En dos años hemos vivido profundas crisis de migración, pandemia, terremoto y guerra que han cambiado nuestra vida en la calle, el trabajo y la familia. Pueden servir de verdadero test para medir si los poderes y la sociedad han aprendido a corregir y mejorar. La pobreza, el virus, el seísmo o la invasión han permitido a los poderes políticos recortar derechos de los ciudadanos. Nos preguntamos si el poder ha respetado nuestras libertades en la medida justa y la forma legal, precisamente cuando la sociedad ha resistido y necesitado más garantías que nunca.

A los jóvenes migrantes expulsados del tercer mundo por la pobreza se les considera ilegales y se les reprime con concertinas en las vallas del mundo desarrollado. Estremecen las cifras del Pacto Mundial para la Migración que contó en 2018 más de 258 millones de migrantes. España ha sido un paso obligado de los que salen de África y América hacia Europa. Nos llegaron 240.000 migrantes irregulares y 115.000 menas entre 2015-21. En 2022 han saltado 3.000 las vallas de Melilla y acumulamos 7.217 inmigrantes, casi la mitad de Europa. La mayoría son jóvenes pobres, heridos de guerra, víctimas de conflictos étnicos, religiosos o políticos. El problema de la pobreza del tercer mundo nos impacta menos al no ser solo europeo ni retransmitido en directo, pero es más hondo aún que una guerra concreta.

¿Es justo considerar ilegales a todos los migrantes, expulsados por no poder sobrevivir en el tercer mundo, recibirlos siempre con concertinas como presuntos culpables y abandonarlos como manteros u okupas? Necesitarían un corredor humanitario que los respetase en su mayoría. Debería aplicárseles el Derecho Internacional de Ginebra para poder acogerlos de manera temporal, controlada, integradora, legal, con asistencia y trabajo. Europa responde con más represión y añadiendo a las concertinas de las vallas peines invertidos. Asociaciones humanitarias denuncian actuaciones policiales excesivas y piden filtros y tratos de refugio para los migrantes. Habrá que hacerlo sin buenismos descontrolados, conscientes de mafias y ataques de países enemigos, pero Europa debe regular para ellos un trato más humanitario.

En la pandemia de la Covid-19 se nos ha encerrado en casa con un confinamiento de insuficiente apoyo legal. Sus efectos han roto la globalización, inmovilizado la población mundial, debilitado la educación, incrementado el paro a pesar de los ERTE y afectado a la salud física y mental. Estaba justificado para defender la sanidad amenazada por 500 millones de contagiados y 6 millones de muertos. Pero en España, según el Tribunal Constitucional, se han dificultado los derechos humanos. La pandemia ha reclamado ansia de calle y viaje, añoranza de libertad en la ventana, mejor espacio de relación social y familiar, compañía de mayores, besos y abrazos, y también nos ha hecho más conscientes de nuestros derechos.

Los expulsados por las guerras, los refugiados, no fueron tratados con normas universales de humanidad y neutralidad hasta el siglo XIX. Inició el cambio Dunant al crear la Cruz Roja en 1863, tras la batalla de Solferino, para socorrer a los afectados por guerras y desastres naturales, sin discriminar raza, ideología o religión. Así surgió el Derecho Internacional Humanitario que consolidó el Primer Convenio de Ginebra en 1864. Un derecho de excepción, obligatorio, que limita los efectos de la guerra, protege a los civiles, restringe los medios bélicos y acoge temporalmente a los refugiados. En 1921 la Sociedad de Naciones creó un primer Alto Comisionado para los Refugiados y acogió al millón y medio de expulsados por la revolución y la guerra de Rusia en 1917-21. El 1930 la Oficina Internacional Nansen, sucesora del Alto Comisionado para Refugiados, estableció un pasaporte especial. Fue premio Nobel de la Paz de 1938.

Tras la represión de Hitler contra los judíos, en 1945 cinco millones de civiles alemanes huyeron como refugiados. La guerra civil española generó más de medio millón de refugiados republicanos. Al acabar la segunda guerra mundial, Naciones Unidas acogió a más de siete millones de refugiados de los 400 que había en Europa.

En 1950 se estableció en Ginebra el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), premio Nobel de la Paz de 1954 y 1981. En 1951 y 1967 se obligó a conceder al refugiado asilo humanitario, sin devolverlo a su país, y se fijaron sus derechos de asilo, acogida, asistencia social, educación, trabajo y domicilio. Los crecientes conflictos generaron 42,5 millones de refugiados en 2011 y en 2015 eran más de 65. Hoy se calculan 30 conflictos abiertos que expulsan a 80 millones de refugiados, la mitad de los cuales son niños.

Los corredores humanitarios de Ucrania nos enseñan hoy el valor y los límites de esta excelente solución. Alcanzarán casi 5 millones de mujeres y niños ucranios expulsados de su tierra invadida por un dictador. Es el éxodo de refugiados más rápido y extenso en Europa desde la II Guerra Mundial. Europa lo ha vivido ahora de manera más masiva y cercana y ha salido del letargo de la pandemia, con excelente reacción de empatía para acoger el éxodo de los “peluches”. También España ha levantado una notable ola de solidaridad y ha vivido con mayor cercanía la responsabilidad de esta ayuda humanitaria.

Pero no se respetan los corredores humanitarios. La guerra en directo de las redes sociales habla de catástrofe humanitaria premeditada, delitos de guerra, víctimas civiles, niños indefensos, tratas y mafias. Los corredores se han teñido de sangre y caído en fosas comunes. Expertos advierten de que usar el suministro de gas como chantaje a Europa o destruir el patrimonio ucranio también atentan contra el derecho internacional humanitario.

 La lección histórica de migraciones, guerras y pandemias es que el trato humanitario y neutral a las personas es superior al Estado, ejército, diplomacia, política, economía, ideología, religión o raza. No respetarlo es no superar la prueba de resistencia que nos han realizado las crisis. La sociedad las ha soportado con lealtad y solidaridad, pero los poderes no han asegurado los derechos ciudadanos con suficiente respaldo y sensibilidad social. No hemos aprovechado la oportunidad de corregir y mejorar nuestra sociedad y pueden volver nuevas crisis.

Editado en El Norte de Castilla del domingo, 27 de marzo de 2022