensiones con dinero público y convertir el sistema fiscal en más progresivo para conseguir la justicia redistributiva.

Durante estas crisis tan inquietantes, un gobierno socialista no debió priorizar mantenerse en el poder pactando con privilegiados nacionalistas. No sabe bien la izquierda el enorme daño que ha infligido a su ideario y votantes al hacer favores a elites nacionalistas en medio de tan grave crisis social. Era obligado pactar con todas las CCAA y partidos políticos para mejorar las condiciones de vida de los más vulnerables. El poder socialista no debió entrar en el debate liberal sobre si había que primar lo sanitario sobre lo económico. La disyuntiva para un socialista no podía ser sanidad o dinero, debió poner por encima al hombre, la familia y la sociedad y centrarse en políticas preventivas y paliativas de tanto dolor y carencia social.

El original se editó en El Norte de Castilla del domingo, 8 de agosto de 2021.